Según los últimos datos, tan sólo el 29% de los migrantes sin derecho legal a permanecer en Europa abandonan la Unión Europea. El último año, de 719.395 personas en situación irregular sólo se emitieron órdenes de abandono a 491.950. Y al final, tan sólo fueron repatriadas 135.460. Quizá por estos números la Unión Europea ha sacado adelante el Pacto sobre Migración y Asilo. Dos años después de su aprobación y de la reiterada insistencia de varios Estados miembro que pedían endurecer la política migratoria del bloque, hoy entra en vigor.
A partir de ahora, los 27 Estados miembros deberán aplicar las mismas normas respecto a la acogida migratoria: controles fronterizos, mismos procedimientos de asilo y hasta un principio de solidaridad para garantizar la protección internacional entre países.
Equiparar todos los países
El objetivo de la norma es equiparar las regulaciones y el marco legal entre diferentes estados miembro. Que se aplique exactamente el mismo protocolo al migrante que llega a Grecia que al que llega a Canarias. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, porque el texto ha entrado en vigor cuando muchos de los Veintisiete no comparten el mismo criterio y se encuentran todavía lejos de cumplir con las obligaciones del pacto.
En la Comisión Europea hace ya tiempo que la migración ha dejado de ser un tabú y el bloque comunitario ha dado pasos para intentar endurecer la política migratoria de la UE. Pero este pacto, que en principio busca homogeneizar las diferencias cada vez más evidentes entre las políticas de un estado y de otro, ya ha sido ampliamente criticado.
Las ONGs lamentan el acuerdo
Entre todos los elementos que hoy entran en vigor, prácticamente la mayoría significan un fortalecimiento de la entrada al bloque: disminución de cruces ilegales de fronteras, reducción de solicitudes abusivas y menos tiempo en los plazos para los trámites de los permisos de residencia.
Algunas de estas medidas, como la que hace referencia a un endurecimiento de los controles fronterizos, todavía son vagas. Y eso ha provocado indignación de organizaciones que expresan su malestar por lo que consideran una legislación racista e inhumana. Save The Children, por ejemplo, ya ha puesto el grito en el cielo y fuentes de la organización aseguran a Artículo14 que “la prueba real comienza ahora”. Algunas ONGs tienen ganas de ver en qué se materializa el texto que entra en vigor y esperan que esos controles de fronteras aseguren el bienestar de niños y adolescentes que huyen de la violencia, de brotes de enfermedades, pobreza o abusos.
Algunos activistas temen que el acelerador que pisa la UE pueda poner en peligro los derechos de la infancia. “Ya hemos visto las consecuencias: Niños retenidos en instalaciones masificadas e inadecuadas, sin la atención y el apoyo que necesitan, lo que los deja expuestos a incertidumbre, angustias y mayores daños”, explica Federica Toscano, experta en incidencia política de Save The Children sobre infancia en movimiento.
Porque aunque la UE fija de forma de clara que la detención debe ser el último recurso, algunas organizaciones se quejan de la falta de transparencia sobre la aplicación de estas nuevas medidas. Los trabajadores de Amnistía Internacional, en conversación con Artículo14, expresan su malestar y preocupación y consideran que el texto incluye “grandes deficiencias en derechos humanos” y “debilita gravemente garantías ya consolidadas”.
El giro migratorio de la UE
La Unión Europea, que desde hace tiempo ha girado su política migratoria hacia la derecha, ha tomado como inspiración el modelo migratorio de Meloni que tanto revuelo causó en 2024. La mandataria italiana fue de las primeras en endurecer su política de deportaciones a través de un acuerdo firmado con Albania para externalizar la gestión de solicitantes de asilo interceptados en el mar mediterráneo.
¿La traducción? Trasladar a las personas migrantes a otros territorios fuera de la Unión Europea. Es lo que se conoce como “tercer país seguro” y en la práctica supone que a los Estados les resulte más sencillo rechazar solicitudes considerándoles inadmisibles sin entrar a analizarlas a fondo. Algunos de estos países son Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos o Túnez. Todos ellos con legislaciones muy lejos de las leyes garantistas que han de cumplirse dentro del bloque comunitario.
“La migración es un reto europeo que debe afrontarse con una solución europea. Una que sea efectiva, justa y firme. Esto es lo que ofrece el Pacto sobre Migración y Asilo: fronteras exteriores más seguras, solidaridad entre los Estados miembros y procedimientos de asilo y retorno más eficientes. Y para abordar conjuntamente las causas profundas de la migración, seguimos reforzando nuestras relaciones con socios mundiales”, ha celebrado ya la presidenta de la Comisión Europea, consciente de que hay que pisar el acelerador en una organización integrada por una mayoría conservadora que exige recetas más duras en materia de migración.
El Papa en Canarias
La medida llega además en un momento simbólico para España. Nuestro país, que se ha quedado sólo reclamando justicia y mejor trato para las personas migrantes en la Unión Europea, recibió ayer al Papa en Gran Canaria. A menos de un día de que este pacto entrara en vigor, el Pontífice puso rumbo al muelle de Arguineguín, al sur de la isla: símbolo del colapso migratorio por la llegada masiva de cayucos.
La visita del León XIV no parece casualidad. Llega en pleno debate europeo sobre migración y 24 horas antes de que entrara en vigor la medida. “La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera”, sentenció el Pontífice, que, durante toda su visita a España, también en Madrid y Barcelona ha intentado poner el foco en la migración y alejarse del nuevo discurso europeo.