Juanma Moreno fue investido este jueves presidente de la Junta de Andalucía con el apoyo de los 68 diputados de PP-A y Vox. Lo hace después de firmar con su derecha la “prioridad nacional” y dar entrada a Manuel Gavira en su consejo de Gobierno. Pero el acuerdo es mucho más extenso e incluye algunas de las proclamas ideológicas más conocidas de Vox, con guiños hacia el negacionismo climático o a la agenda provida y antiabortista.
En las 150 medidas firmadas con Vox se atisba un pacto más a la derecha en comparación a Extremadura, Aragón o Castilla y León. Si bien no se utilizan términos como “cambio climático” ni la palabra “aborto”, el documento aborda de lleno esas materias. Los capítulos de migración y prioridad nacional se reproducen de forma casi literal en todas las regiones en las que PP y Vox han decidido ir de la mano.
Repasamos a continuación las medidas más relevantes del pacto andaluz:
Inmigración
El texto andaluz reproduce, medida por medida, el esquema que Vox impuso primero en Extremadura y que Aragón y Castilla y León replicaron después: rechazo frontal a la acogida de menores extranjeros no acompañados, pruebas de determinación de edad, supresión total de las subvenciones a ONG vinculadas a la inmigración, prohibición del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos, fin del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí y creación de un servicio de verificación del padrón y la residencia efectiva.
Andalucía añade matices propios de comunidad frontera: un plan de retorno y repatriación de menores a sus países de origen mediante acuerdos con los Estados emisores, una auditoría anual de la Cámara de Cuentas sobre todos los gastos vinculados a la inmigración y otra específica sobre el coste sanitario de la atención a extranjeros, con una unidad de facturación a terceros dentro del SAS.
Vivienda y fiscalidad
En vivienda, el pacto andaluz combina la agenda de ambos socios: oposición frontal a la Ley estatal 12/2023 -común a todos los acuerdos-, modificación de la ley andaluza de 2025, construcción de al menos 20.000 viviendas protegidas mediante colaboración público-privada (frente a las 4.000 de Aragón), exclusión de los condenados por ocupación del acceso a vivienda pública y fórmulas fiscales disuasorias para compradores extranjeros y operaciones especulativas.
🗣️ @GaviraVox sobre la prioridad nacional:
“Vamos a cambiar los criterios de baremación para que las ayudas sociales y el acceso a la vivienda pública y protegida sean primero para los españoles”. pic.twitter.com/Xiin9ROGen
— VOX Andalucía (@AndaluciaVox) July 3, 2026
El capítulo fiscal sigue la senda marcada por Aragón, que suprimió su impuesto de emisiones: Andalucía elimina de golpe sus tres tributos ambientales propios -bolsas de plástico, emisión de gases y vertidos a aguas litorales- y añade una rebaja del IRPF de un punto en los tramos inferiores a 60.000 euros a lo largo de la legislatura, deducciones por nacimiento de hasta 1.500 euros y una reforma del ITP con rebaja anual del 0,25% y pago fraccionado a diez años. El paralelismo con la deducción aragonesa de 1.000 euros por primer hijo es evidente: el plan de natalidad se ha convertido en moneda común de estos acuerdos.
Clima, campo y “leyes ideológicas”
El desplazamiento a la derecha del nuevo Ejecutivo se aprecia con especial claridad en los capítulos climático e identitario. El pacto andaluz asume el blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030 y el Pacto Verde, el rechazo formal al acuerdo UE-Mercosur y el compromiso de no financiar con fondos propios las zonas de bajas emisiones.
Incluye además la revisión de la Ley 8/2018, la norma andaluza de medidas frente al cambio climático, a la que el documento se refiere únicamente por su número y fecha y que enmarca en el “rechazo a las imposiciones de agendas ideológicas”, con el objetivo de eliminar toda carga derivada de su aplicación que afecte a los sectores productivos. Son medidas que conectan con las restricciones a la eólica y la solar en suelo productivo pactadas en Castilla y León y con la supresión del impuesto de emisiones en Aragón: un frente climático común que se repite con distintas fórmulas en los cuatro textos.
En el terreno educativo y de memoria, la coincidencia es igualmente sistemática: historia del terrorismo en los planes de estudio (pactada también en Aragón), concertación progresiva del Bachillerato (como en Aragón y Castilla y León) y una nueva Ley de Concordia que sustituya la normativa de memoria histórica.
A ello se suman las campañas de apoyo “a la maternidad y a la vida como un bien social”, con la aspiración expresa de que la “cultura de la vida” impregne las políticas de la Junta, y el Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada, centrado en garantizar información y acompañamiento a las parejas que esperan un hijo, especialmente en situación de vulnerabilidad. Incluye, además, el compromiso a crear una Ley de la Familia para “fomentar la natalidad y reconocer el valor social de la familia”.
Son las fórmulas habituales del ideario provida. La reducción al 50% de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales completa un capítulo de “gasto superfluo” que también figuraba, con otras palabras, en los pactos precedentes.
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