La vivienda está cambiando la fotografía real de la pobreza en España. Un estudio de Fedea calcula que la tasa de pobreza en España pasaría del 19,5% oficial al 23,5% si se tuviera en cuenta cuánto dinero queda realmente en los hogares después de pagar el coste de acceder a una vivienda.
La diferencia equivale a cerca de 1,95 millones de personas que no aparecen como pobres en las estadísticas convencionales, pero que caen por debajo del umbral una vez abonado el alquiler o los gastos vinculados al alojamiento.
El informe, elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz y Álvaro Pinto a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, denomina a este fenómeno “pobreza oculta”. La idea central es sencilla: dos hogares pueden tener los mismos ingresos y, sin embargo, disponer de capacidades económicas completamente diferentes dependiendo de cuánto tengan que destinar cada mes a vivir bajo un techo.
La vivienda eleva la pobreza del 19,5% al 23,5%
La tasa de pobreza en España se situó oficialmente en el 19,5% en 2025. Ese indicador se calcula utilizando la renta disponible de los hogares y fija como umbral el 60% de la mediana nacional.
Fedea propone añadir una segunda fotografía. Si antes de evaluar la situación económica se descuentan los costes de acceso a la vivienda, la tasa ascendería cuatro puntos porcentuales, hasta el 23,5%.
El resultado no elimina la mejora registrada durante la última década, pero sí muestra que la renta por sí sola puede ofrecer una visión incompleta del nivel de vida real.
Los autores insisten además en que la vivienda no solo empuja a nuevos hogares por debajo del umbral. También reduce todavía más la capacidad económica de quienes ya se encontraban en situación de pobreza.
Uno de cada dos inquilinos quedaría por debajo del umbral
El problema se concentra especialmente en el alquiler a precio de mercado. Según Fedea, la pobreza convencional afecta al 32,8% de las personas que viven bajo este régimen.
Pero cuando se descuenta el alquiler realmente pagado, la proporción se dispara hasta el 49,9%. Prácticamente uno de cada dos inquilinos quedaría así por debajo del umbral ajustado por vivienda.
La magnitud del efecto aparece todavía más clara al observar a quienes inicialmente no son considerados pobres: uno de cada cuatro cruza el umbral después de pagar el alquiler.
Los hogares arrendatarios concentran además el 72,5% de los 1,95 millones de personas que Fedea identifica dentro de esa “pobreza oculta”.
Esta transformación coincide con un aumento del peso del alquiler en España. En 2014 vivía a precio de mercado el 12,1% de la población. En 2025 la proporción había aumentado hasta el 17,4%.
La propiedad sin hipoteca cambia completamente la fotografía
En el extremo contrario aparecen quienes poseen una vivienda completamente pagada. El estudio incorpora aquí el denominado “alquiler imputado”, una herramienta estadística que intenta valorar el beneficio económico de no tener que pagar una renta mensual de mercado.
Fedea calcula que alrededor de 3,38 millones de personas clasificadas inicialmente como pobres dejarían de estarlo al introducir ese beneficio residencial.
El fenómeno se concentra sobre todo entre propietarios de mayor edad sin hipoteca. Pueden disponer de ingresos monetarios relativamente bajos, pero tienen una ventaja económica importante frente a otro hogar con la misma renta que debe dedicar cientos de euros mensuales al alquiler.
Eso no significa que reciban dinero adicional. Significa que necesitan menos ingresos para cubrir una de las principales partidas del presupuesto familiar.
Jóvenes y extranjeros concentran una parte mayor del riesgo
La tasa de pobreza en España ajustada por vivienda tampoco se distribuye de manera uniforme. El estudio encuentra una mayor vulnerabilidad entre hogares jóvenes, personas nacidas fuera de la Unión Europea y residentes en zonas donde el mercado inmobiliario soporta una fuerte presión.
Madrid, Cataluña y Baleares aparecen entre los territorios donde el coste residencial puede provocar mayores diferencias entre la renta nominal y la capacidad económica efectiva.
La situación resulta especialmente delicada para los jóvenes que todavía no han conseguido acumular patrimonio y dependen del alquiler privado para emanciparse.
Fedea propone cambiar cómo se conceden algunas ayudas
El estudio tiene también implicaciones para las políticas públicas. Los autores consideran que medidas como el Ingreso Mínimo Vital podrían incorporar explícitamente el coste de la vivienda cuando se evalúa la situación económica de cada hogar.
Actualmente, una familia puede superar determinados límites de renta y quedar fuera de una prestación aunque una parte muy elevada de esos ingresos desaparezca cada mes en el alquiler.
Fedea sostiene que tener en cuenta esta circunstancia permitiría identificar mejor situaciones de vulnerabilidad que permanecen ocultas cuando únicamente se observa el dinero ingresado.
El estudio deja así una conclusión especialmente significativa: el problema de la vivienda ya no afecta únicamente a la posibilidad de comprar o alquilar una casa, sino también a la forma en que España mide quién es realmente pobre.
La tasa de pobreza en España oficial continúa en el 19,5%. Pero cuando se introduce uno de los gastos más inevitables de cualquier hogar, la fotografía cambia considerablemente y prácticamente uno de cada cuatro ciudadanos aparece por debajo del umbral.