La fotografía fue la esperada. Un Parlamento Europeo más dividido que nunca y avalando gracias a su mayoría conservadora el reglamento de retornos que permite la creación de los impopulares centros de deportación en terceros países para migrantes rechazados al grito de “mandadlos de vuelta”. El próximo paso es conseguir la unanimidad de los Veintisiete, algo que se da por hecho teniendo en cuenta la mayoría aplastante de los eurodiputados que han respaldado la receta original de Giorgia Meloni, la mandataria italiana que fue pionera en ponerla en marcha.
Ella ha sido una de las primeras en celebrarlo. A través de X, la primera ministra de Italia publicaba un vídeo en el que se felicitaba por obtener el respaldo del Parlamento Europeo. “Es una medida histórica que permite repatriar rápidamente a quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea”, aseguró.
Oggi l’Italia ha ottenuto un grande successo: il Parlamento europeo ha approvato il nuovo Regolamento europeo sui rimpatri. Un provvedimento storico che consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell’Unione europea. pic.twitter.com/DZoxkoATtK
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 17, 2026
De poco sirve el cabreo de los grupos de izquierda, que desde hace días ponen el grito en el cielo señalando el giro migratorio de la UE. Salvo España, que ha sido el único Estado miembro que ha mostrado sus reservas desde el principio, el resto de los países parece que a esta hora ya tienen su voto decidido. Amnistía Internacional lleva tiempo denunciando la medida aprobada ayer en Bruselas. “Contribuye a vulnerar los derechos de las personas migrantes y refugiadas”, explica Verónica Barroso, portavoz sobre Migración en Amnistía Internacional España, en conversación con este periódico.
Para Barroso, lo que se ha votado en el Parlamento Europeo no son más que “medidas desproporcionadas y totalmente inefectivas”. La normalización, explica la portavoz, del incumplimiento de las obligaciones jurídicas de la UE.
Sobre los riesgos de la ley
– ¿Qué riesgos concretos identifica Amnistía Internacional en la externalización de la gestión migratoria a terceros países, como ocurre con el modelo Italia-Albania impulsado por Meloni?
Amnistía Internacional ya denunció en su día que este tipo de acuerdos contribuía a vulnerar los derechos de las personas migrantes y refugiadas promoviendo la detención automática de estas personas por largos periodos de tiempo y el retorno forzado. Según el derecho internacional, la detención automática es intrínsecamente arbitraria y, en consecuencia, ilegítima.
– El texto permite detener a las personas en proceso de expulsión hasta 24 meses, prorrogables. ¿Considera que este plazo es compatible con los estándares internacionales de derechos humanos?
Sí, una de las medidas supone el aumento de la detención durante periodos prolongados de tiempo hasta un máximo de 24 meses, prorrogable. Todo ello puede dar lugar a que se incremente el periodo de internamiento en los CIE. Además, se refuerzan los requisitos, las sanciones y las restricciones desproporcionadas para las personas que sean objeto de una decisión de devolución. Este tipo de medidas son desproporcionadas y totalmente inefectivas. Además, cualquier medida de detención debe estar sujeta a la posibilidad de recurso efectivo.
Sobre el origen de la receta
– Llevamos meses viendo cómo gobiernos de distinto signo van adoptando recetas migratorias que hace pocos años eran impensables en el marco europeo. ¿Cree que este acuerdo confirma una normalización de políticas que antes se consideraban extremas? ¿Qué papel ha jugado la presión de los gobiernos conservadores y de extrema derecha en este desplazamiento del centro político europeo?
– Parece que estas políticas migratorias responden a la normalización en la UE del incumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales contraídas por parte de los Estados miembros, y por tanto, de la no aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Igualmente es un reflejo de las políticas migratorias propias de prácticas autoritarias y de partidos políticos antiderechos.
Sobre el giro migratorio de la UE
– La ley refuerza el reconocimiento mutuo de las decisiones de repatriación entre Estados miembros. ¿Qué consecuencias prácticas tiene esto para el derecho a un examen individualizado de cada caso, y qué mecanismos de control o rendición de cuentas pide Amnistía Internacional que se incluyan antes de su aplicación?
– Se están incrementando los acuerdos de cooperación con terceros Estados que la UE considera “seguros”, tales como Turquía, Túnez o Libia. Esto supone externalizar las fronteras por parte de la UE, eludiendo así su responsabilidad. Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones de derechos humanos en estos países, pudiéndose incumplir con ello el principio de non-refoulment. Las personas que procedan de un país de origen considerado “seguro” podrán ser retornadas a su país de origen o a un tercer país, aún cuando no tenga ningún tipo de vínculo y arraigo. Todo ello incumple claramente la obligación de acuerdo a estándares internacionales de examinar de forma individual las solicitudes de protección internacional.
Por ello, es fundamental que los Estados miembros cuenten con un mecanismo de supervisión independiente de las violaciones de derechos humanos dotado de recursos suficientes, así como de mecanismos de rendición de cuentas efectivos.