El Estatuto del Artista vuelve a estar en el centro del debate cultural. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado en el Senado que el decreto que regulará la relación laboral especial de las personas artistas está “a pocas semanas ya de ver la luz” y que los trabajos están “completados prácticamente”. El texto, negociado con el Ministerio de Trabajo, busca actualizar una regulación de 1985 que ya no responde al funcionamiento real del sector: rodajes, giras, ensayos, promoción, doblaje, plataformas, redes sociales, inteligencia artificial y trabajos intermitentes.
El origen político del Estatuto se remonta a 2018, cuando el Congreso aprobó un informe con 57 medidas concretas y 17 recomendaciones generales para adaptar la legislación a la especificidad del trabajo cultural. En 2022, el entonces ministro Miquel Iceta resumía así el avance: “De esas 57 medidas, 38 están ya acordadas con los Ministerios competentes o en mesa de negociación”. La frase marcaba una idea que sigue vigente: el Estatuto no es una sola ley, sino un paquete de reformas laborales, fiscales, educativas y de Seguridad Social.
La primera gran pieza llegó con el Real Decreto-ley 5/2022, que amplió la relación laboral especial de los artistas para incluir no solo a intérpretes, músicos o actores, sino también a personal técnico y auxiliar imprescindible para la actividad cultural. La norma incorporó a sastrería, peluquería, maquillaje, montaje, asistencia técnica y otras tareas ligadas directamente a la producción artística, siempre que no fueran actividades estructurales o permanentes de la empresa. También obligó a formalizar los contratos por escrito y estableció que los contratos temporales deben justificar con precisión su causa.
Aquel decreto incluía además un plazo: el Gobierno debía aprobar en doce meses una nueva regulación completa para sustituir el Real Decreto 1435/1985. Ese plazo venció en 2023. Por eso el senador del PNV Igotz López ha reprochado ahora al Ejecutivo la lentitud del proceso. Urtasun, en cambio, ha defendido que durante esta legislatura “no han parado” de llegar medidas, entre ellas la Ley de Enseñanzas Artísticas, la introducción de la intermitencia en el IRPF para ingresos irregulares y nuevas líneas de ayudas a estructuras de asociaciones culturales.
El nuevo decreto que ahora se prepara aborda varias cuestiones centrales. Una de las más novedosas es la inteligencia artificial generativa. El Gobierno quiere permitir su uso solo dentro del marco pactado en el contrato de una obra concreta y siempre que no sirva para sustituir el trabajo de la persona artista. Es decir, una voz, una imagen, una interpretación o una réplica digital no podrían utilizarse libremente en otros proyectos ni prolongarse más allá del contrato original.
Otro punto importante será la inclusión de ensayos, promoción y otras actividades previas dentro de la jornada laboral. El objetivo es evitar que el trabajo cultural se compute únicamente por el momento visible de la actuación, el concierto, la función o el rodaje, dejando fuera horas indispensables que hasta ahora quedaban en una zona gris. También se prevé mayor claridad salarial, para que las nóminas detallen qué parte corresponde a salario, derechos de autor, imagen u otros conceptos.
El texto incorpora además una mirada de género especialmente relevante para el sector audiovisual y escénico. Será obligatoria la figura del coordinador de intimidad en escenas sexuales o íntimas, con la función de garantizar que se rueden conforme a lo pactado y de prevenir abusos o situaciones de acoso. También se reforzarán los protocolos antiacoso para adaptarlos a la intermitencia del sector: no tiene sentido que una denuncia tarde meses en tramitarse si el rodaje o la gira han terminado antes.
La protección de menores será otro eje. El Gobierno plantea regular de forma expresa el trabajo de menores de 16 años en producciones audiovisuales, musicales, teatrales y también en entornos digitales. La actividad deberá articularse mediante una relación laboral, con una empresa responsable, límites horarios y garantías de escolarización. Esto afecta también al fenómeno de los menores que trabajan en redes sociales o contenidos de influencia familiar.
En Seguridad Social ya se han dado pasos previos. En 2019 se reguló la compatibilidad entre pensión contributiva de jubilación y actividad de creación artística, y en 2023 se aprobó una prestación especial por desempleo para artistas, técnicos y auxiliares, junto a mejoras de protección social y cotización para determinados perfiles. El propio José Luis Escrivá defendió en 2022 que “los profesionales de la cultura estarán exentos” del desincentivo a los contratos de muy corta duración, precisamente por la intermitencia estructural de su trabajo.
Lo que queda pendiente no es menor. Tras la aprobación del decreto laboral, Urtasun ha señalado que el siguiente paso será negociar con Seguridad Social la adaptación de las cotizaciones de los autónomos culturales. Ese es uno de los grandes nudos del Estatuto: cómo proteger carreras discontinuas, ingresos irregulares y periodos sin actividad sin penalizar a quienes viven de proyectos breves. Para muchas mujeres del sector, además, esa intermitencia se cruza con maternidad, cuidados y trayectorias laborales partidas.
El Estatuto del Artista llega, por tanto, como una reforma largamente reclamada y todavía incompleta. Ordena parte del trabajo cultural, actualiza derechos frente a la inteligencia artificial y refuerza garantías laborales, pero su alcance real dependerá de su aprobación definitiva, de su desarrollo reglamentario y de que las medidas de Seguridad Social no vuelvan a quedar aplazadas.