La Asociación Segundo Maestro y la Red Estatal de Defensa del Derecho a la Educación Inclusiva (REDIN) han pedido al Congreso que no ratifique el proyecto de ley que amplía los derechos de las personas con discapacidad mientras conserve cuatro enmiendas educativas introducidas por el Grupo Popular en el Senado. La petición se apoya en una denuncia jurídica de 24 páginas, firmada el 11 de septiembre, que considera esos cambios incompatibles con el artículo 27 de la Constitución, el artículo 24 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 15/2022 de igualdad de trato.
Las enmiendas 112, 113, 114 y 143 fueron aprobadas por la Cámara Alta el 10 de septiembre e incorporadas al texto que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley 39/2006 de Dependencia. La organización reclama que se voten por separado para poder rechazarlas antes de la aprobación definitiva.
La Asociación Segundo Maestro subraya que no cuestiona la norma en su conjunto. Su contenido en materia de dependencia, recuerda, recoge buena parte de las propuestas que la propia asociación trasladó al Ministerio en marzo de 2025. El rechazo se dirige en exclusiva al bloque educativo.
Su presidenta, Laura Abadía Benito, lo resume así en conversación con Artículo14: “Las enmiendas que ha introducido el Partido Popular a la Ley de Dependencia afectan directamente al derecho a la educación del alumnado con discapacidad. Constituyen un retroceso en cuanto al derecho de este alumnado porque les va a impedir acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de condiciones”.
Qué cambia cada enmienda
La 112 reescribe el artículo 18 del texto refundido y equipara normativamente los centros ordinarios, los de educación especial, la escolarización combinada y las aulas específicas. Permite prolongar la educación especial al menos hasta los 21 años e incorpora un “derecho de elección del modelo educativo” para padres o tutores. Para la asociación, el precepto deja de girar en torno al derecho del alumno a la inclusión con apoyos y pasa a organizarse como un catálogo de modalidades de separación.
La 113 crea un artículo 18 bis que somete el itinerario educativo a una valoración individualizada y condiciona el acceso a ciertos programas a un informe motivado de los servicios de orientación. La denuncia lo describe como convertir la evaluación psicopedagógica en un visado administrativo de un derecho fundamental que ningún otro estudiante necesita, y advierte de que abre la puerta a que programas específicos desplacen a la ESO.
La 114 elimina del artículo 21.1 las obligaciones que el Congreso había fijado para los servicios de orientación: explorar las posibilidades de inclusión en centros ordinarios, identificar barreras y proponer medidas para retirarlas.
La 143 es, a juicio de la asociación, la más lesiva. Deroga la disposición adicional cuarta de la LOMLOE, el único mandato vigente que obliga a las administraciones a dotar en una década a los centros ordinarios de los recursos necesarios, avalado además por el Tribunal Constitucional en su sentencia 34/2023. “El Partido Popular elimina por completo esta disposición adicional cuarta, con lo cual se quita la obligación o la previsión de que en el plazo de diez años se dote adecuadamente a los centros educativos”, explica Abadía. La consecuencia, añade, es que el alumnado con discapacidad “va a seguir sin tener acceso a los recursos educativos que necesita”.
La denuncia pide leer conjuntamente las enmiendas 112 y 143: una amplía las modalidades separadas mientras la otra suprime la exigencia de reforzar el sistema ordinario. El resultado sería debilitar la obligación de transformar la escuela ordinaria y blindar al mismo tiempo los circuitos paralelos.
La organización recuerda que la insuficiencia de medios es el argumento más habitual para derivar a un alumno a educación especial, y que la Ley 15/2022 considera discriminación directa denegar los ajustes razonables. La falta de recursos públicos, señala, no puede transformarse en una supuesta necesidad educativa del estudiante.
Contactos con los grupos
Abadía asegura en su conversación con este periódico que mantienen conversaciones con Sumar, Junts, PP y PSOE, y que la respuesta ha sido receptiva: “Todo el mundo entiende las reclamaciones de las familias en este sentido, y lo que nos transmiten es que no se habían dado cuenta” porque el objetivo de la reforma era la ley de dependencia y habían pasado por alto las modificaciones con impacto educativo.
Además del rechazo de las cuatro enmiendas, la asociación pide que el artículo 18 se construya sobre el texto oficial de la Convención publicado en el BOE, la supresión del artículo 18 bis, la recuperación de la redacción del 21.1 aprobada por el Congreso, el mantenimiento íntegro de la disposición adicional cuarta con calendario y financiación, y la alineación de los artículos 20 y 21 con la Ley Orgánica de Educación.
Preguntada, por lo que haría falta hoy, la presidenta no empieza por el presupuesto: “La primera medida y la que reclamamos más importante es un cambio de mentalidad”. Pide que las instituciones asuman que se trata de “un alumnado de primera categoría, no de segunda categoría” y que la Administración no puede expulsarle del sistema. Cuando eso se entienda, sostiene, “los recursos y todo lo demás irán llegando”.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.