Entre el 4 de diciembre del 2024 y el 1 de septiembre del 2025 la cúpula de la Guardia Civil abrió tres informaciones reservadas, una actividad administrativa interna destinada al examen previo a la apertura de un expediente sancionador, dirigido a conocer las circunstancias del caso y valorar la conveniencia de iniciar el procedimiento disciplinario. Sin embargo, estas investigaciones internas ya incluidas en la causa judicial que instruye el juez Santiago Pedraz podrían haber sido, según indicó la Fiscalía Anticorrupción, un “mecanismo de presión” dirigido a “condicionar el ejercicio de las funciones” de los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) durante el desarrollo de los casos judiciales en los que estaban siendo investigadas personas del entorno de Pedro Sánchez, tales como su hermano David Sánchez. Estas tres informaciones reservadas, señaló el Ministerio Público, compartieron la motivación por las cuales fueron abiertas; las filtraciones.
Y es que Anticorrupción señaló en el escrito en el que pidió al juez Pedraz que la directora y del Director Operativo Adjunto (DAO) del Instituto Armado, Mercedes González y Manuel Llamas, fueran citados como investigados que la “reiterada apertura” de informaciones reservadas “exclusivamente” respecto de los funcionarios que desarrollaban investigaciones de especial trascendencia, “carentes de una verdadera justificación disciplinaria”, y el archivo “sistemático” de tales actuaciones podrían constituir un indicio “especialmente significativo” de que la finalidad real perseguida “no era la depuración de eventuales responsabilidades administrativas, sino la generación de un efecto intimidatorio destinado a condicionar el desarrollo de las investigaciones“. Unos indicios que podrían derivar en la comisión de los delitos que recogen el artículo 464.1 del Código Penal, el cual castiga la obstrucción a la Justicia, y el 404 del Código Penal, que castiga la prevaricación administrativa.
Primera información reservada
La primera información reservada, listada como 1/24, fue abierta el 4 de diciembre de 2024 por el DAO debido a la publicación en prensa de un pantallazo que permitió conocer la dirección de correo electrónico de Begoña Gómez en la causa en la que estaba siendo investigado David Sánchez. En este sentido, los agentes de la Benemérita que declararon durante la tramitación de esta información reservada señalaron que, “tan pronto como dicha noticia saltó en la prensa”, el DAO fue informado por el general de la Jefatura de Policía Judicial (JPJ) sobre el “origen accidental” del volcado de un pantallazo de la dirección del correo electrónico de Gómez al redactar las instrucciones para que la instructora, Beatriz Biedma, pudiera examinar los informes elaborados al respecto y sus evidencias.
La Fiscalía relató que después de que Manuel Llamas abriera esa investigación interna el 4 de diciembre, el instructor designado para llevarla a cabo dictó una resolución el 14 de diciembre acordando la declaración de varios mandos de la Benemérita, “sin señalar en qué condición”, con la posibilidad de acudir asistidos de letrado. Sin embargo, el 17 de diciembre dictó otra, de carácter sustitutivo, con la que se acordó escuchar solo al coronel jefe de la UCO como testigo. La declaración incluida en aquella información reservada, según apunta el Ministerio Público tomando como referencia varios testimonios vertidos en sede judicial, la protagonizó exclusivamente el coronel Rafael Yuste porque “quiso asumir toda la responsabilidad que pudiera existir para que sus subordinados no tuvieran que prestar declaración sobre un procedimiento judicializado sobre el que debían continuar las pesquisas sin presiones”.
Finalmente el DAO concluyó la información reservada señalando lo siguiente: “Dicho documento (en el que se incluía el correo de Begoña Gómez) no formaba parte de aquel atestado, y su destino no era otro que ilustrar al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz sobre cómo podía acceder al contenido de unos correos electrónicos, objeto de un informe que había solicitado aquel órgano jurisdiccional. Sin embargo, su señoría trasladó dicho documento a las partes del procedimiento, y alguna de estas, presumiblemente, al referido medio periodístico. Y dado que en el repetido documento se daban a conocer datos de personas ajenas a la investigación, que a través de aquella publicación fueron divulgados, con fecha 4 de diciembre de 2024 ordené instruir una Información Reservada. Con ella se pretendía conocer los términos en los que se había elaborado aquel documento, por si de su confección, exponiendo aquellos datos personales al conocimiento público, cabría exigir algún tipo de responsabilidad”.
