La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha comparecido este viernes ante la Comisión de Justicia del Senado a petición del PP. Lo debía hacer, según exponían los escritos aprobados por la mayoría popular que existe en la Cámara Alta, por tres razones: para explicar “a qué se refiere cuando habla de sanar las heridas abiertas en el Ministerio Público“; para informar sobre su política de nombramientos; y para explicar “la compatibilidad de la legalidad, la imparcialidad y la independencia” de la Fiscalía General del Estado con la “defensa del condenado por el Tribunal Supremo, Álvaro García Ortiz, ex Fiscal General del Estado”.
Y aunque no estaba incluido en el orden del día, Peramato también ha sido preguntada por los conocidos como caso Leire Díez o caso Plus Ultra. Unos procedimientos judiciales sobre los que la máxima responsable del Ministerio Público no se ha pronunciado ni ha revelado ninguna novedad porque “están en trámite”: “Cualquier parte del procedimiento viene obligado a respetar la reserva reflejada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No puedo hacer ningún tipo de observación”. Respecto a la reuniones que, según informó la propia Fiscalía, mantuvieron Leire Díez, el abogado investigado Jacobo Teijelo y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, la compareciente únicamente ha señalado que ya se ha informado de ello al magistrado Santiago Pedraz tras su requerimiento judicial.
se reunieron en dos ocasiones . Así ha comunicado el Ministerio Público y lo ha admitido en un informe que la propia Fiscalía ha remitido al magistrado que investiga la causa en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. El ministerio fiscal reconoce que no existen registros de las visitas a la sede.
El caso García Ortiz
La fiscal general del Estado también ha hablado sobre su predecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz. Cabe recordar que Peramato aseguró hasta en dos ocasiones que la “profunda herida” abierta a raíz de la condena a García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados, debía “sanar”. Sin embargo, la máxima responsable del Ministerio Público ha negado que cuando expresó esas palabras fueran exclusivamente por la sentencia: “Cuando hablé de la necesidad de sanar una herida, lo hice desde la convicción de que las instituciones sólidas no niegan las tensiones, sino las que saben afrontarlas con cohesión”.
Peramato ha expresado que hizo estas declaraciones siendo “plenamente consciente del contexto en el que esta expresión se insertaba”, ya que “fue un momento exigente para la institución derivado de acontecimientos que tuvieron un gran impacto en su percepción”. Sin embargo, ha añadido, aquellas palabras “no pretendían ser en ningún caso una valoración aislada, sino que formaron parte de un diagnóstico institucional responsable, acompañada de una llamada a la lealtad y a la cohesión”. “Lamentablemente, esa idea ha sido simplificada, cuando en realidad responde a un planteamiento ampliamente compartido y a una necesidad de consenso orientada a reforzar la institución”, ha agregado.
La fiscal general también ha defendido la reciente interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo a García Ortiz porque la teniente fiscal del Alto Tribunal “es la jefa de los fiscales de esta sección y una de las mayores expertas en Derecho Constitucional”. Sobre la posición de la Fiscalía en esta causa, Peramato ha indicado que ha actuado “como exige la Constitución”; “con independencia funcional, con respeto a la legalidad y pleno respeto a los derechos fundamentales”.
Política de nombramientos
La compareciente también ha expresado que su política de nombramientos se orienta para “consolidar un modelo en la que la independencia de la Fiscalía se articula a través de decisiones fundadas en el mérito, capacidad y adecuación al puesto”.
En este contexto, cabe recordar que el Ministerio Público hizo público el pasado mes de abril que Peramato propondría al Gobierno el nombramiento de 22 altos cargos de la Fiscalía. Entre ellos, fiscales cercanos a esa “línea continuista” respecto a Dolores Delgado y García Ortiz, descartando por el camino a personas que han contravenido la línea marcada por ese sector o que se sitúan más alto en el escalafón fiscal. Una de esas plazas fue la de Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid. Desde la Asociación de Fiscales informaron de que para ocuparla concurrían únicamente dos candidatas: la fiscal designada, Isabel Martín, y Almudena Lastra. Si bien ambas están separadas por algo más de 900 puestos en el escalafón fiscal. Respecto al caso concreto Lastra, Peramato ha negado que haya habido una “purga”: “Niego la mayor”. “Los cargos de fiscales jefe son por cinco años. Una vez pasa ese periodo, esos cargos se someten a renovación o a un nuevo nombramiento, y esto está dentro de la normalidad”, ha añadido la fiscal general.
Así, ha subrayado que la “legitimidad de nuestras decisiones no puede descansar en otra base que no sean la estricta observancia de los principios de mérito y capacidad, conforme a la exigencia constitucional y al Estado Orgánico del Ministerio Fiscal”. Si bien Peramato ha asegurado que el Consejo Fiscal desempeña una función de “especial relevancia como órgano consultivo a la Carrera” que “enriquece” la toma de decisiones, a su vez ha dicho que este “no tiene carácter decisorio ni puede desvirtuar la responsabilidad última que el ordenamiento jurídico otorga al fiscal general, a quien corresponde en exclusiva la adopción de la decisión final” relativa al nombramiento.
La contienda política
En el aspecto estrictamente político, la máxima responsable del Ministerio Público ha empezado su intervención reprochando a algunos grupos políticos del Senado el “régimen de control causipolítico” del fiscal general del Estado, en contra, según ha expuesto, de lo establecido en la Constitución o en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La fiscal general ha citado un informe de la Comisión de Venecia de 2010, el cual alertó de que el “escrutinio parlamentario de las oficinas fiscales puede implicar un riesgo de politización”. “El Ministerio Fiscal no forma parte del Poder Ejecutivo ni ejerce funciones de dirección política. Su actuación se inserta dentro del Poder Judicial”, ha puntualizado la compareciente.
Asimismo, los diferentes partidos presentes en la comisión han protagonizado una contienda dialéctica, tanto entre ellos como con Peramato. Algo que ha provocado que la fiscal general haya dicho que “no me voy a convertir en una opinadora ni comentarista de las resoluciones judiciales ni de las opiniones que los senadores puedan verter en esta sede”.
Así las cosas, la representante del PP María José Pardo le ha preguntado a la fiscal general sobre “¿qué le genera admiración de su predecesor, que es un delincuente?”. Asimismo, Pardo ha acusado a la Fiscalía General del Estado de ser “sanchista” y ha reprochado a García Ortiz haber abierto las puertas “a la cloaca socialista”. Ya en un segundo turno de intervención, la portavoz del PP en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta ha afirmado que Peramato “no nos ha aclarado absolutamente nada” en relación a las preguntas sobre las reuniones entre Leire Díez y varios miembros del Ministerio Público.
Por su parte, el senador del PSOE Txema Oleaga ha expresado que la fiscal general ha venido a “colaborar” con el Senado y se ha encontrado “con que le han llamado de todo”: “Les ha faltado darle una paliza”, una crítica al PP y Vox, aunque sin nombrarles. Además, el senador de ERC Joan Queralt ha asegurado que “todos sabemos” por qué García Ortiz fue condenado: “Ha defendido la amnistía, y ese es un pecado capital que la derecha y la ultraderecha no están dispuestos a perdonar”.
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