Un juez ha encarcelado, de manera preventiva y por cinco meses, al expresidente de Bolivia Luis Arce en una prisión de La Paz, en el marco de una investigación por presuntos malos manejos en un fondo para proyectos indígenas cuando era ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019). Concretamente, el juez anticorrupción Mario Helmer Laura ha señalado que Arce “deberá defenderse con una medida extrema de detención preventiva” en el penal de San Pedro, situado en el centro de La Paz, “por el tiempo de cinco meses”.
Asimismo, el juez ha precisado que el exmandatario podrá solicitar una salida judicial con motivos médicos “en cualquier momento” y que la Dirección de Régimen Penitenciario tendrá que dar las garantías para resguardar su seguridad física en un sitio “diferente” a la población sentenciada en esa cárcel.
La decisión judicial, dictada tras más de seis horas de una audiencia cautelar virtual, ha valorado que Arce no pudo desvirtuar del todo el peligro de obstaculización en el proceso, pese a haber brindando garantías laborales y acreditar una residencia estable en La Paz.
Durante la audiencia, Arce se ha declarado “absolutamente inocente” y ha atribuido su aprehensión a motivos “claramente políticos” al considerar que el Gobierno de Rodrigo Paz “busca chivos expiatorios” y cubrir lo que sucede en el país.
El ex jefe de Estado también ha sostenido que su arresto hace dos días fue “ilegal” y ha relatado que el día de su detención fue interceptado por “encapuchados” en un barrio céntrico de La Paz, trasladado en dos vehículos y que, pese a exigirla, inicialmente no se le mostró la orden de aprehensión en su contra.
La Fiscalía ha imputado a Arce por “incumplimiento de deberes y conducta antieconómica” porque, según esa entidad, cuando fue ministro de Economía autorizó desembolsos de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial.
Además, el Ministerio Público ha pedido que la detención preventiva sea por tres meses, lo que ha sido objetada por la Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia, que han exigido al juez que su tiempo en prisión sea de seis meses.
El Ministerio Público también ha recalcado que el proceso contra Arce es por actos que realizó cuando fue ministro y no presidente, por lo que el caso se sigue en la vía ordinaria y no en un juicio de responsabilidades que corresponde a ex altas autoridades del Estado.
La Fiscalía sostiene que hubo “más de 3.500 proyectos los cuales han sido financiados por el Ministerio de Economía”, de los que “ni la mitad han sido concluidos” y también se evidenció “que hubo desembolsos a cuentas particulares de dirigentes” de organizaciones indígenas y campesinas.
Al respecto, Arce ha asegurado que, como ministro, no participó en reuniones del directorio del Fondioc, sino que designó mediante resoluciones de su cartera a un representante y que esa instancia tenía también delegados de otros ministerios e instituciones.
La defensa de Arce ha pedido su libertad “pura y simple” bajo el compromiso de presentarse en “todo acto de investigación fiscal” y ha argüido la edad del político, de 62 años, y el padecimiento de un cáncer como atenuantes a una detención preventiva, aunque el juez ha dicho que no se presentaron certificados médicos actualizados.
Desde que dejó la Presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre, Arce se dedicó a dar clases de economía en la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), labor que no dejó de realizar mientras estuvo en el Gobierno.