Con la salida de Viktor Orban del poder en Hungría, empiezan a revertirse algunas de las políticas más simbólicas que iban en contra de los derechos de las mujeres. Esta semana, el Gobierno de Péter Magyar ha anunciado un relajamiento de las políticas antiabortistas vigentes en el país, así como la adscripción al Convenio de Estambul sobre la violencia de género, que no fue ratificada por el anterior Ejecutivo.
Una de las medidas más significativas es la retirada de la denominada “regulación del latido”, en que se obligaba a las mujeres embarazadas que querían abortar a primero escuchar el latido del corazón del feto. También se aprobará la legalización de las pastillas anticonceptivas sin prescripción médica, en lo que supone un giro a las políticas ultraconservadoras de Orban.

La ley de aborto vigente en Hungría que se aplica permite el aborto hasta las 12 semanas de embarazo, y hasta 24 solamente en casos de anormalidades severas en el desarrollo del feto. Hasta ahora, se exigía a las mujeres acudir con un certificado médico donde constara la vida fetal en su barriga, antes de tomar la decisión final sobre abortar. Esta política, aprobada por Orban en 2022, recibió amplio criticismo de grupos defensores de los derechos de las mujeres.
Giro político en Hungría
Por ahora, los tiempos para pedir el aborto en Hungría no cambiarán con la nueva ley, por lo que la nueva medida pretende por ahora eliminar la humillación institucional, pero no permite el aborto libre y sin límites. Las interrupciones voluntarias del embarazo pasaron de aproximadamente 21.800 en 2022 a 20.300 en 2024, lo que demuestra que las medidas de Orban apenas tuvieron impacto en la decisión de las mujeres húngaras que pretendían abortar.

Para el actual primer ministro Magyar, esta controvertida medida no conllevó un descenso en los abortos, y supuso “serias dudas bioéticas”. El segundo giro legislativo sí es más estructural. El Convenio de Estambul obliga a los Estados a prevenir la violencia contra las mujeres, proteger a las víctimas y perseguir a los agresores. Hungría lo firmó en 2014 ya bajo mandato de Orban, pero lo dejó sin ratificar durante más de una década. El ex primer ministro justificó la decisión alegando que el tratado contenía elementos contrarios a su política migratoria y por su rechazo a la denominada “ideología de género”.
Contra la violencia de género
El nuevo gobierno ratificará el Convenio de Estambul y aprobará medidas como órdenes de alejamiento más eficaces, protección reforzada de víctimas en procesos penales o penas criminales por el uso indebido de imágenes íntimas. El giro revela una ruptura con la política “familiar y conservadora” que definió el Gobierno del partido Fidesz durante años. Bajo Orban, el estado promovió una visión de la mujer ligada a la familia y la natalidad, mientras frenaba marcos internacionales de protección frente a la violencia de género.

“Vamos a dejar claro que los actos sexuales solo pueden ocurrir con el consentimiento voluntario de la otra parte”, aseveró Magyar. Además, se comprometió a que su Ejecutivo “tendrá un compromiso para terminar con la era de la inacción” respecto a la violencia de género. Entre los estados miembros de la Unión Europea (UE), solo Bulgaria, la República Checa, Lituania y Eslovaquia no han ratificado la Convención de Estambul. Éste es un tratado aprobado por el Consejo de Europa que promueve los derechos humanos y el imperio de la ley, que incluye a países de toda Europa más allá de su pertenencia a la UE.
El camino hacia los derechos de las mujeres
Patent, agrupación húngara de defensa de los derechos de las mujeres, celebró en Facebook el paquete anunciado por el Gobierno de Péter Magyar. No obstante, la organización afirmó que Hungría “todavía tiene mucho trabajo por delante” y que el país parte de “una base muy baja”, con las peores cifras de la Unión Europea. Patent no considera el anuncia como una solución completa mientras las medidas no se aprueben y apliquen de verdad.

Por su parte, Magyar respondió agradeciendo las reacciones positivas de las mujeres húngaras. Tras la polémica aprobación de la ley de “regulación del latido”, Amnistía Internacional Hungría la calificó de un “paso atrás preocupante” que podría traumatizar y presionar aún más a mujeres ya en una situación difícil.
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