“Es una jueza sensata y buena”: quién es María Tardón, la jueza que investiga la crisis de Ceuta

María Tardón Olmos tiene 68 años. Nació en Zarzuela del Pinar, Segovia, en octubre de 1957, y se crió desde los ocho años en Valdepeñas, Ciudad Real. Con 16 empezó a trabajar de oficinista en la empresa Chocolates Elgorriaga mientras estudiaba Derecho a distancia en la UNED. Se licenció en 1984, dejó su empleo para preparar la oposición y en 1987 entró en la carrera judicial. Su primer destino fueron los juzgados de La Carolina, en Jaén. Es la jueza que ahora instruye en la Audiencia Nacional la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, y la que el ministro Óscar Puente ha señalado públicamente por haber militado, hace más de dos décadas, en las filas del PP.

De Jaén, Tardón ascendió en 1989 a magistrada del Juzgado de lo Penal número 3 de Palma de Mallorca, y de ahí concursó al Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid. En 1995 se convirtió en la primera mujer en la historia en ser portavoz de una asociación judicial, la Francisco de Vitoria, cargo que ocupó hasta 1999. Ese mismo año dio el salto que hoy se le reprocha. Entró como candidata independiente en las listas del PP al Ayuntamiento de Madrid, encabezadas por José María Álvarez del Manzano, en el quinto puesto. Fue concejala hasta 2003, ejerciendo como teniente de alcalde con competencias en Policía Municipal, Movilidad Urbana, Protección Civil y Atención Social.

“Hay que medir su trabajo”

Fuentes cercanas a la magistrada insisten en que ese episodio, por breve y antiguo, no debería pesar tanto en la lectura de su carrera. “Es cierto que fue concejala hace mil años, pero hay que medir su trabajo”, resume uno de sus compañeros consultados por Artículo14. Otro va más allá y defiende el gesto en sí mismo: “Me fastidia que la enjuicien y la descalifiquen por tener un compromiso político en un ayuntamiento y por intentar ayudar a los ciudadanos”. Y añade: “Es gente que intenta denostar a los jueces. Es un honor que una jueza de este nivel se haya dedicado a política de perfil bajo sin ganar dinero. Si fuera del PSOE diría lo mismo. Es pura vocación de servicio. Eso le adorna, no le descalifica”.

Tras el Ayuntamiento, Tardón regresó a la judicatura. En 2005 fue nombrada presidenta de la Sección 27ª de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en violencia sobre la mujer, un ámbito en el que ha construido buena parte de su reputación profesional. No fue hasta 2017 cuando dio el salto a la Audiencia Nacional, y el año pasado fue la única mujer entre ocho candidatos que se presentaron a la presidencia del tribunal. Entre septiembre de 2024 y enero de 2025 asumió también, de forma interina, las causas pendientes del Juzgado Central número 6, entre ellas el caso Lezo, la trama de corrupción que salpica al PP madrileño de la etapa de Ignacio González.

“Sensata y buena”

Quienes la tratan a diario la describen con adjetivos que se repiten casi sin variación. “Tengo una magnífica opinión de ella”, “rigurosa y seria”, “sensata y buena”, enumera una fuente del entorno judicial. Otra insiste en que su perfil no encaja con el retrato que ahora se hace de ella: “No es para nada una señora que pretenda destacar, llamativa o que esté en la pomada. Es seria, discreta y magnífica. Es muy buena técnicamente hablando”. Sobre su instrucción de la crisis de Ceuta, el consenso entre sus compañeros es igual de nítido: “Está haciendo una instrucción prudente y buena”.

Hay también quien subraya una faceta menos conocida, la de su interés por el funcionamiento de la propia institución judicial. “No solamente es una jueza que pone sentencias, le interesan las cosas institucionales”, explica una fuente próxima, que añade que su atención se dirige especialmente al Consejo General del Poder Judicial, “porque le interesa la parte institucional del mundo judicial”.

El propio presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, salió esta semana a respaldarla públicamente tras las críticas de Puente, calificándola de “persona excepcional” y advirtiendo de que cuestionar su imparcialidad por su pasado político “no contribuye a la fortaleza del Estado de Derecho”.