A pesar de todo ello, el instructor de aquella investigación interna propuso que el coronel jefe de la UCO amonestase “verbalmente” al agente que había llevado a cabo dicha diligencia y que se archivaran las actuaciones relativas a aquella información reservada. Y pese a que Yuste ni su superior -el general de la Jefatura de Policía Judicial- “nunca tuvieron conocimiento de lo resuelto”, el DAO sí dio cuenta a la directora general de la Guardia Civil del resultado de ese procedimiento administrativo, según detalló Anticorrupción.
Segunda información reservada
La segunda información reservada fue abierta el 12 de mayo de 2025 debido a la filtración y publicación en los medios de comunicación de unos mensajes privados intercambiados entre Sánchez y José Luis Ábalos que, según el DAO, podrían haber sido obtenidos en el marco de investigaciones judicializadas desarrolladas por la Unidad Central Operativa. Cabe recordar que el conocido como caso Koldo se encontraba en fase de instrucción durante esas fechas. Sin embargo, esta investigación interna del Instituto Armado “se archivó de plano sin practicar diligencia alguna”.
Previamente, el 29 de abril de 2025, el general al mando de la Jefatura de Información de la Guardia Civil elaboró una nota para el DAO dando cuenta de la existencia, “conocida a través de fuentes fiables”, de que un grupo de personas (entre las que se incluyó a Leire Díez) estaría llevando a cabo actuaciones para “desestabilizar las actuaciones de la UCO”, buscando su “desprestigio”. A través de dichas “maniobras” también estarían buscando “anular” las causas juridiciales en las que participaba la UCO que afectaban, entre otros, a familiares del presidente del Gobierno.
Escasos días después de la elaboración de aquella nota, precisó la Fiscalía en su escrito, la UCO puso en conocimiento del general de la JPJ “hechos semejantes” al generar otra nota el 6 de mayo de 2025. Esta fue remitida, “con el casi idéntico contenido”, a Manuel Llamas el 7 de mayo de 2025 y que despachó personalmente con dicho general un día después. Entonces, el DAO le hizo saber al general de la JPJ que ello era conocido por Mercedes González y le dio entrega de la nota del 29 de abril, “que hasta entonces no se había hecho llegar a la UCO”. Fue debido a esto por lo que el general de la JPJ declaró en sede judicial el pasado viernes 26 que, ante la “preocupación” por estas revelaciones, “estableció un servicio de contra vigilancia para dos de sus agentes especialmente afectados por dichos hechos”.
Anticorrupción señaló en el escrito en el que pidieron la citación de la directora general de la Benemérita como investigada que pese a que dichas informaciones fueron ocultadas por el DAO a la JPJ hasta su entrevista con el general el 8 de mayo, y empezándose a publicar en prensa desde la madrugada del 12 de mayo de 2025 noticias que “avanzaban la idea de que podía ser el propio Ábalos el que estuviera facilitando los citados mensajes”, el DAO siguió adelante con la investigación y nombró instructor de la misma al JAES de la Guardia Civil.
El Ministerio Público también señaló que deberá ser objeto de aclaración en las declaraciones que presten ambos investigados en sede judicial si en ese momento la directora general de la Guardia Civil había informado al DAO de que conocía a Díez y había mantenido con ella, al menos, tres encuentros, así como un contacto telefónico con ella esa misma mañana. Cabe recordar que la Benemérita detectó que la conocida como fontanera del PSOE y González se intercambiaron mensajes, cuyo contenido no pudo ser descifrado por la UCO, en la mañana del 11 de mayo del 2025. Asimismo, la Fiscalía explicó que Díez “había conocido casi inmediatamente, a las 12:42 del 11 de mayo, a través del letrado de Ábalos, que la filtración no provenía de la UCO“.
Pese a ello, la investigación de la Benemérita continuó. Anticorrupción detalló que el instructor de la misma, el jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES), se entrevistó informal y personalmente con carácter previo a acordar diligencias con el jefe de la JPJ y el coronel jefe de la UCO (el 13 y el 16 de mayo) para darles noticia de esta incoación y de su voluntad de entrevistarse con los dos magistrados que instruían entonces los procedimientos abiertos a los que se refería la información reservada (los jueces Arturo Zamarriego y Leopoldo Puente). “Ambos mandos le recomendaron que no lo hiciera al tratarse de Policía Judicial sujeta al dictado de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Policía Judicial –solo se debe informar al magistrado o fiscal que dirija la investigación- y porque de los datos existentes (la fecha de los mensajes, entre otros) era imposible que lo hubiera filtrado esa unidad“, agregó el Ministerio Público.
