La detención en el sur de Florida de Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro, es un nuevo episodio dentro de la estrategia de endurecimiento impulsada por Estados Unidos contra personas vinculadas al aparato político y militar de Cuba. El arresto, ejecutado por ICE, llega apenas días después de otra acción similar contra familiares de altos cargos del régimen y alimenta la percepción de que Washington ha iniciado una etapa de mayor presión sobre el entorno cercano al poder en La Habana.
Rosales Aguirreurreta ingresó a Estados Unidos en 2023 con una visa de turismo B1/B2 emitida en La Habana y residía en Miami mientras intentaba regularizar su situación migratoria, según informaron los medios locales. Su nombre apareció en la base de datos oficial de ICE, aunque hasta ahora las autoridades estadounidenses no han revelado públicamente el centro de detención donde permanece ni detalles específicos sobre su caso.
Sube la presión en La Habana
La mujer es hija de Ulises Rosales del Toro, uno de los dirigentes históricos más influyentes del sistema cubano durante décadas. El militar ocupó posiciones de máxima relevancia dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del aparato político del país. Fue jefe del Estado Mayor General de las FAR, ministro del Azúcar, ministro de la Agricultura y vicepresidente del Consejo de Ministros, además de mantener estrechos vínculos con Fidel Castro y Raúl Castro.
Aunque Alina Rosales no es una figura pública dentro de la política cubana, su apellido forma parte de la cúpula del castrismo. La detención vuelve a poner bajo escrutinio la presencia en territorio estadounidense de familiares de dirigentes cubanos mientras la isla atraviesa una crisis económica y social gravísima.
El arresto ocurre en un contexto de creciente tensión entre Washington y La Habana. Apenas una semana antes, las autoridades migratorias estadounidenses detuvieron a Adys Lastres Morera, hermana de la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, actual presidenta ejecutiva de GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas. En ese caso, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que no existiría “ningún lugar en la Tierra” donde personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional estadounidense pudieran “vivir con lujos”.
¿Agresión militar contra Cuba?
GAESA fue sancionada este mes por la administración de Donald Trump junto a su directiva y a la minera Moa Nickel. Washington sostiene que el conglomerado militar controla una parte importante de la economía cubana, con presencia en sectores como el turismo, las remesas, las finanzas y el comercio en divisas. Por eso, las medidas recientes no se leen solo como casos migratorios aislados, sino como parte de una ofensiva más amplia contra las redes de poder económico y familiar que rodean al régimen cubano.
En el caso de Alina Rosales, las autoridades no han informado de cargos penales adicionales ni han explicado públicamente el motivo exacto de la detención. Sin embargo, abogados migratorios consultados por medios locales señalaron que una persona puede ser puesta en proceso de deportación si las autoridades consideran que hubo irregularidades en la obtención de una visa o durante trámites posteriores de regularización.
La detención coincide además con una escalada verbal entre ambos gobiernos. Esta misma semana, el canciller cubano Bruno Rodríguez acusó a Marco Rubio de intentar manipular a la opinión pública para justificar una “agresión militar” contra Cuba. Rodríguez negó que la isla represente una amenaza para Estados Unidos y criticó las recientes acusaciones y sanciones anunciadas desde Washington.