La jubilación parcial del sector público encara por fin su salida del atasco. El Gobierno prepara una reforma para permitir que el personal laboral de las administraciones pueda acceder de nuevo a esta modalidad mediante la contratación temporal de relevistas mientras se resuelve la cobertura fija de la plaza. La fórmula, que previsiblemente llegará en forma de real decreto-ley, intenta corregir un bloqueo que se arrastra desde el 1 de abril de 2025, cuando la nueva regulación endureció tanto las condiciones del contrato de relevo que dejó esta vía prácticamente inutilizada en las administraciones.
El problema no era menor. La jubilación parcial del sector público había quedado atrapada entre dos lógicas difíciles de casar. Por un lado, la reforma general exigía que el relevista tuviera un contrato indefinido a tiempo completo y que su relación laboral se prolongara, al menos, dos años tras la jubilación total del trabajador relevado. Y por el otro, en el empleo público no basta con contratar de forma directa: las plazas deben someterse a procedimientos vinculados a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Ese choque convirtió en casi imposible una herramienta que en el sector privado podía resolverse con mucha más facilidad.
Un cambio pensado para romper el atasco administrativo
La solución que prepara el Ejecutivo pasa por permitir un contrato temporal de relevo mientras se tramita la convocatoria que debe desembocar en la incorporación del relevista fijo. Es decir, la jubilación parcial del sector público podría activarse sin esperar a que todo el proceso selectivo estuviera cerrado de antemano. Algo que hasta ahora hacía inviable su aplicación real en ayuntamientos, comunidades autónomas y otros organismos públicos.
La medida, además, no se plantea como una puerta abierta a la temporalidad sin control. Según la información avanzada sobre el borrador, las administraciones deberán contar con instrumentos de planificación de recursos humanos y las plazas vinculadas a estas jubilaciones tendrán que incorporarse a la oferta de empleo público del año correspondiente o, si no fuera posible, a la siguiente. En otras palabras, el interino actuaría como solución transitoria, no como sustitución permanente del relevista fijo que exige el modelo.
Qué cambia para los trabajadores públicos
Si la norma sale adelante, la jubilación parcial del sector público volverá a ser una opción real para miles de empleados laborales fijos a tiempo completo que llevan casi un año viendo suspendido de facto un derecho que antes podía aplicarse con relativa normalidad. El cambio sería especialmente relevante en administraciones con plantillas envejecidas, donde esta fórmula no solo permite una salida gradual del trabajador veterano, sino también una entrada ordenada de nuevo personal.
La reforma también prevé, según las informaciones conocidas, un supuesto adicional: que si el relevista indefinido cesa antes de que transcurran los dos años exigidos tras la jubilación completa del relevado, la administración pueda recurrir de nuevo a un trabajador temporal hasta que se incorpore otro empleado fijo vinculado a ese proceso. Con ello, el Gobierno intenta blindar la continuidad del sistema y evitar que una baja o una salida imprevista vuelva a bloquear la jubilación parcial del sector público.
El debate de fondo: temporalidad y empleo público
El movimiento tiene una lectura política y laboral evidente. El Ejecutivo intenta resolver una demanda muy insistente de los sindicatos, que llevan meses reclamando una corrección del modelo aprobado en 2025. CCOO y UGT han trasladado que la recuperación de la jubilación parcial del sector público para el personal laboral está cercana, aunque recuerdan que sigue pendiente su extensión o encaje definitivo para funcionarios y personal estatutario.
Mientras, otras organizaciones sindicales han recibido el anuncio con escepticismo y han advertido de que habrá que ver la letra pequeña del decreto cuando llegue al Consejo de Ministros.
Ahí aparece la gran contradicción de fondo. El Gobierno quiere desbloquear la jubilación parcial del sector público, pero al mismo tiempo debe evitar que la solución incremente de forma estructural la temporalidad en las administraciones. Por eso el diseño del relevo interino se presenta como una salida excepcional y transitoria, subordinada a la posterior cobertura fija de la plaza.
El equilibrio no es sencillo. Si el sistema se queda corto, el atasco seguirá vivo. Si se abre demasiado, volverá a chocar con el objetivo oficial de reducir la precariedad en el empleo público.
Un derecho a la espera del decreto
La clave ahora está en el calendario. La medida se da por inminente en el plano político y sindical. Pero todavía necesita convertirse en norma y superar después la convalidación parlamentaria si finalmente se aprueba por real decreto-ley. Hasta entonces, conviene hablar en futuro.
La jubilación parcial del sector público no está plenamente recuperada aún. Pero sí parece mucho más cerca que hace unas semanas. Después de casi un año de bloqueo, la contratación de interinos se perfila como la palanca elegida por el Gobierno para reactivar una figura especialmente sensible en las administraciones.