Pese a que el jefe de la JAES aseguró a la Fiscalía que instruía dicha investigación “bajo su solo criterio”, en su declaración judicial también manifestó que “fue siguiendo indicaciones del DAO”, así como que decidió acudir a entrevistarse con los magistrados que instruían las causas judiciales concernidas. Sin embargo, la “contundencia de la respuesta” del instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, “transmitida al DAO”, fue lo que provocó el archivo de la información reservada “sin la práctica de diligencia alguna”.
Tercera información reservada
La tercera información reservada, catalogada como 1/25, se incoó el 1 de septiembre del 2025 por orden de González. La apertura de aquella investigación, señaló el Ministerio Público, vino impulsada por la publicación de una noticia en un diario nacional, en el mes de julio de 2025, en la que se trataba la posible tensión derivada de la actuación del DAO en el ejercicio de sus funciones, señalando que la información, debido a su contenido, “habría sido facilitada a dicho medio a través de filtraciones de mandos del Cuerpo y algún integrante de la UCO”.
En el escrito con el que la directora general del Instituto Armado abrió la información reservada se añadió que “el titular de portada consiste en cuestionar la actuación del DAO, al que dichas fuentes le reprochan que solicite de forma insistente y reiterada que se le anticipe información sobre el contenido de causas penales en curso que afecten negativamente al Gobierno, actuaciones de investigación que se hallan en fase de instrucción y declaradas secretas por ser realizadas por la Policía Judicial”.
Entre las diligencias llevada a cabo por el instructor de esta tercera información reservada figuró tomar declaración al jefe de la JPJ, al jefe de la UCO y al jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN). Igualmente, se acordó solicitar a la jefatura de la UCO un organigrama de la unidad “en la que se haga constar aquella parte de la estructura de la misma que tenga relación directa con las investigaciones judiciales concernientes al Gobierno (esposa, hermano, José Luis Ábalos/Koldo, Santos Cerdán) identificando nominativamente a los integrantes de la misma que sean oficiales”.
Cuando el instructor de la investigación interna fue preguntado en sede judicial por la Fiscalía sobre la conveniencia de recoger esos datos de los agentes de la DIECAN y la finalidad pretendida con dicha actuación, manifestó “no recordar que eso hubiera sido solicitado, que no sabe el curso que se dio a dichos datos y que cree que los datos facilitados eran los TIP (Tarjeta de Identidad Profesional) de los agentes”. Finalmente, agregó el Ministerio Público, lo aportado fue un cuadro con la estructura de la DIECAN y los datos TIP de los agentes que la integran.
El coronel de la UCO y el general de la JPJ, que declararon tanto en la instrucción de aquella información reservada como en sede judicial, señalaron que “ningún dato” de los contendidos en aquella publicación periodística habría sido revelado por los oficiales de la Departamento de Investigación Económica de la UCO. La información reservada 1/25, agregó la Fiscalía, “terminó en archivo, sin sanción alguna y sin más práctica de diligencias que las testificales” llevadas a cabo.
En este contexto, el Ministerio Público añadió un revelador detalle en su escrito. Y es que las manifestaciones hechas por los distintos miembros de la Guardia Civil en sede judicial, al contrario que las prestadas por Mercedes González en el Senado o el secretario del DAO -comandante que redactó la resolución de incoación de la información reservada de mayo de 2025-, sostuvieron que, en toda su carrera profesional, “no habían sido objeto de informaciones reservadas salvo las que aquí se citan (tres en dos años)”. Asimismo, el jefe de la JAES manifestó que solo fue instructor de esta y otra hace cinco años atrás. “Mucho tiempo atrás él sufrió una, en toda su carrera profesional, con motivo también de una filtración”, añadió la Fiscalía.
Cabe recordar que González declaró en la Cámara Alta que la apertura de informaciones reservadas era algo habitual en la Guardia Civil.
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