No hay auto del juez José Luis Calama que la defensa del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no recurra. La última decisión fue dar acceso a la Policía a un total de 57 cuentas bancarias con distintos titulares. Las de él pero también las de su esposa, hijas, secretaria o su socio, Julio Martínez. El objetivo es corroborar los flujos económicos detectados por la UDEF desde enero de 2020, cuando sospechan que empezó a intermediar en la concesión del rescate de Plus Ultra.
Una solicitud que para la defensa del expresidente incurre en una investigación “prospectiva” por la extensión de información requerida, que según ellos no se circunscribe a los hechos objeto de la investigación. Esto es, considera que el juez está intentando buscar hechos penalmente reprochables indagando en toda la vida del expresidente sin ceñirse a su posible intermediación en el rescate que es, en principio, lo que se está investigando en la Audiencia Nacional. Algo totalmente contrario a la ley que de ser así abocaría la causa a su archivo.
Víctor Moreno, el abogado de Zapatero, “no discute la potestad del Instructor de obtener información bancaria a fin de esclarecer los hechos investigados”, pero considera desproporcionada la cantidad de información solicitada y cree que es “próxima a una investigación prospectiva”. Si bien, en el recurso se muestra confiado en que servirá para demostrar que no hay movimientos sospechosos y hará “desvanecer la tesis policial inicial”.
Asimismo, en el escrito presentado, al que ha tenido acceso Artículo14, se critica las continuas alusiones al “entorno” de Zapatero o Martínez. Y se sostiene: “Los flujos económicos y los movimientos bancarios van de persona a persona, no de entorno a entorno”. “Se trataría pues, según entendemos, de cotejar si hay una canalización de flujos económicos al Sr. Rodríguez Zapatero que pudiera avalar esa tesis policial”, apostilla el abogado para quejarse de que se haya pedido información de su familia. Afea además al juez instructor que su descripción es “muy incriminatoria” y poco respetuosa al derecho de la presunción de inocencia.
Por ello, pide que se delimiten los hechos ya que en la resolución de Calama permitía a los agentes ampliar la petición de información a las entidades bancarias “que se considerara pertinentes”. Extremó inaceptable para el expresidente. “El nivel de injerencia potencial en el derecho a la intimidad y los datos personales que no puede quedar al albur del criterio de los agentes de la UDEF”, denuncia su letrado.
Calama, además, pedía que se dejara fuera toda la información ajena a la causa, por ello abrió una pieza separada declarada secreta, pero para la defensa de Zapatero esto debe estar más delimitado. “Somos conscientes de que la información sobre la vida personal y profesional del Sr. Rodríguez Zapatero puede ser noticiable y tener interés periodístico y de uso político, pero esa circunstancia no puede llevar a la tentación de realizar una búsqueda generalizada de conductas reprobables, aprovechando la incautación de información suficiente para contener toda la vida documentada de una persona”, según el abogado.
Para rematar el escrito, muy crítico con el magistrado, la defensa del expresidente sostiene que ya se ha tenido acceso a movimientos bancarios de manera ilegal. Aseguran que la presunta comisión de 200.000 euros que habría cobrado por intermediar en favor de una empresa con el gobierno de Bolivia la descubrió la UDEF accediendo de manera ilícita a la información. Para la defensa de Zapatero, “el análisis de los pagos de FOCUS es puramente prospectiva pues ni tenía indicios para investigar esos pagos ni tenía siquiera sospechas”.
De esta forma, Zapatero continúa con la estrategia de defensa que ha desplegado hasta ahora: negar delitos e intentar buscar la nulidad de la causa alegando que se están violando sus derechos fundamentales como el de la defensa o la intimidad. Una forma de luchar por la inocencia que ya intentó el exministro José Luis Ábalos, que hoy cumple 24 años de prisión.
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