Apenas unos días antes de participar en el festival Cultur_ALH de Granada, la escritora argentina Ariana Harwicz supo que su invitación había sido retirada. La ironía acompañaba inevitablemente la decisión. Harwicz, conocida por una obra literaria incómoda y provocadora, tenía previsto participar en una conversación titulada Oponerse al mundo. En lugar de intervenir en ella, fue su propia ausencia la que terminó situándose en el centro del debate.
La autora denunció públicamente su exclusión y la relacionó con sus posiciones contrarias al boicot cultural a Israel. La dirección del festival confirmó que había reconsiderado su participación después de recibir una petición de la Red Universitaria por Palestina de Granada y las objeciones de un club de lectura participante.
La Universidad de Granada (UGR), institución que participa en la organización del festival, se desmarcó posteriormente de la medida. En un comunicado oficial aseguró que la retirada de la invitación había sido adoptada por la dirección del encuentro y que no había sido «adoptada, aprobada ni respaldada» por su equipo de gobierno. La universidad afirmó además que no compartía la decisión y reivindicó la libertad de expresión, el pluralismo y el contraste de ideas como principios de la vida universitaria.
Frente a esa posición, siete participantes del festival —Rita Laura Segato, Lina Meruane, Gabriela Wiener, Sabina Urraca, María Fernanda Ampuero, Brenda Navarro y Ángelo Néstore— respaldaron públicamente la exclusión. En su comunicado acusaron a Harwicz de negar el genocidio en Gaza y defendieron que la libertad de expresión encuentra límites legales en figuras como la injuria, la difamación o la incitación al odio. También criticaron a la organización por no haber abordado antes las posiciones públicas de la escritora y por la forma en que acabó comunicándole la cancelación.
El conflicto de Granada llega, además, pocos días después de otra polémica que situó la guerra de Gaza en el centro de un encuentro cultural español. Más de una treintena de participantes del Festival de las Ideas de Madrid pusieron en suspenso su asistencia mientras Allianz continuara entre sus patrocinadores, debido a los vínculos que atribuían a la aseguradora con Israel. Horas después, Allianz se retiró del festival en una decisión que los organizadores calificaron de consensuada. El Círculo de Bellas Artes y La Fábrica asumieron el coste económico de su salida y mantuvieron la programación.
La decisión abrió a su vez otro frente. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció que el Ayuntamiento reconsideraría su apoyo al Festival de las Ideas en futuras ediciones, al considerar que lo ocurrido reducía el espacio para el debate.
Los dos episodios colocan sobre la mesa una fricción que atraviesa actualmente parte del sector cultural. Quienes cuestionan este tipo de exclusiones sostienen que convertir festivales, universidades y encuentros literarios en filtros ideológicos puede reducir la pluralidad precisamente en lugares concebidos para confrontar posiciones distintas. Es la argumentación que ha empleado la propia Universidad de Granada en el caso Harwicz.
Quienes respaldan los boicots culturales parten de otra premisa. Consideran que la programación, la participación y el patrocinio tampoco son decisiones políticamente neutras y que retirar la colaboración o negarse a compartir determinados espacios puede constituir una forma legítima de presión. Los siete participantes que apoyaron la salida de Harwicz defendieron precisamente que su postura no respondía a una valoración de su literatura, sino a sus declaraciones públicas sobre Gaza.
Entre ambas posiciones queda una cuestión que difícilmente terminará con el festival granadino. ¿Dónde acaba el boicot como herramienta de protesta y dónde empieza la exclusión de una voz por sus opiniones? La controversia en torno a Ariana Harwicz demuestra que esa frontera se ha convertido también en materia de disputa dentro de los propios espacios culturales.