Altamarea publica este miércoles Desde el odio, el nuevo ensayo de Luisgé Martín sobre la controversia que impidió que El odio llegara a las librerías en marzo de 2025. No se trata, según la información facilitada por la editorial, de la recuperación íntegra del libro que Anagrama decidió retirar, sino de una reflexión del escritor sobre su cancelación. El desplazamiento resulta significativo: después de escribir sobre José Bretón sin contar con Ruth Ortiz, revictimizándola, Martín escribe ahora sobre lo que le ocurrió a él por haberlo hecho.
El odio reconstruía el asesinato de Ruth y José, de seis y dos años, cometido por su padre, José Bretón, en 2011. Para preparar el libro, Martín mantuvo durante tres años correspondencia, conversaciones telefónicas y encuentros con el condenado. No habló con Ruth Ortiz, madre de los niños y víctima directa de una violencia concebida para destruirla. Ella conoció por la prensa la existencia de una obra en la que el asesino volvía a hablar de los menores, del crimen y de su antigua pareja.
La publicación provocó entonces una reacción que no puede reducirse a una disputa abstracta entre la literatura y sus enemigos. Ortiz denunció una posible intromisión en la intimidad y la imagen de sus hijos y sostuvo que la circulación del testimonio de Bretón prolongaba el daño que él había querido causarle. La Fiscalía de Menores solicitó la paralización cautelar. La Audiencia de Barcelona rechazó impedir la publicación porque habría supuesto una forma de censura previa, pero esa resolución no obligaba a Anagrama a editar el libro. La empresa tomó finalmente una decisión editorial: extinguió el contrato y devolvió los derechos a su autor.
Conviene recordar esa diferencia porque Desde el odio se presenta a partir de una premisa discutible. La sinopsis insiste en que “ningún tribunal” prohibió el libro y “ninguna ley” lo vetó, y define a Martín como el “protagonista involuntario de una polémica con regusto a censura”. Plantea, además, si una sociedad democrática puede decidir “qué libros merecen existir y cuáles no”. El marco escogido convierte al autor en la persona a la que se ha privado de algo y deja en segundo término a la mujer que tuvo que enfrentarse a una nueva circulación pública del relato del hombre que asesinó a sus hijos.
No publicar un libro no equivale a prohibirlo. Anagrama no ejercía un poder público ni impidió que Martín buscara otra editorial. Asumió que la libertad de creación no anulaba su propia responsabilidad y afirmó que las obras inspiradas en hechos reales requerían “una dosis doble de respeto y sensibilidad”. Varias librerías anunciaron también que no venderían El odio. Aquellas decisiones pueden discutirse, pero llamarlas censura elimina una cuestión esencial: editores y libreros también eligen qué obras respaldan, distribuyen y convierten en mercancía.
La pregunta relevante tampoco es si la literatura tiene derecho a acercarse al mal. Por supuesto que lo tiene. La literatura lleva siglos entrando en territorios perturbadores. La cuestión es desde qué lugar lo hace, qué voces legitima, cómo trata a las personas reales sobre las que escribe y quién asume las consecuencias de esa exposición. La libertad literaria ampara la escritura; no libera al autor de la crítica ni garantiza el derecho a ser publicado por un sello determinado.

El nuevo libro, de unas 200 páginas y con prólogo de Sara Mesa, desplaza nuevamente el centro del debate. El protagonista ya no es Bretón, sino Martín como escritor cuestionado. Ruth Ortiz permanece, una vez más, en los márgenes de una conversación levantada sobre la destrucción de su familia. De acuerdo con la información publicada por Público, volvió a conocer la existencia de la obra cuando ya se encontraba en preventa. Martín aseguró que llevaba meses intentando localizarla para comunicarle su aparición. Ortiz respondió que el autor parecía querer presentarse como una víctima y expresó su desconfianza ante el contenido.
Ese modo de proceder revela que todavía no se ha entendido plenamente cómo opera la violencia vicaria. Bretón no mató simplemente a dos niños: utilizó a sus hijos para infligir a su madre el daño más extremo y permanente. El crimen no termina de actuar sobre ella cuando concluye el juicio. Puede reactivarse cada vez que el asesino recupera la palabra, cuando se reproducen sus versiones de los hechos o cuando la intimidad de los menores vuelve a convertirse en material cultural sin contar con quien sobrevive a esa violencia.
Por eso no basta con incorporar al nuevo ensayo una pregunta sobre “qué se debe a las víctimas”. Ruth Ortiz no es un elemento que deba equilibrarse con la libertad creativa del autor. Es la persona contra la que fue dirigido el crimen. Presentar su rechazo, el de los movimientos feministas o la decisión de una editorial como fuerzas que amenazan la literatura invierte las posiciones: quien pidió no ser sometida de nuevo al relato de su agresor aparece como obstáculo, mientras quien escogió narrar desde la voz del condenado ocupa el lugar del perjudicado.
Altamarea asegura que Desde el odio aborda la censura, la responsabilidad editorial y el respeto a quienes sufrieron el daño. Sin embargo, su presentación comercial ya adopta un marco elocuente. Habla del “inesperado suceso” que vivió Martín, de la “presión general”, del “revuelo mediático” y de una “inapelable condena” en las redes. La retirada editorial queda descrita como el drama central; el posible daño causado a Ortiz, como el contexto de ese drama.
La publicación de Desde el odio puede abrir un debate legítimo sobre los límites de la creación, pero también dobla la violencia sobre una mujer a la que se obliga otra vez a contemplar cómo otros administran públicamente su tragedia. Primero fue convertida en personaje desde la versión del hombre que asesinó a sus hijos. Ahora queda situada en los márgenes del relato de un escritor que se presenta como víctima de las consecuencias de aquella decisión.
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