El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García tienen que acudir presencialmente a la audiencia preliminar, prevista para el próximo 12 de febrero, del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia.
Así consta en una providencia de este jueves en la que los magistrados que les juzgarán a ellos y al empresario Víctor de Aldama rechazan las solicitudes presentadas por ambos, que alegaban problemas médicos y pedían poder seguirla por videoconferencia en la cárcel madrileña de Soto del Real, donde se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre.
Dicha audiencia preliminar se enmarca dentro de la Ley de Eficiencia de Poder Judicial, cuyo artículo 785 reza que la celebración de esa vista “requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor”.
Y añade que las partes “podrán exponer lo que estimen oportuno” antes de la celebración del juicio. Concretamente, señala aspectos relacionados con “la posibilidad de conformidad del acusado o acusados, la competencia del órgano judicial, la vulneración de algún derecho fundamental, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido, finalidad o nulidad de las pruebas propuestas”.
“Podrán igualmente proponer la incorporación de informes, certificaciones y otros documentos. También podrán proponer la práctica de pruebas de las que las partes no hubieran tenido conocimiento en el momento de formular sus escritos de acusación o defensa”, indica ese artículo.
Una vez celebrada la vista, el juez o tribunal “examinará las pruebas propuestas y resolverá admitiendo las que considere pertinentes y rechazando las demás”, precisa. Lo hará, según el mismo artículo, “de forma oral”, salvo que, “por la complejidad de las cuestiones planteadas”, hubiera de hacerlo por escrito.
La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.
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