La directora gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, acudirá hoy a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de la investigación sobre la presunta financiación a terceros dentro del caso Leire Díez. En medios jurídicos, esta declaración se considera un hito previo relevante para el siguiente paso: la posible imputación del PSOE como persona jurídica, un riesgo latente que cada vez se percibe más próximo. En este sentido, fuentes cercanas al caso aseguran a Artículo14 que, efectivamente, el partido será citado a declarar como persona jurídica.
El PSOE ha comenzado a tomar las primeras medidas. En sus últimas cuentas de 2025, el partido eleva en más de un millón de euros sus provisiones para hacer frente a distintos compromisos, entre ellos las “obligaciones judiciales”. En concreto, tal y como refleja su Memoria de 2025, Ferraz consigna 10,081 millones de euros, 1,32 millones más que el año anterior, en el bloque que define como ‘Otras Obligaciones’.
Una decisión que ratificó Ana Fuentes, quien, del pasado 27 de junio, formuló las cuentas del partido, que se presentaron y recibieron la aprobación de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ese mismo día.
Incluye “obligaciones judiciales”
Según explica la Memoria, durante 2025 “se han dotado las provisiones que la dirección ha considerado convenientes para cubrir el coste de compromisos adquiridos con anterioridad o en el propio ejercicio, a las que viene obligado por la normativa aplicable”. En este sentido, el PSOE dotó con 3,29 millones las provisiones del ejercicio, aunque, en paralelo, revertió provisiones por más de 1,916 millones, lo que situó en el total en 10,4 millones. En términos globales, supone cerca de 1,4 millones más que un año antes.
Sin embargo, cuando se ahonda en el detalle de las mismas, prácticamente el 96% se engloba en lo que el partido define como ‘Otras obligaciones’. “Los movimientos de 2025 responden fundamentalmente a la dotación para la celebración del próximo 42 Congreso Federal, además de la provisión de ciberataques y obligaciones judiciales“, detalla el documento. En este sentido, llama atención que, frente a 2024, la memoria incluya específicamente, entre los conceptos provisionados las “obligaciones judiciales”.
A su vez, dentro de estas ‘Otras obligaciones’ se incluyen responsabilidades de ámbito laboral derivadas de un pacto alcanzado hace diez años con sus trabajadores en función de los resultados electorales de 2019. De manera recurrente, el PSOE consigna el 30% del coste anual en personal.
Anticipación
Tal y como informó Artículo14, el PSOE enfrenta el riesgo de dos posibles investigaciones penales como persona jurídica en sendas causas abiertas en la Audiencia Nacional e instruidas por los jueces Santiago Pedraz e Ismael Moreno. Este último indaga la existencia de posibles indicios de financiación irregular, mientras que Pedraz analiza si las cloacas de Ferraz pudieron ser financiadas desde el partido. Ambos casos comenzaron a investigarse a finales del pasado año, por lo que pudieron ser tenidos en cuenta en la formulación de las cuentas el pasado mes de junio, cuando el partido ya era conocedor de estos riesgos judiciales.
Cabe recordar que a finales de noviembre de 2025, Ismael Moreno solicitó al PSOE los detalles de todos los pagos en efectivo entre 2017 y 2024, así como sus justificantes. Una investigación que tiene su origen en el caso Koldo, tras los desajustes detectados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los pagos en efectivo por parte de los acompañantes de Pedro Sánchez en el ‘clan del Peugeot’: José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.
A esta pieza, se han incorporado las declaraciones de Carmen Pano, que asegura que llevó 90.000 euros en bolsas a Ferraz, y las del empresario Víctor de Aldama, quien habría aportado información sobre una presunta financiación irregular de la Internacional Socialista.
Caso Leire
Por su parte, Santiago Pedraz comenzó también a investigar en diciembre de 2025 las maniobras de la exmilitante del PSOE Leire Díez como presunto brazo ejecutor de una trama supuestamente liderada por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Es en este marco en el que se produce la declaración de Ana Fuentes ante la Audiencia Nacional.
Fuentes está imputada por su posible participación como cómplice, al haber facilitado presuntamente la emisión de “mendaces notas de encargo” para posibilitar los pagos desde el partido, lo que constituiría -en caso de confirmarse- un delito de falsedad en documento mercantil. Después de ella declarará también el abogado Ismael Oliver, vinculado al partido y que exletrado de Koldo García, bajo la sospecha de que habría servido de “vehículo” para canalizar los pagos a la fontanera de Ferraz a través de sus sociedades.
Ferraz: “No ha habido financiación irregular”
El PSOE ha recibido un requerimiento de documentación del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional, en el marco de un procedimiento declarado secreto y ajeno a financiación ilegal.
Por supuesto, dicha solicitud de requerimiento, no de registro, ha sido atendida con plena…
— PSOE (@PSOE) May 27, 2026
En el marco de las investigaciones, desde el PSOE se insiste en que “no ha habido financiación irregular”. Un mensaje en el que defiende Pedro Sánchez desde el pasado otoño. La última en pronunciarse fue ayer Montse Mínguez, portavoz del partido, quien defendió que el PSOE se ha “desnudado” ante el juez y ha entregado el Excel de sus cuentas. “Yo no sería portavoz y lo dejo el día de mañana si supiera que se hubiera financiado de manera irregular”, afirmó.
En paralelo, la eventual imputación del PSOE como persona jurídica ha dejado de ser una posibilidad remota y se convierte en un riesgo judicial cada vez más próximo.