Hay días en que la casualidad se viste de gala. Por ejemplo ese en que uno enciende la tele por la noche y escucha que El País, La Vanguardia y el CIS de Tezanos —tres fuentes que uno podría situar, sin acritud, en el mismo lado del sofá gubernamental— han publicado al alimón encuestas que arrojan idéntica conclusión: la mayoría de los españoles cree que el lawfare existe en España.
Los aparatos de propaganda gubernamentales saben mejor que nadie que hay titulares que no describen la realidad sino que la fabrican. No informan de lo que cree la gente; deciden lo que la gente va a pensar que piensa.
El mecanismo ha sido de una sofisticación casi didáctica. Primero el Gobierno instala en el debate público una palabra —lawfare— tan incriminatoria como maleable. Después los altavoces afines la repiten hasta que deja de sonar a excusa y empieza a sonar a diagnóstico. Y finalmente llega la encuesta, providencial, que certifica que la ciudadanía ya piensa lo que se le pidió que pensara. El círculo se cierra con la precisión de un mecanismo suizo. Primero se siembra la percepción y luego se cita con alarmista generosidad tipográfica la percepción como prueba. Es, permítanme la expresión, un truco de manual.
El objetivo de este esfuerzo coreográfico es incendiar la casa y presentarse como bombero. Se trata de sembrar la desconfianza en uno de los tres poderes del Estado y preparar el terreno para presentar con solemnidad una reforma judicial hecha a medida del poder. Un movimiento político que se presenta como respuesta ciudadana a un desprestigio que el propio poder se ha encargado de fabricar. No es la primera vez que asistimos a un movimiento similar porque el proceso independentista de Cataluña se trabajó exactamente del mismo modo.
Pero la cuestión de fondo es que el lawfare, en este relato, no es un concepto sino un privilegio autoexculpatorio que se activa únicamente cuando el procesado milita en el bando correcto. Si el juzgado es de izquierdas, hay persecución política. Si es de derechas, simplemente hay Justicia, con mayúscula y sin comillas. Con un mismo tribunal, un mismo juez instructor, un caso casi idéntico y el mismo Código Penal… aparecen dos categorías morales distintas según el carnet del acusado.
Y aquí llegamos al verdadero hallazgo de la semana. Cuando la sociedad española vira hacia posiciones conservadoras, el diagnóstico oficial es unánime: manipulación, bulos, propaganda de las cloacas mediáticas, algo patológico que corregir con más pedagogía institucional.
Pero cuando esa misma sociedad desconfía del poder judicial, entonces ya no hay manipulación ninguna: hay instinto certero, sabiduría popular, el pueblo que no se equivoca nunca. Es sospechoso que la infalibilidad ciudadana sea tan selectiva.
El experimento definitivo, el que de verdad desnuda el truco, es este: cuando el 65% desconfía de los jueces, el problema son los jueces, que deben hacer autocrítica y reformarse. Pero cuando una mayoría todavía más amplia rechazó la ley de amnistía, el problema no fueron los políticos que la aprobaron a contrapelo del país: fueron los españoles, que no supieron leer bien la encuesta, que estaban contaminados por la derecha y que no eran capaces de ver lo que de verdad les convenía. La misma herramienta, la misma mayoría, el mismo 65%… y sin embargo, en un caso es el diagnóstico definitivo, y en el otro es el síntoma a tratar.
No hay lawfare, en realidad. Hay algo mucho más viejo y mucho menos sofisticado: el poder decidiendo, encuesta en mano, cuándo el pueblo tiene razón. Y esa, no el lawfare, es la verdadera anomalía democrática que tenemos ante nuestros ojos.