José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, cede ante las presiones de miles de madrileños y mantiene la moratoria a los coches sin etiqueta medioambiental. Los vehículos sin distintivo cuyos propietarios estén empadronados en la capital o dados de alta en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) podrán continuar circulando por el término municipal (Madrid ZBE) hasta el 31 de diciembre de 2026, según ha informado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. El titular de Movilidad ha subrayado que la excepción “solo afecta a los que residen en la ciudad de Madrid y no a los que están domiciliados fuera de ella, que esos siguen sin poder circular ya desde hace más de un año”.

Finalizaba este 31 de diciembre
En principio, la moratoria concedida por el Consistorio finalizaba este 31 de diciembre de 2025 y afectaba a todos los vehículos de gasolina anteriores al año 2000, y de diésel anteriores a 2006. A partir de entonces, tendrían prohibida su entrada en todo el municipio de Madrid. Ahora, tal y como ha anunciado Carabante, podrán continuar circulando por la ciudad hasta el 31 de diciembre de 2026, siempre que los vehículos estén empadronados en Madrid o dados de alta en el IVTM.

Las ZBE se mantienen
El concejal ha recordado que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital se mantienen con la nueva ordenanza: Distrito Centro (la zona sucesora de Madrid Central) y Plaza Elíptica. En ambas, estos vehículos seguirán teniendo prohibida la circulación.
Entre 14.000 y 15.000 para 4,8 millones de accesos
En total la moratoria afectará a “apenas 14.000, 15.000 vehículos que circulan por la ciudad de Madrid, que sobre los 4,8 millones de accesos que hay a la zona de bajas emisiones suponen un valor muy pequeño y, por tanto, un impacto también pequeño en la movilidad”. Carabante ha defendido que “la sostenibilidad ambiental tiene que ir acompañada de la sostenibilidad social y las políticas medioambientales no pueden suponer un perjuicio notable en la vida diaria de los ciudadanos”.


