Teresa Yoldi evita los focos, pero su nombre aparece una y otra vez asociado a investigaciones especialmente complejas. Fiscal de perfil discreto, meticulosa hasta el extremo y con fama de no dejar cabos sueltos, es la representante del Ministerio Público que participa en la causa que investiga a Jonathan Andic por la muerte de su padre, Isak Andic, fundador de la firma Mango.
Desde la coordinación de la zona de Martorell —donde se instruye el procedimiento— vuelve a situarse en el centro de un caso de enorme repercusión pública, uno de esos asuntos en los que la presión judicial, mediática y policial avanzan al mismo ritmo.
En los juzgados y en el entorno policial su nombre está asociado a una forma muy concreta de trabajar: orden obsesivo, capacidad para sostener investigaciones largas y habilidad para construir acusaciones a partir de indicios. Quienes han compartido sala con ella hablan de una profesional rigurosa, perseverante y especialmente resistente a la presión. No es una fiscal expansiva ni dada a declaraciones grandilocuentes. De hecho, quienes la conocen aseguran que se siente más cómoda entre sumarios y pruebas periciales que ante una cámara. Sin embargo, su trayectoria la ha colocado repetidamente en causas de gran impacto público.
El caso Andic es uno de esos procedimientos donde la dificultad no reside únicamente en los hechos investigados, sino en la batalla jurídica que se anticipa. La causa, instruida en un pequeño juzgado de Martorell, ha crecido hasta convertirse en un procedimiento seguido con atención por toda la judicatura catalana.
Los Mossos d’Esquadra saben que cada una de las diligencias practicadas y cada conclusión recogida en los más de 1.400 folios del sumario será examinada al detalle por algunos de los abogados más experimentados del país.
Al frente de la defensa de Jonathan Andic está Cristóbal Martell, un penalista conocido por su capacidad dialéctica y por haber asumido causas mediáticas de enorme complejidad. La estrategia de la defensa pasa por cuestionar uno a uno los indicios criminales reunidos por los investigadores y asumidos tanto por la jueza instructora como por la propia Yoldi.
Introducir una duda razonable en cada hipótesis de la acusación será una parte esencial del procedimiento. Y precisamente ahí es donde la experiencia de la fiscal adquiere relevancia: buena parte de su carrera se ha construido en casos donde las pruebas directas eran escasas y donde el relato acusatorio debía sostenerse sobre elementos periféricos, coherencia probatoria y reconstrucciones minuciosas.
Su trayectoria en la Fiscalía de Barcelona está marcada por procedimientos difíciles, muchos de ellos vinculados a homicidios y juicios con jurado popular, un terreno especialmente delicado para cualquier fiscal. A lo largo de su carrera ha participado en cerca de un centenar de vistas con jurado y se ha consolidado como una especialista en este tipo de procesos, donde no basta con demostrar técnicamente una acusación, sino que también es necesario construir un relato comprensible y sólido para ciudadanos sin formación jurídica.
Entre los casos más recordados figura el juicio contra Pedro Jiménez, condenado a más de 93 años de prisión por el asesinato de dos agentes de policía y la agresión sexual a una de ellas en L’Hospitalet de Llobregat en 2004. Aquella causa tuvo una enorme repercusión en Cataluña y colocó a la Fiscalía ante uno de los crímenes más impactantes de la época. También ha participado en investigaciones por asesinatos machistas y en procedimientos especialmente complejos en localidades como Mataró o Sant Andreu de la Barca.
Pero si algo ha marcado parte de su carrera son los llamados “crímenes sin cadáver”, investigaciones donde la ausencia del cuerpo obliga a sostener toda la acusación mediante indicios, análisis forenses, contradicciones y pruebas indirectas. Son procedimientos considerados especialmente difíciles dentro del ámbito penal porque exigen una precisión casi quirúrgica en la construcción de la acusación. En ese terreno, Yoldi ha logrado varias condenas relevantes.
La fiscal aprobó las oposiciones en 1998 y juró el cargo un año después. Su primer destino fue Sabadell. Más tarde pasó por Esplugues y L’Hospitalet de Llobregat antes de incorporarse a Barcelona capital, donde terminó integrándose en el servicio especializado de jurado de la Fiscalía Provincial. Allí consolidó una reputación basada en la constancia y en una preparación exhaustiva de cada procedimiento.
Quienes trabajan con ella destacan su elevado sentido de la responsabilidad y una disciplina casi inflexible. Después de una de las últimas sesiones del caso Andic, tras solicitar prisión con fianza para Jonathan Andic, apenas pronunció una frase al abandonar los juzgados: “Yo ya he hecho mi trabajo”.
A lo largo de los años también ha recibido condecoraciones y reconocimientos de cuerpos como los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, reflejo de la estrecha colaboración mantenida en investigaciones especialmente sensibles. Distinciones discretas para una fiscal que, pese a su resistencia a la exposición pública, se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la Fiscalía penal catalana.