La baliza V-16 vuelve al centro del debate político y vial. El director general de Tráfico, Pere Navarro, compareció en el Congreso para defender la obligatoriedad del nuevo dispositivo luminoso, que desde el 1 de enero de 2026 sustituye a los triángulos de emergencia como sistema legal para señalizar averías o accidentes en carretera.
Su mensaje fue rotundo: la medida no está en retirada. “Ha venido para quedarse, no hay marcha atrás”, afirmó Navarro en una intervención previa en A Coruña, donde defendió que el dispositivo permite evitar uno de los principales riesgos de los triángulos: obligar al conductor a salir del vehículo y caminar por la calzada.
La polémica, sin embargo, no se ha apagado. La baliza V-16 ha llegado acompañada de dudas sobre su visibilidad, su conectividad, su coste para los conductores y la claridad de la información pública. En el Congreso, varios grupos pidieron explicaciones a Navarro sobre el alcance de la norma, su aplicación real y las críticas acumuladas desde que el dispositivo se convirtió en obligatorio.
La DGT cierra la puerta a dar marcha atrás
El mensaje de Tráfico es claro: la baliza V-16 no es una medida provisional. Para la DGT, el cambio responde a una razón de seguridad vial. Los triángulos obligaban al conductor a bajar del coche, ponerse el chaleco, caminar por el arcén o la calzada y colocar la señal a distancia suficiente. Esa maniobra, especialmente en autovías, autopistas o vías con poca visibilidad, podía convertirse en un riesgo añadido.
La baliza V-16, en cambio, se puede colocar desde el propio vehículo o desde una posición mucho más segura, preferiblemente en la parte alta del coche. Además de emitir una luz amarilla intermitente, los modelos conectados comunican la ubicación del vehículo inmovilizado a la plataforma DGT 3.0, de forma que esa incidencia pueda llegar a paneles de carretera y sistemas de navegación. La DGT insiste en que esos datos son anonimizados y que el dispositivo no transmite información personal del conductor.
Navarro ha defendido que “todo son ventajas” y que España debería sentirse orgullosa de haber impulsado una solución que otros países observan con atención. Según el director de la DGT, la medida tiene un objetivo muy concreto: reducir los atropellos de personas que salen del vehículo tras una avería o un accidente.
Una baliza obligatoria, pero discutida
La implantación de la baliza V-16 no ha estado exenta de controversia. Parte de las críticas se centran en la confusión generada durante el periodo de transición. Durante un tiempo convivieron balizas sin conectar, balizas conectadas, triángulos y distintos modelos comercializados como homologados. Esa situación hizo que muchos conductores no tuvieran claro qué dispositivo debían comprar ni cuándo dejarían de servir los triángulos.
La DGT mantiene en su web un listado de marcas y modelos certificados para que los ciudadanos puedan comprobar si su dispositivo es válido. Desde enero de 2026, el único sistema legal de preseñalización de peligro es la baliza V-16 conectada, no cualquier luz de emergencia similar.
También hay críticas sobre la visibilidad real del dispositivo en determinadas condiciones: curvas, cambios de rasante, lluvia intensa o vehículos detenidos en zonas donde la luz puede quedar parcialmente oculta. La DGT sostiene que la baliza no solo aporta visibilidad física, sino también visibilidad digital al transmitir la localización del vehículo detenido.
El próximo objetivo: reducir la tasa máxima de alcohol
La comparecencia de Pere Navarro no se limitó a la baliza V-16. El director general de Tráfico también abordó la posible reducción de la tasa máxima de alcohol permitida al volante. Navarro se mostró convencido de que la rebaja terminará saliendo adelante pese al rechazo parlamentario sufrido por la iniciativa en marzo. “Está maduro. Caerá como fruta madura”, dijo en un acto sobre somnolencia en la conducción. “Es solo cuestión de tiempo”.
La propuesta rechazada en el Congreso buscaba rebajar la tasa general de alcohol de 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2. Para la DGT, esa reducción sigue siendo una prioridad de seguridad vial, aunque su recorrido legislativo dependa ahora del equilibrio político en la Cámara.