La inmigración es posiblemente uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad occidental bien entrado el siglo XXI. No hay políticas que funcionen, no hay respuesta, no hay unidad de criterio. Buena parte de las propuestas populistas sedimentan su éxito en posiciones intransigentes sobre la recepción de inmigrantes. Pocos discuten la necesidad de recibir inmigrantes organizadamente para garantizar las pensiones del futuro, para trabajar en el campo, para atender bares y restaurantes, para limpiar y barrer ciudades, para encargarse de las tareas domésticas y para cuidar a nuestros viejos solitarios. Pero el gran problema se asienta en inmigrantes irregulares o, directamente, ilegales, que llegan por mar o se cuelan por las rendijas de las fronteras.
Somos un país de emigrantes, lo llevamos en nuestro ADN. Muchos salieron tras la guerra civil, la mayoría acogidos por el gran Lázaro Cárdenas en México; otros muchos lo hicieron en los sesenta para ganarse el pan en las boyantes fábricas alemanas, suizas o francesas de la época. Recuerdo en mi infancia a mis tíos Carmina y Colás que tuvieron que desplazarse a Mulhouse para salir adelante con dignidad. Dejaron atrás su casona y sus vacas para sobrevivir sin hablar francés. Allí lejos murieron sin haber conseguido decir una palabra de tan musical lengua. En aquellos años, el extranjero era otro planeta para la mayoría de nosotros.
En el debate político y social de hoy, la inmigración provoca una enorme controversia. En países con una pirámide demográfica envejecida, como pueda ser España, se estima que aumenta el PIB y el crecimiento. Amortigua la baja natalidad y la elevada jubilación, al aumentar el mercado laboral y mantener el consumo. De alguna forma, contribuye al sostenimiento del estado del bienestar, el sistema de pensiones y las tributaciones. Al tiempo, rellena las lagunas en sectores clave como los cuidados domésticos, la hostelería, la construcción, el transporte, la sanidad o la agricultura. Cuando viví en Estados Unidos, recuerdo una tragicómica película que puso contra el espejo a los enemigos de la inmigración. Se titulaba “A day without a Mexican”, de Sergio Arau. Sin saber las razones, un día los hispanos desaparecieron del mapa en California. Nada funcionaba. Pobres gringos.
Pero también hay argumentos en contra. Se produce una bajada de los salarios, pues suelen ocupar puestos de baja cualificación. Y también una presión enorme sobre servicios sociales básicos como ayudas públicas, sanidad, educación o vivienda.
Entre los economistas, las posiciones están divididas. Por ejemplo, Philippe Lagrain, Giovanni Petri o David Card son firmes partidarios de la apertura de puertas. Mientras Paul Collier o el cubano-americano y profesor de Harvard George Borjas evidencian sus críticas por distintas razones. Borjas, que emigró a Estados Unidos en 1962, señala que debe analizarse más como un fenómeno económico que político. Acorde con su análisis, empleadores y consumidores son los mayores beneficiados, mientras que los trabajadores de baja cualificación, que compiten directamente con los inmigrantes, suelen resultar perjudicados.
No es fácil encontrar cifras fiables del número de inmigrantes irregulares o ilegales en España. Irregular se aplica al que ha entrado legalmente en el país y han prolongado su estancia, pero no ha podido legalizar su situación. Ilegal es el que ingresa en el país infringiendo la legislación de fronteras. La cifra de extranjeros residentes en España en situación administrativa irregular se situaría en 840.000 personas en 2025, cuando en 2017 apenas superaba las 100.000 personas, según datos de FUNCAS. En 2024, las llegadas por vía marítima o terrestre se elevaron a 64.000 personas, un 12% superior al anterior ejercicio. Ese mismo año, la Comunidad de Madrid atendía a 194.000 irregulares frente a los 134.00 del año anterior. Aunque las llegadas de los primeros seis meses del 25 han caído de 25.000 a 18.000, un 28% menos, según señala el Ministerio del Interior.
En España viven unos 9,5 millones de inmigrantes, a los que habría añadir los 2,65 millones de las segundas generaciones, lo que representa alrededor del 25% del total de la población. En las edades centrales de la actividad laboral, de 25 a 49 años, casi el 30% es inmigrante. En otras palabras, por cada 100 españoles autóctonos hay 40 inmigrantes. Es cierto, que casi 3 millones ya disfruta de la nacionalidad española. Datos recogidos de informes de Círculo Cívico de Opinión.
Su impacto en todas las facetas de la vida española es innegable. La tasa de riesgo de pobreza entre los no comunitarios ascendía al 47%, frente al 29% de los comunitarios y al 16% de los españoles. En lo relativo al empleo, su tasa de ocupación se encuentra ligeramente por debajo de la de los autóctonos, cifrada en un 80%, pues dependiendo de la nacionalidad de origen oscila entre el 50 y el 70%. Dado que sus salarios, al ser población de baja cualificación, suelen ser bajos, sus contribuciones a la Seguridad Social también lo son, al igual que su productividad y su participación en el crecimiento. Se estima que sus salarios son un 30% inferiores a los de los españoles autóctonos, según Nada es Gratis.
En lo que respecta a la creación de empleo, distintos datos corroboran que en los últimos años entre el 40 y 45% del empleo creado a sido ocupado por extranjeros. Actualmente, hay 3,25 millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social, lo que representa alrededor de un 14% de total de la afiliación, que generan alrededor del 10% de las cotizaciones ingresadas. Según el Banco de España, la contribución total de la población extranjera al crecimiento del PIB per cápita en España entre 2022 y 2024 se cifra en 0,4 puntos según el criterio de nacionalidad y en 0,7 puntos según el criterio de país de nacimiento. Magnitudes similares daba el Banco de España para el período 2000-2008. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones concluye que los trabajadores extranjeros aportaron más de 17.000 millones de euros en cotizaciones sociales durante 2023 el 10 % del total de ingresos. El Ministerio de Hacienda fijó las aportaciones fiscales de los inmigrantes en alrededor de 20.000 millones de euros en 2022, impulsadas por el aumento del empleo y del gasto de los hogares extranjeros.
Algunas de estas cifras explican el impacto de la inmigración en España. Pero no resuelven cómo enfrentarse hacia un fenómeno como la inmigración irregular, no digamos la ilegal, cuyo peso es creciente. No hemos hablado del fenómeno de la seguridad ciudadana, que tanto influye en la opinión pública. Pero no cabe duda de que, una vez más, los partidos moderados debieran establecer una política de Estado que tranquilice a la opinión pública, que integre ordenadamente una inmigración para que contribuya al crecimiento económico, a las pensiones, al bienestar social y al desarrollo de esta nueva sociedad española del siglo XXI.