La semana pasada la Justicia libró de la cárcel a Víctor de Aldama. El empresario se benefició de la influencia de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. Gracias a ello ganó 3,7 millones de euros con contratos de material sanitario adjudicados a dedo. Pero el Tribunal Supremo también le eximió de devolver el beneficio obtenido por “su aportación al descubrimiento de los delitos”. Por ello, al recibir la sentencia el comisionista lanzó un mensaje: “La colaboración sirve”.
En concreto, el fallo del Supremo fijaba jurisprudencia para casos como el de Leire Díez o el de Plus Ultra, y un aviso a aquellos investigados que pudieran ver su futuro procesal modificado gracias a una colaboración con la Justicia. Y muchos miraron a la propia Leire Díez o a Julio Martínez, el amigo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Pero, de momento, no ha habido movimientos. Fuente de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por Artículo14 aseguran que a día de hoy “no” ha habido giros en sus estrategias de defensa. Ninguno de ellos ha realizado acercamiento al ministerio público.
Por un lado, el juez Santiago Pedraz investiga una trama liderada por el exsecretario de organización socialista Santos Cerdán para desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. Por otro, el juez José Luis Calama indaga en otro presunto entramado liderado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que intermedió para que el Ejecutivo concediera un rescate a Plus Ultra a cambio de comisiones entre otras gestiones.
En ambos casos, los líderes de la trama defienden su inocencia y se desvinculan de la actividad delictiva. Si bien, tanto Leire Díez como Julio Martínez jugaban un papel esencial. Eran, supuestamente, los ejecutores de las órdenes de Cerdán y Zapatero respectivamente. Por ello, su testimonio es clave en estas causas. De ser ciertas las deducciones de la Policía Judicial, ellos tendrían la información de los funcionamientos de la organización criminal. Podrían hablar de hasta donde llegaron los tentáculos de sus respectivos entramados.
Por un lado, en la trama de Leire Díez, el juez sospecha que esta ejecutaba órdenes de Cerdán y era pagada por sociedades interpuestas de personas afines al partido a cambio de intentar tumbar causas judiciales a través de sobornos a fiscales, o a otros imputados para buscar información comprometida sobre la UCO.
Es por ello que una posible colaboración podría aclarar el contenido de las reuniones en la sede del PSOE en Ferraz, por qué recibía así los pagos, si las órdenes las daba Cerdán o si venían de más arriba. Este periódico se ha puesto en contacto con su entorno y también desmienten “ningún tipo” de viraje en la estrategia de defensa. El juez Pedraz no ha puesto fecha para su declaración.
Por su parte, Julio Martínez es para el juez Calama el segundo nivel de la organización criminal cuyo “vértice” era Zapatero. Martínez fue quien se reunía con los directivos de Plus Ultra y hablaba del rescate. En definitiva, la UDEF lo sitúa como el canal de comunicación entre Zapatero y los dueños de la aerolínea. Asimismo, Martínez abrió una sociedad en Dubái que canalizó el 1% de lo que se llevó la compañía del Estado español por el rescate. Lo hizo justo después de reunirse con Zapatero. Por ello, los agentes de la UDEF sospechan que fue quien se encargó de gestionar el importe de la comisión.
Además, Julio Martínez pagó a Zapatero y a sus hijas por presuntas labores de asesoría y de enmaquetación de informes. La UDEF cree que esos pagos fueron justificados con facturas falsas que en el fondo servían para hacer llegar al expresidente y su entorno el dinero procedente de las presuntas mordidas.
Es por ello que su testimonio el próximo 21 de julio es crucial para la causa. Si bien, si quiere colaborar lo tendría que hacer “de forma inminente”. Fuentes del caso lo ven plausible, pero por el momento no se ha materializado.
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