La Moncloa encara el cierre del curso entre la corrupción y otro revés presupuestario

Es la recta final. La penúltima semana antes del último Consejo de Ministros del curso. El Gobierno ha sufrido para llegar hasta aquí y optó por no moverse hasta que escampara el temporal judicial. Está a punto de conseguirlo, pero con demasiados daños. Todo apunta a que resistirá sin adelantar las elecciones, al menos hasta el otoño. Por lo pronto, la decisión se aplaza a septiembre. Sin embargo, en las filas del Ejecutivo empieza a abrirse paso el desánimo. Una sensación agridulce: por un lado, reconocen el profundo daño causado por los dos ex secretarios de Organización del PSOE y la onda expansiva de los casos de corrupción; por otro, denuncian sentirse sometidos a una persecución política y personal sin tregua por las causas judiciales que afectan al entorno familiar del presidente, apuntan desde el Ejecutivo. El tercer frente, el que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de abrirse en pleno festejo del Mundial. Y donde el Gobierno sostenía que no tenía control alguno sobre la actividad privada del expresidente, la confesión de su presunto testaferro, Julito Martínez, acaba de implicarle.

Zapatero, tercer round

El detalle del informe patrimonial de Santos Cerdán deja una fotografía incluso peor que la de José Luis Ábalos. De momento no aparecen comisiones millonarias, pero sí un flujo de efectivo e ingresos procedentes de Servinabar que apuntalan la tesis de una década de corrupción del ex número tres del PSOE. “El daño que han hecho sin siquiera forrarse”, resume con pesimismo una fuente de La Moncloa, dando por bueno el informe de la UCO. A esa resaca, y al impacto de la condena a David Sánchez, se suma esta semana un tercer frente: la confesión del empresario y amigo de Zapatero, Julio Martínez. Julito comparece este martes por primera vez como presunto testaferro y comisionista del expresidente. Su confesión dinamita la estrategia de defensa de Zapatero y también el intento del Gobierno de desvincularse del caso. El presidente de Plus Ultra y el propietario de Análisis Relevante reconocen en dos escritos al juzgado una comisión del 1% del rescate desviada a las cuentas de Zapatero. Al relato aún le faltan detalles relevantes, pero resulta demoledor en un punto: ambos admiten que el pago respondía al éxito de las gestiones de Zapatero.

La agenda con mayor potencial para alterar los planes del Ejecutivo sigue siendo la judicial. Hoy el caso Zapatero marcará la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y si la declaración de Julio Martínez incorpora nuevos nombres de la Administración o de la SEPI, el caso dejará de afectar solo al expresidente para implicar directamente también al Gobierno.

Y otro frente. Aunque no se espera ningún movimiento inmediato del Tribunal Supremo tras el aval del TJUE a la Ley de Amnistía, seguirá abierta la incógnita sobre cómo aplicará el alto tribunal la doctrina europea. Mientras tanto, el Gobierno intentará que la economía y la geopolítica recuperen protagonismo frente a la resaca y los nuevos escándalos de corrupción. El arranque de la semana seguirá monopolizado por el Mundial y el viaje de Pedro Sánchez a Argelia ha quedado eclipsado por la celebración. La visita buscaba cerrar la crisis diplomática abierta en 2022 por el giro sobre el Sáhara, asegurar el suministro de gas y reactivar las relaciones empresariales, después de que en diciembre de 2023 regresara el embajador argelino a Madrid y en noviembre de 2024 se levantaran las restricciones comerciales. El resto de la agenda del presidente se concentrará, entre el miércoles y el jueves, en actos sobre resiliencia climática e industria automovilística.

Segundo golpe a los presupuestos 2027

El último Pleno del Congreso antes del parón estival servirá para cerrar buena parte de la agenda legislativa, pero también para medir, una vez más, el pulso parlamentario. El principal examen será la segunda votación de la senda de estabilidad y del techo de gasto para 2027, paso imprescindible para tramitar unos nuevos Presupuestos. Tras el rechazo de la semana pasada con los votos de PP, Vox y Junts, el Ejecutivo está obligado por ley a someter de nuevo la propuesta a la Cámara en el plazo de un mes. La decisión política ha sido concentrar las dos derrotas antes del verano para reabrir la negociación en septiembre con el contador a cero. El segundo revés se da por descontado y estrecha todavía más el margen para una negociación presupuestaria que ya nacía sin una mayoría suficiente.

Batalla jurídica por la senda

La reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2024 trasladó, en la práctica, la última palabra sobre los objetivos de estabilidad y deuda al Congreso, eliminando el veto del Senado. Pero dejó una incógnita sin resolver: qué ocurre cuando es el propio Congreso quien rechaza la propuesta en dos ocasiones consecutivas. Si este jueves vuelve a decaer, como está previsto, el debate dejará de ser político para convertirse en jurídico. La cuestión será si el Gobierno puede registrar igualmente un proyecto de Presupuestos en octubre, como sostiene, o si esa interpretación acabará impugnada por la oposición. El escenario es inédito porque el Ejecutivo no ha llegado a presentar unas cuentas durante esta legislatura, pero podría abrir otro frente a partir de septiembre.

¿Qué cabe en el Pleno escoba?

Y tras la derrota presupuestaria, quedan las votaciones más de trámite. El Congreso deberá convalidar el decreto de respuesta a la crisis en Oriente Medio, con medidas para proteger a los sectores económicos afectados y garantizar la estabilidad del suministro energético, así como el decreto que mejora el complemento de insularidad para los empleados públicos destinados en Baleares, una reivindicación histórica para facilitar la cobertura de plazas en el archipiélago. Además, se votarán las enmiendas del Senado a la reforma de la Ley General de la Seguridad Social, a la ley que amplía el programa de cribado neonatal para unificar estas pruebas en todo el territorio y a la norma sobre la AP-9, para avanzar en la gratuidad de la autopista gallega. El Pleno debatirá también la totalidad del proyecto de ley de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas, con el que el Gobierno pretende ampliar el margen financiero de las autonomías en plena negociación permanente con sus socios parlamentarios.

Tensión de fondo

Cada lunes hay un calendario de previsiones para atravesar la semana. Pero dos cuestiones empiezan a imponerse con fuerza. Solo las formulan en público los críticos, como Emiliano García-Page. Cuánto durará la legislatura y qué será del PSOE cuando el ciclo termine. Nadie las plantea oficialmente en La Moncloa, pero ambas condicionan ya muchas conversaciones dentro del Gobierno, entre el desgaste acumulado del curso político y un marcado agotamiento de fondo. El revés del caso Zapatero ahondará en la percepción de un Gobierno con un margen político cada vez más estrecho.