Hace cinco años, España se levantaba y se acostaba pendiente de La Palma. Encendíamos la televisión y allí estaba el volcán. Abríamos un periódico y volvíamos a encontrarnos con la lava avanzando, las casas desapareciendo y familias que, en cuestión de horas, perdían prácticamente todo lo que habían construido durante una vida. Durante 85 días, La Palma fue España. Después llegaron ministros, reuniones, fotografías, comparecencias y anuncios. Muchos anuncios. Se habló de cientos de millones de euros, reconstrucción, viviendas, ayudas para empresas, autónomos y agricultores. El mensaje del Gobierno de España era claro: La Palma no se quedaría sola.
Cinco años después, el Congreso acaba de convalidar nuevas medidas fiscales y financieras destinadas a La Palma. Sería injusto decir que durante todo este tiempo no se ha hecho nada. Se han destinado recursos y se han aprobado medidas importantes. Pero han pasado, ni más ni menos, que cinco años. Y que, después de todo este tiempo, sigamos necesitando medidas extraordinarias para afrontar las consecuencias económicas y sociales de aquella erupción debería llevarnos, como mínimo, a preguntarnos cuánto queda todavía por resolver y por qué ha sido necesario esperar tanto para algunas respuestas.
Porque cinco años no son una cifra cualquiera. Para quien perdió su casa, su negocio, sus tierras o buena parte de aquello que había construido durante toda una vida, cinco años son demasiado tiempo. ¿Sabe el resto de España cuál es hoy la situación de muchas de aquellas personas? ¿Qué ocurrió con el comerciante cuya tienda desapareció bajo la lava? ¿Con el autónomo que perdió su negocio y sus herramientas? ¿Con las familias que tuvieron que empezar desde cero? Probablemente no. Y no porque a los españoles no les importe La Palma, sino porque sencillamente dejamos de verla.
Estos días, viendo lo que ocurre en Ceuta, es difícil no acordarse de aquello. Son situaciones completamente diferentes y no tendría sentido comparar sus causas, pero hay una secuencia que resulta familiar. La vimos también con la terrible DANA de Valencia y con los grandes incendios que han golpeado distintos lugares de España. Ocurre una emergencia, se concentra la atención, llegan comparecencias, reuniones, presencia institucional y grandes anuncios económicos. En Ceuta ha habido presencia de miembros del Gobierno de España, aunque una situación de esta dimensión probablemente merecería una presencia aún mayor. Pero la pregunta realmente importante no es solamente quién está durante los primeros días, sino quién permanecerá después. ¿Qué ocurrirá dentro de seis meses, un año o cinco, cuando las cámaras estén contando otra historia?
Ese es el problema de fondo. Cuando una emergencia adquiere dimensión nacional termina poniéndose en marcha toda una maquinaria política e institucional. Algunas veces la respuesta llega con rapidez y otras resulta insuficiente o más tardía de lo que las circunstancias exigen. Después llegan los anuncios, las promesas y los compromisos económicos. Quizá deberíamos dejar de medir la respuesta del Estado por los millones anunciados durante las primeras semanas y empezar a medirla por los problemas resueltos años después.
Porque una familia no reconstruye su casa con una rueda de prensa, un autónomo no paga sus facturas con una promesa y un comerciante no vuelve a levantar la persiana porque una partida haya sido anunciada. El Gobierno de España tiene una responsabilidad que no puede diluirse con el paso del tiempo. No basta con aprobar recursos, hay que conseguir que lleguen. No basta con comprometer soluciones, hay que comprobar que se cumplen. Las medidas aprobadas ahora son necesarias, pero llegan cuando han transcurrido cinco años desde la erupción. Y ese dato no debería quedar escondido detrás del anuncio. Porque anunciar no es ejecutar, presupuestar no es pagar y aprobar tampoco significa que el problema esté resuelto.
Por eso echo en falta una rendición de cuentas sencilla y periódica sobre La Palma. Que el Gobierno de España explique qué se anunció, cuánto se ha ejecutado, qué continúa pendiente y cuándo se piensa terminar. Sin grandes actos ni nuevas fotografías. Con datos y resultados. La aprobación de estas nuevas medidas debería servir también para volver a mirar hacia atrás y comprobar cuánto camino queda por recorrer después de cinco años.
Y aquí quiero hacer una petición expresa a los medios de comunicación de toda España. No como reproche, sino porque creo profundamente en el papel que pueden desempeñar. Vuelvan a La Palma. Vuelvan a Valencia y a los pueblos afectados por los incendios y, llegado el momento, vuelvan también a Ceuta. Pregunten seis meses después, un año después y cinco años después. Pregunten cuánto se anunció y cuánto llegó, qué compromisos continúan pendientes y cómo viven hoy aquellas personas que un día protagonizaron los informativos. Ayuden a mantener estas emergencias en la agenda del Gobierno de España incluso cuando inevitablemente hayan dejado de ocupar las primeras páginas.
Ese es uno de los grandes valores del periodismo. Una cámara no concede una ayuda ni reconstruye una vivienda, pero puede conseguir que alguien tenga que explicar por qué una ayuda todavía no ha llegado. Los medios no son responsables de que el Gobierno cumpla; esa responsabilidad corresponde al Gobierno. Pero pueden contribuir a que quien gobierna siga sintiendo la obligación de actuar cuando la emergencia ya no ocupa una portada. Mientras haya preguntas habrá que dar respuestas, y mientras alguien vuelva para comprobar qué ocurrió con lo prometido será mucho más difícil dar por terminado un problema que sigue abierto.
Una emergencia no termina cuando deja de abrir un informativo. Termina cuando quienes la sufrieron pueden recuperar sus vidas. Y que cinco años después el Congreso siga aprobando medidas extraordinarias para La Palma debería recordarnos precisamente eso: el tiempo de los titulares puede haber terminado, pero el de las responsabilidades no. Las cámaras algún día tendrán que marcharse, pero el Estado no puede marcharse con ellas. Que se apague el foco cuando se haya resuelto la emergencia, no cuando haya dejado de ser noticia.