Cuando cada quebrantamiento se convierte en un fallo técnico

Cuando Carla (nombre ficticio) volvió a denunciar a su expareja en 2023, hacía más de una década que la justicia ya había condenado al hombre por violencia de género. Nada de aquello había terminado realmente. La nueva denuncia hablaba de amenazas, miedo y malos tratos físicos, incluso estando embarazada. Carla aportó además varias notas de voz en las que, según explica, su expareja admitía haberle pegado. También describía una sensación constante de vigilancia sobre su vida cotidiana.

El juzgado dictó una orden de alejamiento de 200 metros y prohibió cualquier tipo de comunicación entre ambos. Carla creyó que, al menos esta vez, existiría una distancia clara. Duró poco.

En abril de 2023 fue a coger un avión y volvió a encontrárselo. Primero en el aparcamiento del aeropuerto. Después, en la zona de embarque. Finalmente, dentro del mismo vuelo pese a existir una orden judicial que le prohibía acercarse a ella.

Carla denunció aquel quebrantamiento, pero la explicación que recibió después fue otra. La Guardia Civil informó al juzgado de que el investigado había avisado previamente de que iba a coger ese vuelo y que, según consta literalmente en la documentación incorporada a la causa, “se autorizó el embarque”.

Mientras sus compañeros daban permiso al agresor para viajar en el mismo avión, Carla no sabía nada. El procedimiento terminó archivado al considerar el juzgado que no podía acreditarse una aproximación deliberada. “Ahí empecé a entender que él jugaba con ventaja”, resume ahora.

En libertad por unos informes facilitados por la Guardia Civil

Tres meses después llegó el episodio que cambió el caso. Según la sentencia, el investigado comenzó a seguir en Instagram la cuenta del negocio de Carla y a dar “me gusta”, pese a tener prohibido cualquier tipo de contacto con ella. La resolución considera probado que aquella actuación pretendía “hacerle ver que sigue ahí”, “perturbando de forma evidente la paz y tranquilidad de la víctima”. El fallo añade además que la conducta le provocó “zozobra e intranquilidad”. Esta vez sí hubo consecuencias penales. El investigado ingresó en prisión.

Pero mientras permanecía encarcelado empezaron a incorporarse informes de Guardia Civil y periciales que cuestionaban parte de las pruebas utilizadas contra él. Algunas conclusiones apuntaban a posibles automatismos, errores técnicos o funcionamientos no intencionados relacionados con las aplicaciones utilizadas. Terminó recuperando la libertad.

Fue entonces cuando el juzgado endureció las medidas e impuso el control telemático mediante una pulsera conectada al sistema COMETA durante nueve años. La resolución habla de riesgo “alto de especial relevancia”. El objetivo, señalaba el auto, era “salvaguardar cautelarmente la integridad física y psíquica” de Carla.

La protección debía funcionar de una manera sencilla: si él se acercaba, la alarma saltaba. Pero las alertas empezaron a convivir muy pronto con explicaciones alternativas.

Pidió permiso a sus compañeros para coger un vuelo en el que iba Carla

En octubre de 2023, el sistema permaneció activado durante horas. Carla denunció que aquella tarde vivió con “gran estado de ansiedad” y que no se sentía segura “ni yo ni mi hija”. Poco después volvió a aparecer la Guardia Civil.

Según la resolución judicial, el investigado había realizado “gestiones tendentes a obtener una pretendida autorización” para entrar dentro del perímetro restringido debido a una mudanza. El aviso volvió a producirse directamente ante la Guardia Civil, pese a que cualquier modificación o excepción sobre una orden de alejamiento debía autorizarla el juzgado. El procedimiento volvió a archivarse.

“Cada vez que pasaba algo aparecía una explicación distinta”, dice Carla. “Y al final siempre acababa beneficiándolo a él”.

Con el paso de los meses, los episodios comenzaron a acumularse. Carla asegura que ha denunciado más de una docena de quebrantamientos de la orden de alejamiento. Otros ni siquiera llegaron al juzgado. “Hay veces que ya no denuncio porque sé cuál va a ser la respuesta”, explica.

En febrero de 2024, otra resolución judicial describió un escenario completamente distinto al de los archivos anteriores. El auto hablaba esta vez de un “peligro claro y efectivo de atentar contra los bienes jurídicos de la víctima” y destacaba que los incumplimientos se estaban produciendo de forma reiterada “máxime cuando el investigado es portador de la pulsera telemática”.

Nuevos informes de la Benemérita que cuestionaban el sistema COMETA

Según recoge otra sentencia, el investigado se sentó además en un establecimiento hostelero situado a unos 220 metros del domicilio de Carla. La resolución concluye que aquella conducta suponía un incumplimiento “voluntario y consciente” de la orden de alejamiento. El juzgado volvió a ordenar su ingreso en prisión.

