En Washington la semana ha sido ajetreada. Hasta la capital estadounidense se han desplazado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Ambos han aprovechado su viaje para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham, quien se había pronunciado a favor tanto de Israel como de Ucrania. Su muerte, precisamente tras regresar de su décima visita a Kiev, ha generado cierta inquietud ante la posibilidad de que la política exterior de Estados Unidos pudiera experimentar algún cambio.
En todo caso, los dos mandatarios han llegado bien pertrechados con un guion perfectamente definido y ajustado a sus respectivos intereses. Por su parte, el dirigente ucraniano ha intentado asegurarse de que el apoyo estadounidense se fortalezca tras más de cuatro años de enfrentamiento armado con Rusia. El objetivo prioritario para Zelenski es lograr que Estados Unidos refuerce la capacidad defensiva de Kiev. Hay quienes sostienen que las conversaciones han ido más lejos hasta, incluso, perfilar un plan de paz que pudiera presentarse ante Vladimir Putin.
A la espera de los resultados que este viaje oficial pueda deparar, es evidente que la relación entre Washington y Kiev pasa por un buen momento. De hecho, Ucrania se ha visto implicada en la guerra que Estados Unidos mantiene con Irán tras atacar con drones un buque iraní que, según las autoridades ucranianas, suministraba material militar a Rusia. ¿Se trató de una estrategia puramente bélica o de un movimiento táctico destinado a procurarse una mayor cercanía con su aliado? Quizá haya sido un dos por uno.
Con respecto al dirigente israelí cabe señalar que el vínculo que mantiene con Donald Trump parece haberse enquistado. Ambos se vieron por última vez justo antes de emprender un ataque conjunto contra Irán. Poco después, la sintonía comenzó a resquebrajarse. Así pudo comprobarse cuando el ejecutivo israelí, actuando como un verso suelto, tensó –hasta casi dinamitar– los intentos de la Casa Blanca por establecer un alto el fuego. La situación se agudizó cuando, alcanzada la tregua, Israel persistió en su empeño de avanzar sobre territorio libanés, echando más leña a un fuego que ya ardía con suficiente intensidad.
Para colmo, desde la Casa Blanca se transmitió un profundo malestar cuando el mandatario israelí expresó su rechazo a la decisión de Washington de vender a Turquía cazas F-35. Donald Trump no tuvo reparos en recordar –a quien está resultando ser un incómodo aliado– que Estados Unidos es libre de adoptar las decisiones que considere oportunas. Este episodio revela que la relación entre ambos líderes es hoy mucho más áspera y menos alineada que la que un día mantuvieron. Lejos, desde luego, queda ya la imagen de unidad que proyectaron cuando –a mediados de febrero– desde el Despacho Oval alardeaban –entre sonrisas cómplices– que, antes o después, Irán sería atacado.
A ello hay que sumar otros frentes delicados como, por ejemplo, el de la Franja de Gaza donde Washington presiona para que Israel abandone el enclave. Algo similar sucede en el Líbano y Siria. En consecuencia, son muchas las diferencias acumuladas y muy escaso el tiempo del que dispusieron para abarcarlas en su breve reunión del martes pasado.
Con todo, la cuerda no se ha tensado tanto como para romperse. Hay, de hecho, una línea roja que Donald Trump no parece dispuesto a franquear. Así se desprende de la reacción provocada por las declaraciones realizadas hace unos días por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdami, quien sostuvo –en la red social X– que el primer ministro israelí había cometido crímenes de guerra en la Franja de Gaza y que, por tanto, la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) debía ser ejecutada. Y es que, pese a las discrepancias ya expuestas, cuando la cuestión pasa por la eventual detención de Benjamin Netanyahu, Donald Trump no deja margen para la duda: en ninguna circunstancia permitirá que el primer ministro israelí sea arrestado.
Esta postura revela que para Washington existen cotos vedados que ni siquiera la falta de entendimiento político logra traspasar. Pero hay más. Si se analizan con detenimiento las reacciones que se han sucedido en estos días a raíz de las valientes palabras vertidas por el alcalde de Nueva York, se advierte un fenómeno de mayor calado: la profunda y persistente hostilidad de Estados Unidos hacia la CPI. Vale la pena recordar que, tanto en el primer como en el segundo mandato de Donald Trump, se aprobaron órdenes ejecutivas contra la Corte. Asimismo, Marco Rubio, actual secretario de Estado, ha decidido recientemente cargar contra dicha instancia judicial hasta el extremo de afirmar que su propósito es desmantelarla.
Para justificar semejante y bochornosa campaña, este deplorable personaje dibujó un escenario tan inverosímil como rocambolesco: los agentes encargados de vigilar las fronteras de su país, así como los representantes políticos elegidos por las urnas corren el riesgo de acabar sentados en el banquillo de los acusados en La Haya. Sostuvo, concretamente, que todos ellos están expuestos a la actuación de jueces extranjeros y, por tanto, a ser “procesados e incluso encarcelados por el supuesto delito de defender a su propio país”. Una auténtica chaladura que no resiste el más mínimo análisis jurídico, ya que –entre otros motivos– Estados Unidos ni siquiera reconoce la jurisdicción de la citada instancia judicial.
En todo caso, lo que resulta particularmente alarmante es la abierta determinación de Estados Unidos de debilitar la CPI. A estas alturas de la película, a nadie se le escapa que esta estrategia no se limitará a mera palabrería: Washington, a buen seguro, presionará –como ya ha hecho en otras ocasiones– a otros Estados para que nieguen cualquier atisbo de legitimidad a una Corte que parece condenada a contemplar, una y otra vez, cómo su autoridad es cuestionada por quienes pisotean sistemáticamente los derechos humanos. Sin duda, la CPI es un incordio para aquellos que pretenden campar a sus anchas sin atender a unos mínimos principios de humanidad.
Sea como fuere, lo que se deduce de estos agitados días es que Donald Trump –desde su torre de marfil– recibe a unos y a otros. Desde su atalaya, reparte instrucciones, exige lealtades y reprende a quien considera necesario para que terminen alineándose con sus propios intereses. En paralelo, aprovecha la ocasión para erosionar el Derecho Internacional y desacreditar a las instituciones llamadas a hacerlo valer. Eso sí, cuando le conviene, no duda en invocarlo como cuando se acoge a la libertad de navegación que debe regir en el estrecho de Ormuz. Lo desprecia cuando le incomoda y lo reivindica cuando le resulta útil. En Washington da la sensación de que el sinsentido y la conveniencia se han convertido en dogma.
Quizá por ello no deja de causar perplejidad que hasta este singular “oráculo” hayan peregrinado dos mandatarios: uno acusado de cometer graves crímenes internacionales y otro consumido por una guerra que parece no tener fin. Ambos han acudido en busca de respuestas. Lo verdaderamente inquietante es que las encuentren. Difícilmente hallarán, sin embargo, en esta suerte de santuario político en que algunos parecen haber convertido la Casa Blanca, la máxima que –según la tradición– presidía el templo de Apolo en Delfos: “nada en exceso”. Con Donald Trump sucede, precisamente, lo contrario: nada es suficiente cuando el poder puede ejercerse sin límites.