Ana María Fuentes, gerente del PSOE, se limitó a obedecer órdenes del entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, y a realizar los pagos que este le solicitaba sin preguntar más allá. Es lo que ella misma dijo, según fuentes presentes, en su declaración como imputada ante el juez Santiago Pedraz. Reconoció incluso la existencia de contratos cerrados verbalmente porque “el compliance del partido y la ley lo permiten”. Contratos como el que acordaron con el que fuera abogado de Koldo García, Ismael Oliver.
Además, Fuentes se desvinculó de la presunta fontanera del partido y principal investigada de la causa, Leire Díez. “Nunca la he visto”, aseguró ante el magistrado. Y descargó toda la responsabilidad en el departamento financiero del partido, que fue el que ejecutó los pagos.
Fue una declaración clave para una eventual imputación del PSOE como persona jurídica, que sobrevuela desde hace meses. Si bien, fuentes del caso confirman a Artículo14 que “aún queda recabar información” para que el juez abra investigación penal. Indican que lo esencial es tener primero un análisis de las cuentas del PSOE.
Cabe recordar que Pedraz pidió a la UCO recabar información desde 2024 de sus movimientos bancarios para dilucidar si las maniobras orquestadas por Cerdán y ejecutadas por Leire Díez con el objetivo de “desestabilizar causas judiciales” fueron sufragadas por el propio partido.
La gerente descartó que se fuera a realizar una investigación interna sobre la forma de proceder a los pagos del partido. Según fuentes presentes, dijo que se contrató a abogados porque el volumen de pleitos había crecido. De ahí que pagaran a Jacobo Teijelo hasta 125.000 euros por asesoría jurídica. Según Teijelo, el PSOE le contrató con el objetivo de encontrar nulidades en causas judiciales que afectaban a los casos de fraude de los hidrocarburos. Pero al final acabó llevando casualmente la defensa de Cerdán cuando le imputaron. El partido también acudió a Ismael Oliver, que fue abogado de Koldo García, condenado a 19 años de prisión por llevarse comisiones ilícitas de la contratación de material sanitario por parte del ministerio de Transportes.
Precisamente, fue con Oliver con quien la gerente selló contratos verbales, y algunos de ellos después algunos se llevaron a papel. Asimismo, reconoció que ella autorizó pagos de los viajes a Leire Díez incluso después de que saltara a la prensa que estaba actuando como fontanera del PSOE. Pero dijo que desconocía en qué servicios se traducían los pagos que realizaba.
No obstante, la UCO y los letrados sospechan que estos abogados realmente sirvieron como instrumento para “retribuir” a la militante socialista “por la labor que se había comprometido a desarrollar para proteger al PSOE, al presidente del Gobierno y a su entorno de las actuaciones judiciales que les amenazaban”. De ahí que para los investigadores el papel de la gerente fuera crucial.
El testimonio de Oliver
También declaró ante el juez el letrado Ismael Oliver, que calificó a Leire Díez como una persona “fantasiosa” que le contrató “en nombre del PSOE” para investigar la Operación Cataluña. A partir de ahí, no supo explicar por qué los 27.000 euros que recibió del PSOE acabaron en manos de la fontanera. Aseguró que él pagó le por unas labores para borrar la huella digital de uno de sus clientes, Nervis Villalobos, un exviceministro venezolano salpicado por causas de corrupción.
En su relato, explicó que Díez le pidió que defendiera a Koldo García y que el PSOE le pagaría la minuta, pero que nunca le pagaron.
Oliver no supo explicar las frases que él mismo pronunció de las conversaciones incautadas por la UCO en las que hablaba con Leire Díez de “cargarse a Luzón”, el fiscal jefe Anticorrupción que lidera las investigaciones contra el PSOE. Llegó a decir incluso a Leire Díez que podrían comprar el testimonio de Carmen Pano para modificarlo, la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del partido.
Más declaraciones
Este jueves, continúa la ronda de declaraciones. Pedraz interrogará a Leonardo Marcos, ex director general de la Guardia Civil, como imputado. El PP pidió que se abriera investigación penal contra él después de que Rafael Yuste, ex jefe de la UCO, denunciase que Marcos instó a que la Benemérita “se pusiera de perfil” en la investigación judicial del hermano de Pedro Sánchez.
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