La muerte de Alex Jeffrey Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años, abatido el sábado por agentes federales durante una operación de control migratorio en el sur de Minneapolis, ha abierto una crisis política e institucional de alcance nacional en Estados Unidos. Mientras el Gobierno federal defiende que el uso de la fuerza fue un acto de legítima defensa ante una amenaza armada, vídeos, testimonios presenciales y la reacción de autoridades locales y figuras políticas de ambos partidos han puesto en cuestión la versión oficial y han intensificado el debate sobre los métodos de Immigration and Customs Enforcement (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El tiroteo se produjo en torno a las 9.05 de la mañana del sábado, durante una operación “dirigida” de agentes federales, según explicó el comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, en una comparecencia ante la prensa desde el edificio federal Whipple, en Fort Snelling. Bovino afirmó que Pretti se aproximó a los agentes portando una pistola semiautomática de 9 milímetros y que su comportamiento indicaba la intención de llevar a cabo un ataque violento contra las fuerzas del orden. Horas más tarde, desde Washington, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó públicamente esa versión y calificó el disparo mortal como una acción necesaria para proteger la vida de los agentes.
Sin embargo, una revisión de más de media docena de grabaciones de vídeo tomadas desde distintos ángulos, incluidas imágenes captadas por transeúntes, testigos y cámaras de comercios cercanos, plantea dudas sustanciales sobre varios de los elementos centrales de ese relato. En las imágenes difundidas hasta ahora no se observa a Pretti apuntando con un arma, intentando disparar ni avanzando hacia los agentes con actitud agresiva. Por el contrario, aparece sosteniendo un teléfono móvil con una mano y el otro brazo en alto aparentemente grabando lo que ocurría a su alrededor.
Pese a ello, Bovino atribuyó públicamente una motivación al fallecido. “Esto parece una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”, afirmó. La secretaria Noem reiteró más tarde esa interpretación. Hasta el momento, las autoridades federales no han hecho pública ninguna prueba que respalde esa afirmación sobre la supuesta intención de Pretti. Bajo la legislación de Minnesota, portar un arma corta en público es legal con el permiso correspondiente, y fuentes policiales han señalado que Pretti era un propietario legal de armas.
La muerte de Pretti desencadenó protestas inmediatas en el lugar de los hechos y posteriores vigilias con velas en distintos parques de Minneapolis. Se trata del segundo tiroteo mortal en Minnesota este mes en el que están implicados agentes federales desplegados en el marco de una amplia operación de control migratorio, un contexto que ha incrementado la tensión entre la población local y las autoridades federales.
Un juez federal ordenó al Gobierno preservar todas las pruebas relacionadas con el caso, mientras que investigadores estatales han comenzado a recopilar evidencias en la escena. El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó que la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA), el principal organismo investigador del Estado, regresó al lugar del tiroteo después de que inicialmente se le impidiera el acceso. O’Hara advirtió además de que la escena podría estar contaminada y señaló que la policía local no ha recibido información oficial por parte de las agencias federales sobre lo ocurrido.
Los testigos firmaron una declaración jurada describiendo un escenario caótico tras los disparos. Un pediatra que presenció los hechos afirmó que los agentes no comprobaron de inmediato si Pretti tenía pulso ni le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.
La controversia ha trascendido rápidamente el ámbito local. Figuras del Partido Republicano, tanto a nivel estatal como nacional, han reclamado investigaciones exhaustivas e independientes. El senador por Luisiana Bill Cassidy declaró que “la credibilidad de ICE y del DHS está en juego” y exigió una investigación conjunta federal y estatal. El senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, pidió una investigación “profunda e imparcial” y advirtió contra cualquier intento de cerrar el caso de forma prematura.
Estas críticas adquieren mayor relevancia en un contexto de tensiones internas dentro del Partido Republicano. Cassidy fue uno de los siete senadores republicanos que votaron a favor de condenar a Donald Trump en su juicio político de 2021, y recientemente el expresidente respaldó a un rival en sus primarias. Tillis, por su parte, se opuso el año pasado a una pieza clave de la agenda legislativa de Trump y anunció poco después que no buscaría la reelección.
También la excongresista Marjorie Taylor Greene, conocida por su enfrentamiento público con Trump, cuestionó el relato de la Administración. Aunque afirmó apoyar la aplicación de las leyes migratorias, subrayó que “portar legalmente un arma no es lo mismo que blandirla” y defendió el derecho a protestar pacíficamente y a grabar la actuación policial.
Desde el ámbito local, el jefe O’Hara fue especialmente crítico con la actuación federal, al afirmar que algunos agentes han introducido en las calles de Minneapolis “tácticas deficientes” y “prácticas inconstitucionales”. Otros dirigentes republicanos del Estado han pedido una “pausa táctica” en las operaciones, mientras que candidatos conservadores han expresado preocupación por detenciones que afectan a menores de edad.
El impacto político del caso se amplificó con la reacción del expresidente Barack Obama y de la ex primera dama Michelle Obama, quienes calificaron la muerte de Pretti como una “tragedia desgarradora”. En un comunicado conjunto, señalaron que el tiroteo “debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su partido, sobre cómo muchos de nuestros valores fundamentales como nación están cada vez más bajo ataque”. Criticaron lo que describieron como tácticas intimidatorias de agentes federales y acusaron a la Administración Trump de mostrarse “ansiosa por escalar la situación” y de ofrecer explicaciones sin una investigación seria y, según ellos, contradichas por pruebas de vídeo. “Esto tiene que parar”, concluye el comunicado.
Mientras continúan las investigaciones, el caso de Alex Pretti se ha convertido en un símbolo de un debate más amplio sobre el uso de la fuerza por parte de agencias federales, la transparencia institucional y los límites constitucionales de la aplicación de la ley migratoria en Estados Unidos. La resolución de este episodio será determinante para establecer responsabilidades penales y recalibra la confianza pública en unas instituciones cuya legitimidad se encuentra, hoy, bajo un escrutinio excepcional.