Semana importante en el caso de la denominada fontanera del PSOE. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz pone el foco en la red de contactos que Leire Díez desplegó para intentar desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE desde que estalló la causa contra Begoña Gómez.
A partir de 2024, presuntamente bajo las órdenes del entonces secretario de Organización socialista Santos Cerdán, Díez desplegó su influencia en muchos ámbitos. Se acercó a la Fiscalía General del Estado, a la Guardia Civil, a abogados cercanos al PSOE o a imputados en otras causas.
Díez resumió bien en sus conversaciones el objetivo de sus maniobras: “Dar la vuelta al calcetín”, como le aseguró a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el 24 de abril de 2024. Aquel fue el día que Pedro Sánchez publicó su conocida carta a la ciudadanía en la que amagó con dar un paso al lado. En esa conversación de WhatsApp, Díez hablaba a Narbona de la necesidad de “reconducir los ataques al presidente, dar ayuda cualificada y dar la vuelta al asunto como un calcetín“. Precisamente por estos contactos Narbona tendrá que declarar esta semana ante el juez. Pedraz le ha citado a declarar a petición de la Fiscalía Anticorrupción como testigo el próximo 10 de julio.
En esos días de reflexión de Sánchez se gestó la cloaca del PSOE, como apuntan los agentes de la UCO. Díez informó a su socio Vicente Fernández, expresidente de la SEPI: “Me voy de urgencia a Madrid (…). Me ha mandado Santos. Tenemos información que ayudaría al presidente”.
Además de Narbona, estos son los testigos clave que pasarán por la Audiencia Nacional esta semana:
7 de julio. Rubén Villalba
Es un comandante de la Guardia Civil que, presuntamente, colaboraba con la trama Koldo facilitando líneas de teléfono seguras que no dejaran rastro de sus tejemanejes. Leire Díez se reunió con él en dos ocasiones con el objetivo de que le facilitara información comprometedora de la UCO, la Policía Judicial que investigaba en aquel momento las causas abiertas que afectaban al PSOE y al Gobierno. A cambio la trama le ofrecía ayuda con su imputación en el caso Koldo.
Villalba realizaba anotaciones tras los encuentros con Leire. En ellas apuntaba lo que le había trasladado la presunta fontanera: “Se han planteado en ir contra toda la GC, como un elefante por una cacharrería, para mover los cimientos pero Leire lo frenó y dijo de ser selectivos y quitarse esos elementos subversivos”, aseguraba en sus notas. En ellas llegó a plasmar que Leire “hablaba con los de arriba” de la Guardia Civil. Esto es, con la directora general, Mercedes González, recientemente imputada.
7 de julio. Francisco Ortega Fernández
Presenció las reuniones entre Villalba y Díez. Fue la persona que puso en contacto a la presunta fontanera con el comandante. Trabajó como técnico de Correos, misma empresa para la que trabajó Leire Díez. En las conversaciones incautadas, Leire le comentaba todo el trabajo que ella tenía, citando las causas judiciales abiertas contra el entorno del presidente del Gobierno.
7 de julio. Isabel Espinar
Es la fundadora del medio Crónica Libre que ejerció, según la UCO, un “papel preponderante” en la difusión de determinadas informaciones “obtenidas a través de la actuación conjunta y previa de Leire, (Javier Pérez) Dolset y Patricia López”. Este medio fue contratado por el PSOE además para realizar campañas de comunicación.
8 de julio. Antonio García Cabrera
Es el abogado de excomisario José Manuel Villarejo. Díez se reunió con él. Le ofrecía un pacto de Villarejo con la Fiscalía en el caso Kitchen a cambio de que “le facilitara toda la documentación que no ha salido a la luz”. En sus anotaciones aseguraba que Villarejo le suministraría “los audios y los pagos que involucran a Marchena y el papel del PP en todo lo que se ha venido llamando Policía Patriótica que involucra a toda la cúpula del Gobierno de Rajoy e incluso a Feijóo comprando las elecciones gallegas de 2012. Las grabaciones pendientes de entrega son realmente explosivas”.
De hecho, ante la negativa del fiscal del caso Kitchen, César de Rivas, a mantener una reunión, la fontanera socialista le prometió una cita con Álvaro García Ortiz, ex fiscal general: “Te cuento. Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho”.
8 de julio. Joaquín Parra
Es un empresario investigado por fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos y presidente del Club Deportivo Badajoz. Díez le ofreció ayuda en sus causas a cambio de que le ayudara a encontrar trapos sucios de la jueza Beatriz Biedma de Badajoz que estaba instruyendo la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su declaración ante la UCO, aseguró que Díez le dijo que el presidente del Gobierno estaba al tanto de esas gestiones.
9 de julio. José Luis Caramés
Es otro empresario con problemas con la Justicia por el fraude de los hidrocarburos. Recientemente ha mostrado su intención de colaborar con la causa que instruye Pedraz. El empresario mantenía relación constante con miembros de la UCO y habría actuado como confidente de Juan Vicente Bonilla, excapitán de la unidad y uno de los investigadores del caso Koldo. En conversaciones filtradas entre ellos hablaban de los tejemanejes de Koldo ya en 2021, años antes de que se iniciara la investigación judicial, algo que usa la defensa de Ábalos y Koldo para denunciar que se les empezó a investigar mucho antes de que hubiera una orden de un juez.
9 de julio. Antonio Rodríguez Estepa
También empresario imputado en causas de los hidrocarburos. Diez le ofreció impunidad a cambio de información de la UCO. Ya ha sido condenado por el Tribunal Supremo a tres años de prisión y una multa de 97 millones.
9 de julio. Claudio Rivas
El socio de Víctor de Aldama también con problemas con la Justicia por el fraude de los hidrocarburos. Carmen Pano, la empresaria que dice haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz, supuestamente apunta a que Rivas le daba ese dinero a Aldama.
10 de julio. José Norberto Uzal
Completa la lista de testigos que tienen problemas con el fraude de los hidrocarburos, causa que conoce muy bien Pedraz porque instruye dos de ellas. En las conversaciones que obran en el sumario, aparece que Díez le dijo al abogado Jacobo Teijelo que tenían “vía libre” para ir a ver “al FGE” por un tema relacionado con José Norberto Uzal.
10 de julio. Rafael Salvador
Es un inspector de la UDEF apodado Torrente. Ya está fuera del Cuerpo, pero fue clave en la investigación de los ERE. Díez se reunió con él una década después de su cese para sonsacarle información contra la magistrada instructora del caso ERE, Mercedes Alaya. La jueza había reabierto la causa de la mina Aznalcollar en la que se encontraba imputado el socio y amigo de Leire Díez, Vicente Fernández, también expresidente de la SEPI.
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