Envejecimiento de la población

España invierte en los jóvenes 18.700 euros per cápita menos que en los mayores

En 2024, España destinó un 19,1% del PIB al envejecimiento, frente al 6,9% destinado a generar nuevas oportunidades

Desequilibrio intergeneracional
Desequilibrio intergeneracional

Desde el año 2017, España vive un cambio poblacional que ha transformado la manera en la que se desarrollan las políticas. Hace nueve años los votantes de más de 64 años superaron por primera vez en la historia a los menores de 35, por lo que el gasto público se ha desplazado hacia las pensiones, prestaciones de supervivencia y sanidad. Así lo señala el estudio elaborado por Fedea Instituciones, Envejecimiento y Equidad Intergeneracional. Y es que, actualmente España invierte en los jóvenes 18.700 euros per cápita menos que en los mayores.

El estudio elaborado por el subdirector de Fedea, José Ignacio Conde-Ruiz, señala que, en el año 2024, el país destinó un 19,1% del PIB en el gasto relacionado con el envejecimiento (pensiones y sanidad). Teniendo en cuenta que el PIB nominal en ese año fue de 1.594.330 millones de euros, España dedicó aproximadamente 304.517 millones de euros a estas partidas. Frente a esto choca el porcentaje del PIB que se destinó a oportunidades (educación, I+D, vivienda y políticas de familia): un 6,9%, lo que representa unos 110.008 millones. Se trata de unos datos que evidencian una brecha de 194.508 millones de euros.

Dinero público destinado por edades (Gráfico de columnas)

 

Desplazamiento del gasto

Para extraer el gasto por persona en función de la edad hay que tener en cuenta que, en el año 2024, en España había 9.128.928 ciudadanos mayores de 64 años, por lo que el país destinó unos 33.358 euros per cápita a los más mayores. Por el contrario, teniendo en cuenta que ese año había 7.518.987 de personas de entre 16 y 34 años, da como resultado que España gastó apenas 14.631 euros per cápita. Esto da como resultado una brecha de unos 18.727 euros.

El estudio elaborado por Conde-Ruiz ya advierte de este desajuste en el que el desplazamiento del gasto hacia las prestaciones de vejez ya ha consumido más de cinco puntos del PIB en dos décadas, mientras que el gasto en envejecimiento ha pasado del 13,8% al 19,1% del PIB desde 1995. Por su parte, la inversión pública se ha derrumbado de un 4,4% a un exiguo 2,7% (43.047 millones).

Fedea señala que este cambio poblacional supone el cambio estructural más importante que ha experimentado el sistema político español en las últimas décadas: “El momento en que la aritmética electoral basculó de forma permanente hacia las generaciones mayores”.

Importancia de la productividad

Además, indica que la única salida de esta “trampa” pasa por la productividad, ya que es el único factor de crecimiento sin límite demográfico y que puede compensar el envejecimiento de la población. El problema reside en que cuando una economía más necesita invertir en productividad (en educación, innovación, capital humano), la demografía política empuja en la dirección contraria. Y es que, con un electorado cada vez más envejecidos, las políticas premian el gasto en pensiones y no las inversiones a largo plazo. “El resultado es un sistema político que, impulsado por la demografía política, mira a la edad cuando debería mirar al futuro”, concluye el estudio elaborado por Conde-Ruiz.

La inmigración amortigua, pero no soluciona

El informe también destaca que la inmigración ha actuado como un “amortiguador” del envejecimiento demográfico. Entre 2000 y 2019, el llamado dividendo demográfico – efecto que tiene la estructura por edades de la población sobre el crecimiento económico- habría sido del -0,39% anual si no hubiera existido inmigración, frente al -0,16% registrado. En otras palabras, los flujos migratorios lograron reducir en torno al 60% el impacto negativo del envejecimiento de la población durante esas dos décadas.

De cara al futuro, las proyecciones del INE recogidas en el estudio apuntan a que el dividendo demográfico seguirá siendo negativo incluso con la inmigración prevista: -0,07% anual entre 2024 y 2030, -0,64% entre 2031 y 2040 y -0,53% entre 2041 y 2050. Sin embargo, Fedea advierte de que, sin esos flujos migratorios, el deterioro sería aún mayor, con tasas del -0,30%, -0,87% y -1,02%, respectivamente. La conclusión es que la inmigración alivia la presión del envejecimiento, pero no basta para compensarla por completo.

Mayor peso de los jóvenes en el electorado

En este sentido, Fedea ha elaborado una serie de propuestas vinculadas a elevar la representación política de las generaciones futuras, crear reglas fiscales con perspectiva generacional y adaptar del Estado del bienestar a la longevidad.

Para equilibrar el peso electoral que actualmente favorece a los mayores, propone rebajar la edad de voto a los 16 años para aumentar el peso relativo de los votantes jóvenes, crear figuras como comisionados o defensores de las generaciones futuras y garantizar que los jóvenes tengan asiento en órganos donde se negocian políticas de largo plazo, como el Pacto de Toledo; una memoria de impacto intergeneracional para exigir un análisis técnico que cuantifique cómo se distribuyen los costes y beneficios entre las distintas edades; e implementar asambleas ciudadanas con cuotas de edad para abordar temas como la reforma de pensiones o la transición energética.

Equilibrar el gasto

Respecto a la creación de reglas fiscales con el objetivo de que las decisiones de gasto presentes se financien sistemáticamente con deuda que pagarán los jóvenes propone prohibir el déficit estructural para no transferir cargas a las generaciones que aún no votan; y que por cada euro adicional destinado a programas para mayores (pensiones, sanidad, dependencia), debe asignarse otro euro a políticas de futuro (educación, I+D, vivienda, infancia); y que ninguno se financie con deuda.

Reforma de pensiones

Por último, Fedea aboga por un sistema que reconozca la realidad demográfica actual y propone una reforma del sistema de pensiones que tenga en cuenta toda la vida laboral para el cálculo de la pensión, así como recuperar el factor de sostenibilidad para ajustar automáticamente la pensión inicial a la esperanza de vida. Además, sugiere la creación de una jubilación gradual y flexible con una salida progresiva, impulsar los planes de pensiones de empleo y desarrollar una  Ley de Dependencia que cubra el riesgo de cuidados de larga duración, permitiendo incluso reducir ligeramente la generosidad de las pensiones a cambio de esta protección real.

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