Cuando Lucía Llano habla de la Guardia Civil no lo hace en pasado. Ni siquiera cuando se refiere a los años en los que una enfermedad la obligó a dejar el uniforme. Lo hace como quien sigue patrullando una frontera invisible, la de la dignidad de quienes sirvieron al Estado y después quedaron fuera del foco. En un país que acostumbra a homenajear a sus héroes solo cuando están en activo, Llano ha convertido a los retirados en una voz que ya no se puede ignorar.
Ingresó en la Guardia Civil con apenas 18 años, a comienzos de los noventa, cuando el cuerpo aún era un territorio abrumadoramente masculino. Lucía Llano se curtió en destinos duros, en un trabajo donde la disciplina y el servicio eran algo más que palabras. Pero su carrera quedó truncada por una enfermedad crónica, la artritis reumatoide, que le fue cerrando puertas hasta empujarla al retiro forzoso. Tenía poco más de treinta años cuando tuvo que asumir que ya no podía seguir en activo.
El día que dejó el uniforme, pero no el deber
Para Lucía Llano, el retiro no fue un final, sino una grieta. Como tantos otros guardias civiles en su misma situación, descubrió que la institución para la que había trabajado no tenía una estructura real para acompañar a quienes ya no podían servir. Los retirados existían en los márgenes, sin representación, sin visibilidad, sin un espacio propio dentro del cuerpo.
Ahí empezó todo. Lucía Llano decidió que aquel abandono no podía ser la última palabra. Se formó en otras áreas, se empapó de legislación, de derechos sociales, de cómo funcionaban las asociaciones civiles. Y, sobre todo, empezó a escuchar. A hablar con viudas, con compañeros retirados por enfermedad, con familias que habían quedado en tierra de nadie tras una vida de servicio público.

De ese malestar colectivo nació Retirados Asociados de la Guardia Civil de España, RAGCE. Una asociación que Lucía Llano cofundó y que hoy preside a nivel nacional. Lo que empezó como una red de apoyo casi artesanal se convirtió, bajo su liderazgo, en una estructura con miles de socios en toda España. Un actor incómodo, pero ya imprescindible, dentro del ecosistema de la Guardia Civil.
Lucía Llano ha empujado para que los retirados tengan reconocimiento institucional, tarjetas oficiales, canales de atención en las comandancias y un espacio en la normativa interna del cuerpo. Ha llevado sus reivindicaciones a ministerios, parlamentos y foros públicos. Ha hecho, en definitiva, lo que nadie había hecho antes: convertir a un colectivo invisible en un sujeto político.
De los despachos a las emergencias
El perfil de Lucía Llano no es solo el de una dirigente asociativa. Durante la DANA de 2024, que golpeó con fuerza varias zonas de España, RAGCE se movilizó para apoyar a los damnificados y colaborar en la coordinación de ayudas y recursos. Esa implicación fue reconocida oficialmente con un distintivo honorífico por su participación en los dispositivos de emergencia y seguridad, un gesto que simboliza hasta qué punto su trabajo ya no se limita a los despachos.
Para Lucía Llano, ese reconocimiento no es una medalla personal, sino una prueba de que los retirados siguen siendo útiles cuando el país los necesita. Que la experiencia no caduca con la jubilación. Que la Guardia Civil también existe más allá del servicio activo.
El ascenso público de Lucía Llano no ha sido cómodo para todos. Defender a los retirados implica señalar carencias, denunciar vacíos legales y poner en evidencia a una administración que durante décadas miró hacia otro lado. Su nombre aparece ya en listas de liderazgo social, en premios y reconocimientos. Pero su discurso sigue siendo el mismo: los veteranos no quieren caridad, quieren derechos.
Esa mezcla de firmeza y biografía personal ha convertido a Lucía Llano en algo más que una presidenta de asociación. Es una figura que encarna una pregunta incómoda para el Estado: qué pasa con quienes lo dieron todo cuando ya no pueden seguir dando. Su historia, desde luego, es un magnífico ejemplo.

