Según parece ahora, para poder hablar de los desahucios sin parecer un desalmado, es necesario que te expidan en la ventanilla de lo políticamente correcto un acta en la que tienes que mostrar de antemano tu solidaridad y empatía con quienes los sufren. Así que sí, en efecto, es imposible conmoverse al ver cómo sacan a una anciana de 87 años de la casa donde ha estado viviendo casi toda su vida de alquiler. Y ahora procedamos:
Esta semana hemos desempolvado la indignación por los desahucios que, junto con las pancartas, había permanecido desde junio de 2018 guardada en el cajón de los recuerdos. Se ve que las mareas sociales que impugnan los resortes del sistema sólo afloran en momentos crepusculares, coincidiendo siempre con los estertores de gobiernos socialistas y como preámbulo de lo que le espera a la derecha si finalmente gobierna.
Y cuando estas cosas suceden vuelve la memoria. Por eso no tardó en hacerse viral aquel episodio en el que Pedro Sánchez prometía dando voces que con él en el gobierno “no habría más desahucios”. Rápidamente, los turiferarios del régimen se apresuraron a decir que aquello se dijo en el fervor de un mitin hace 11 años y que quien lo pronunciaba no era ni siquiera presidente. Lo que igual se recuerda menos es que hace solo dos años, en un gesto de vanidosa desmesura, proclamó: “Hemos logrado también acabar con la lacra de los desahucios” (sic). La realidad es que desde que ocupa el poder hemos tenido cerca de 300.000 desahucios, unos 90 al día, sin que ninguno de los políticos que hoy se indignan protestase por ello.
Resulta evocador constatar que a nuestros gobernantes y legisladores se les da mucho mejor la propaganda que la legislación. Porque a pesar de que hemos seguido viendo desahucios todos los días, durante los más de tres mil días que ha estado Pedro Sánchez en la Moncloa no se ha tocado ni un sólo renglón de nuestras leyes para evitar episodios como el de Maricarmen. Y resulta aun más paradójico y contradictorio que quienes se niegan a quitarle la casa a unos ocupas para devolvérsela, por ejemplo, a unos ancianos que la compraron, sean los mismos que quieran quitarle la casa a un propietario para que viva allí alguien que no es su dueño.
Llevamos meses viendo el mismo guion: primero, la negligencia disfrazada de burocracia; después, la indignación sobreactuada cuando ya no hay margen para el disimulo; y, por último, la foto de un acuerdo entre partidos que da por zanjada la crisis cuando no es más que otro parche. Y todo aderezado de compasión selectiva, esa que solo se activa cuando más le conviene al relato.
Apuesto a que todavía tendremos que ver cómo en la próxima campaña electoral los mismos que han estado ocho años de brazos cruzados se presentan como la alternativa para arreglar el roto de la vivienda.