La psiquiatra Lluïsa García Esteve conoce de cerca las secuelas psicológicas que dejan la violencia de género y los procesos judiciales en madres, hijas e hijos. Participa en el V Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, que comienza este viernes en Maracena (Granada) y reunirá durante dos jornadas a especialistas de distintos ámbitos para debatir sobre infancia, protección y respuestas públicas frente a las distintas formas de violencia machista.
El foro llega además en pleno debate sobre la reforma de la LOPIVI y la futura ley de violencia vicaria, dos iniciativas impulsadas para reforzar la protección de niños y niñas y limitar prácticas ampliamente cuestionadas por expertas, asociaciones feministas y profesionales de la salud mental. Para García Esteve, el problema no se reduce únicamente a los agresores. También señala a las instituciones encargadas de proteger a las víctimas. “Por defecto, el sistema funciona en contra de los hijos y de las madres”, advierte.
La resistencia a entender que un maltratador no es un buen padre
La psiquiatra sostiene que persiste una enorme resistencia social a aceptar que un hombre violento no puede ejercer una paternidad sana. “Existe una enorme resistencia a entender que un maltratador no puede ser un buen padre”, afirma. A su juicio, detrás de esa dificultad aparece una estructura profundamente patriarcal donde la autoridad masculina continúa ocupando una posición casi incuestionable incluso cuando existen indicios de abuso o maltrato.
“La ley prioriza los supuestos derechos de un padre, aunque sea maltratador, frente al derecho de un niño o una niña a vivir sin violencia”, denuncia. Según explica, esa lógica atraviesa juzgados, servicios sociales, equipos psicosociales y puntos de encuentro familiar, donde todavía se impone con frecuencia la preservación del vínculo paterno-filial aunque los menores muestren señales evidentes de sufrimiento.
Y esas señales, insiste, son visibles. “No es miedo: es terror”. García Esteve describe niños que se niegan a acudir con el padre, menores con ansiedad extrema, alteraciones del sueño o episodios de incontinencia urinaria y fecal. “Los más pequeños muchas veces no pueden explicar lo que les ocurre, pero el cuerpo sí lo expresa”, sostiene. Para la psiquiatra, interpretar esas conductas como manipulación materna supone ignorar por completo cómo funciona el trauma infantil.
Destruir el vínculo entre madre e hijos
Gran parte de la violencia vicaria, explica, pasa por destruir el vínculo entre madres e hijos. El agresor desacredita a la mujer, ridiculiza a su entorno y construye un relato destinado a erosionar la relación afectiva con los menores. “Hablan mal de ella, la humillan y convierten a los hijos en instrumentos para hacer daño”, resume. Bajo el control y el miedo, muchos niños terminan interiorizando esa versión. “Acaban creyendo que su madre los abandonó o que es culpable de todo”.
Según García Esteve, detrás de muchos de esos comportamientos no existe un deseo real de cuidar a los hijos, sino una voluntad de castigo hacia la mujer que se ha separado o ha denunciado. “Esos padres utilizan a los niños para causar el máximo daño posible”, afirma. En los casos más extremos, recuerda, esa dinámica puede desembocar incluso en asesinatos vicarios.
“Hay que aceptar que los hombres violan a los niños”
La especialista también alerta de la dificultad social para aceptar la existencia de padres abusadores sexuales. “Hay que aceptar que los hombres violan a los niños”, sostiene. A su juicio, el problema no reside únicamente en los delitos, sino en la negación colectiva que los rodea. “El incesto existe y no se habla de él”, añade. Los agresores, explica, no son monstruos alejados de la vida cotidiana, sino hombres integrados en los entornos familiares y educativos: padres, vecinos, profesores, amigos o familiares cercanos.
Esa negación, afirma, tiene consecuencias devastadoras cuando una madre decide denunciar. Muchas mujeres terminan señaladas por el propio sistema y acusadas de manipular a sus hijos o inventar los abusos para perjudicar al padre. García Esteve critica especialmente la persistencia de teorías derivadas del falso Síndrome de alienación parental, rechazado por organismos internacionales pero todavía presente, según denuncia, en numerosos procedimientos judiciales. “Se sigue utilizando el SAP y derivados aunque se cambie el nombre”, lamenta.
Durante la entrevista describe escenas de enorme dureza emocional. Habla de niños suplicando no volver con el progenitor denunciado y de madres obligadas a entregarlos pese al miedo. “Para una madre entregar a su hijo a su abusador es como arrancarle un órgano sin anestesia”, asegura. En muchos casos, explica, las mujeres llegan a esos momentos después de detectar moratones, síntomas físicos o comportamientos alarmantes en los menores. Aun así, las instituciones continúan forzando esos contactos bajo la idea de preservar la relación paterna.
Un problema de salud pública
García Esteve critica los “arrancamientos”. Relata cómo muchas madres quedan atrapadas durante años en procedimientos judiciales interminables, denuncias cruzadas y procesos que terminan deteriorando gravemente su salud mental y su situación económica. “Las arruinan”, resume. Mientras tanto, añade, los hijos permanecen alejados de sus principales figuras de protección.
Para la psiquiatra, las consecuencias van mucho más allá del ámbito judicial. Considera que la violencia vicaria y la violencia institucional constituyen un problema de salud pública. “El riesgo de padecer cualquier trastorno psiquiátrico se triplica en estos niños”, advierte. Depresión, ansiedad severa, trauma complejo, dificultades en el desarrollo o conductas suicidas forman parte de las secuelas que observa en consulta.
“Cuesta sacar a la luz estas verdades porque obligan a cuestionar el sistema”
“Luego hablamos de prevención del suicidio, pero la prevención empieza aquí”, afirma. También alerta del impacto que estas situaciones generan sobre el entorno familiar. Habla de abuelas con cuadros depresivos, familias enteras atravesadas por el desgaste emocional y menores que crecen bajo una sensación permanente de inseguridad.
La especialista reclama una transformación profunda en la respuesta institucional y una mayor implicación de la sanidad pública. Considera imprescindible formar a jueces, fiscales, trabajadores sociales, profesionales sanitarios y personal de los puntos de encuentro para identificar adecuadamente las distintas formas de violencia sobre la infancia.
También pide a los medios de comunicación que aborden estas historias con mayor profundidad. “Cuesta sacar a la luz estas verdades porque obligan a cuestionar el sistema”, reflexiona. A su juicio, la violencia vicaria continúa siendo un tema incómodo porque pone en cuestión estructuras muy arraigadas y obliga a mirar de frente realidades que gran parte de la sociedad prefiere negar. “A esas madres se les debe una restitución”, concluye.
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