La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presidido este martes un nuevo comité de crisis para analizar los nueve asesinatos machistas registrados durante los meses de junio y julio. El encuentro ha permitido revisar cada uno de los casos para identificar posibles fallos en la respuesta institucional y acordar nuevas recomendaciones dirigidas a reforzar la prevención y la protección de las víctimas.
El análisis volvió a evidenciar varios patrones que se repiten en este tipo de feminicidios. De los nueve casos estudiados, solo una de las víctimas había presentado una denuncia previa contra su agresor. En siete de los asesinatos víctima y agresor convivían cuando se produjo el crimen y en cuatro la relación atravesaba un proceso de ruptura, considerado uno de los momentos de mayor riesgo. Los crímenes dejaron además ocho menores huérfanos. Dos de los agresores se suicidaron tras cometer el asesinato y otros tres intentaron quitarse la vida.
La prevención empieza antes de la denuncia
Una de las principales conclusiones del comité es que la prevención no puede depender únicamente de que la víctima denuncie. Por ello, las instituciones insisten en la necesidad de que familiares, amistades, vecinos, compañeros de trabajo o profesionales comuniquen cualquier indicio de violencia a las autoridades competentes para facilitar una intervención temprana.
Recalibrar el peso que se da a la voluntad de la víctima
El comité considera necesario revisar el valor que el sistema judicial y policial concede a decisiones como retirar una denuncia, solicitar el levantamiento de una orden de alejamiento o alcanzar determinados acuerdos con el agresor.
Las conclusiones recuerdan que estas decisiones se producen dentro de un contexto de violencia de género y que, por tanto, la víctima no siempre actúa en plena libertad. En consecuencia, defienden que debe primar la persecución del delito y la protección de la mujer por encima de la voluntad que esta pueda expresar en determinadas fases del procedimiento.
La dependencia aumenta cuando hay hijos
Otra de las conclusiones apunta a que, cuando existen hijos e hijas en común, las víctimas suelen mantener una mayor dependencia emocional y económica respecto al agresor. Esa circunstancia puede dificultar la ruptura de la relación y aumentar la vulnerabilidad de las mujeres.
El comité considera que este factor debe tener un mayor peso tanto en la valoración del riesgo como en las medidas de protección que se adopten.
Acompañar a los menores huérfanos
Las instituciones también plantean estudiar un sistema de acompañamiento específico para los niños y niñas que quedan huérfanos como consecuencia de la violencia machista.
El objetivo es ofrecer una atención continuada que permita abordar las secuelas del asesinato y prevenir, en la medida de lo posible, la reproducción de futuros perfiles de agresor o de víctima.
Revisar las conformidades y los acuerdos en procesos de familia
Otra de las recomendaciones pasa por replantear la conveniencia de las conformidades en los procedimientos de violencia de género, así como los acuerdos alcanzados en los procesos de familia cuando existe violencia machista.
El comité entiende que este tipo de pactos deben analizarse teniendo en cuenta el contexto de desigualdad y control en el que se producen para garantizar que no comprometan la protección de las víctimas y de sus hijos e hijas.
Evitar el archivo automático cuando el agresor se suicida
Entre las conclusiones también figura la conveniencia de no archivar de forma inmediata los procedimientos cuando el agresor se suicida tras cometer el crimen.
Mantener abiertas determinadas actuaciones permitiría facilitar posteriormente la tramitación de ayudas, indemnizaciones y otros recursos destinados a las familias y a los menores huérfanos.
Andalucía, próximo análisis
El comité acordó además celebrar próximamente una reunión específica con la Junta de Andalucía para analizar en profundidad los asesinatos ocurridos en esta comunidad, especialmente los registrados en la provincia de Málaga.
El objetivo será estudiar con mayor detalle las circunstancias que rodearon estos casos e identificar posibles mejoras en los mecanismos de prevención y protección.
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