El 11 de noviembre (11N), día de la huelga general por la vivienda, los teatros de Madrid reaccionaron de forma desigual: unos cerraron en solidaridad, otros movieron funciones y varios fueron denunciados por los sindicatos, que sostienen que esos cambios vulneraron el derecho a huelga de sus plantillas. Detrás de la polémica hay una pregunta de fondo: ¿quién puede permitirse trabajar en la cultura en el Madrid actual?
Salas independientes como el Teatro del Barrio, en Lavapiés, cerraron en adhesión colectiva a la huelga. Stage Entertainment, productora de El rey león (Teatro Lope de Vega) y El alma al aire (Teatro Coliseum), trasladó primero las funciones del miércoles 11 al lunes 9 y acabó cancelándolas, tras la demanda judicial de CGT, para que el 11 fuera día laborable. Para el público, la jornada supuso programaciones alteradas; para intérpretes y técnicos, un recordatorio de lo difícil que resulta vivir en la ciudad a la que entretienen.
La polémica se concentró en el Teatro Real, que adelantó a las 19:30 del lunes 9 la función de Las bodas de Fígaro prevista para el miércoles 11. En un comunicado alegó razones de seguridad y posibles problemas de movilidad que dificultaran el acceso del público, los artistas y la plantilla, y aseguró que buscaba compaginar el derecho a la huelga con su compromiso con los espectadores.
Los sindicatos no lo aceptan. El comité de empresa denunció el cambio ante la Inspección de Trabajo y CGT convocó una concentración ante el teatro para el lunes 9. CGT y CNT sostienen que trasladar funciones a días libres, o convertir el día de huelga en descanso, vulnera el derecho constitucional a la huelga: si el día deja de ser laborable, nadie puede parar y la protesta pierde su efecto.
Quejas parecidas alcanzaron al Liceu de Barcelona, denunciado ante la Inspección por trasladar una ópera al 12 de noviembre, y a producciones comerciales de Madrid como Los miserables (ATG), que pasó su función del 11 al domingo 8, Six (Grupo Smedia), Wicked o Querido Evan Hansen, aunque no todos los casos son iguales. Hasta el pasado fin de semana, según elDiario.es, Stage era la única que había rectificado.
La paradoja es evidente. El Teatro Real, fundación pública adscrita al Ministerio de Cultura (en cuyo patronato también están la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid), y el Auditorio Nacional, gestionado por el INAEM, están vinculados al departamento ante el que el sector se concentró esa mañana. Desde la administración, el INAEM advirtió de que El rey de la farándula y El caballero de Olmedo (Teatro de la Comedia) y Al final de las cosas (Teatro María Guerrero) podían verse condicionadas por el seguimiento de la huelga, y se comprometió a devolver las entradas si se cancelaban. En el Auditorio Nacional, Cultura ha dicho, según elDiario.es, que no cancelará ni aplazará ninguna función de promotores privados, a los que penalizaría si cancelan, aunque otros medios hablan de conciertos desplazados.
Esa contradicción llevó la protesta a la puerta del ministerio. Trabajadores del audiovisual y del teatro convocaron una concentración a las 9:00 en la plaza del Rey para reclamar bajar los alquileres y subir los salarios; según la convocatoria, después visitarían rodajes y teatros para comprobar que se respetaba el derecho a huelga. No es la primera vez que la Plaza del Rey recibe al sector: en junio de 2025, artistas y trabajadores del INAEM se concentraron allí contra la «deriva autoritaria» del organismo. El Gobierno aprobó en julio el Estatuto del Artista, pero el texto de la convocatoria señala que quedan puntos fundamentales por resolver.
Más allá de las funciones reprogramadas queda la cuestión de fondo. Según Idealista, Madrid es la capital con el alquiler más caro del país: 23,4 euros por metro cuadrado en octubre, unos 1.870 euros al mes por un piso de 80 metros, y en distritos céntricos como Justicia-Chueca se superan los 2.000. Madrid cerró 2025 con una subida del 9,7%.
Los ingresos del sector, en cambio, reflejan una precariedad extendida. El quinto informe sociolaboral de la Fundación AISGE (datos de 2023) concluye que el 77% de los actores y bailarines ingresa menos de 12.000 euros anuales por su trabajo artístico y que, contando solo esos ingresos, el 72% está por debajo del umbral de la pobreza. Con otros empleos, el 44% sigue por debajo. Ellas, además, ingresan menos: una media de 8.320 euros anuales por su labor artística, frente a los 11.677 de ellos, y fueron mayoría entre quienes no lograron trabajar artísticamente ni un día en 2023.
Una encuesta de 2022 a 1.384 artistas y trabajadores culturales, recogida por el Observatorio Social de la Fundación «la Caixa», indica que casi el 60% gana menos de 1.500 euros al mes con su actividad cultural. Entre los menores de 35 años, el 70% sufre dificultades económicas y el 63% trabaja o ha trabajado de forma irregular.
La alianza entre activistas por la vivienda y creadores se plasmó en el manifiesto «El 11N, la cultura también para», firmado por más de 800 profesionales, colectivos y organizaciones, con nombres como Rodrigo Sorogoyen, Alana S. Portero, Andrea Abreu, Sabina Urraca, Carlos Bardem, Paul B. Preciado o Nacho Vegas. Pide vivienda estable con contratos indefinidos, tope a los alquileres en zonas tensionadas, el fin de los desahucios, autónomos y fiscalidad adaptados a ingresos intermitentes, y retomar reformas paradas como la Ley del Cine, bloqueada en 2023 y de nuevo este año por el final de la legislatura.
La huelga ha puesto sobre la mesa que el precio de la vivienda y la supervivencia del trabajo cultural van de la mano. Si no cambian ni los alquileres ni los sueldos, Madrid corre el riesgo de que crear acabe siendo cosa de quien pueda pagárselo.