Sin embargo, tampoco esa decisión cerró la discusión sobre el funcionamiento de COMETA. A finales de marzo de 2024, Carla denunció nuevas alertas registradas por el sistema mientras permanecía en casa con sus hijas. La denuncia recoge que la alarma permaneció activada durante horas y que la situación generó “pánico y angustia”.

La defensa recurrió entonces la prisión alegando que las únicas pruebas existentes eran “incidencias reportadas por el Servicio COMETA”. Y otra vez aparecieron informes e interpretaciones contradictorias sobre el funcionamiento del sistema.

Mientras algunos atestados de la Guardia Civil hablaban de posibles “errores de geolocalización”, “mal funcionamiento del dispositivo” o incidencias técnicas relacionadas con la cobertura y la pulsera telemática, una pericial técnica incorporada posteriormente al procedimiento llegó a una conclusión completamente distinta.

El informe, elaborado precisamente “dada la discrepancia existente entre el informe del Centro COMETA y el informe de la Guardia Civil”, concluye “de manera categórica” que, salvo una única excepción, “todas las activaciones del sistema se produjeron cuando el investigado se hallaba dentro del perímetro de exclusión de 500 metros”. La pericial añade además que “desvirtúa las alegaciones del investigado”, que sostenía que el dispositivo presentaba “fallos de localización” o que las alertas se generaban por “errores del sistema”.

El propio informe termina señalando que, aunque en los atestados ampliatorios de la Guardia Civil se mencionaban “posibles inconsistencias en los datos de geolocalización”, la prueba pericial “descarta que tales errores hayan tenido relevancia determinante”. Pese a ello, el investigado volvió a quedar en libertad.

Se pidió impugnar los informes por la relación de amistad y laboral con el agresor

“La duda permanente sobre si la pulsera funciona termina beneficiándolo siempre a él”, resume Carla. “Yo sigo viviendo en alerta”. Con el tiempo, la contradicción terminó instalándose dentro del propio procedimiento judicial.

La propia Audiencia Provincial llegó a recoger en uno de sus autos referencias a “errores de geolocalización”, “entradas accidentales” y actuaciones “no intencionadas”. Pero otras resoluciones describían conductas completamente distintas.

En uno de los autos más recientes, relacionado con el paso del investigado frente al lugar de trabajo de Carla, la jueza concluye que conocía perfectamente tanto la ubicación del establecimiento como los horarios de la víctima y que “optó voluntariamente” por ese recorrido. La resolución añade además que la conducta evidenciaba intención de “amedrentar a la víctima”.

En medio de todas esas versiones enfrentadas, la acusación particular terminó dando un paso más. Uno de los escritos incorporados a la causa impugna expresamente varios informes policiales por la “relación de amistad y/o profesional” de los agentes actuantes con el investigado, una circunstancia que considera “contraria al principio de veracidad de los agentes del orden”.

Para entonces, Carla ya convivía con una sensación mucho más difícil de explicar que el miedo inicial. Las alarmas seguían sonando. COMETA seguía registrando incidencias. Los autos judiciales seguían describiendo aproximaciones, riesgos y conductas intimidatorias. Pero casi cada episodio terminaba acompañado de una explicación alternativa: un aviso previo, un error de geolocalización, una entrada accidental, un fallo técnico.

“Cuando el sistema detecta algo, siempre aparece alguien dispuesto a decir que no pasó realmente”

“El problema no es solo la pulsera”, dice Carla. “El problema es que cuando el sistema detecta algo, siempre aparece alguien dispuesto a decir que no pasó realmente”.

El pasado 29 de abril, mientras estaba trabajando en compañía de su hija, el sistema volvió a alertar de una aproximación. COMETA mantuvo abierto el protocolo durante horas. Según relata Carla, cuando llamó a la Guardia Civil para pedir información, los agentes le dijeron que el dispositivo “era una mierda” y que fallaba. Mientras tanto, COMETA seguía sosteniendo que el investigado continuaba dentro de la zona de exclusión. Aquella noche no durmió.

“Yo ya no sé qué significa cuando suena”. Después de casi tres años de alarmas, archivos, informes contradictorios y explicaciones técnicas, Carla cree que su historia “sirve para escribir un catálogo de injusticias y cosas mal hechas que juegan con la vida y la tranquilidad de las personas. Y al final todo eso también alimenta monstruos”.

Mientras se terminaba de redactar este reportaje, a última hora de la tarde de este miércoles, el dispositivo volvió a activarse dos veces: a las 19:01 y a las 19:13, hora canaria. Nadie llamó a Carla para asegurarse de que todo iba bien. “Así no se puede vivir”, se lamenta.

Todavía le quedan seis años más con el dispositivo COMETA.

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