La situación entre Irán y Estados Unidos se encuentra profundamente atascada y dibuja, además, un horizonte particularmente incierto con respecto al devenir del conflicto. A esta conclusión se llega con cierta rapidez si se atiende a la información más reciente según la cual las partes enfrentadas han estado próximas a suscribir un acuerdo orientado al cese definitivo de las hostilidades al tiempo que se han lanzado contundentes acusaciones y advertencias entre sí. Consecuentemente, el péndulo ha oscilado entre posiciones diametralmente opuestas. De hecho, esta singular y constante fluctuación –reacia a situarse en un punto intermedio– viene siendo la tónica desde que el pasado 8 de abril fuera adoptado, in extremis, un alto el fuego temporal que todavía hoy se mantiene.
No obstante, esta tregua –ampliada en más de una ocasión– se muestra frágil debido a las acciones militares puntuales que se han ido desarrollando en este intervalo de tiempo. Sin ir muy lejos, Estados Unidos orquestó a comienzos de esta semana una enérgica operación militar en el sur de Irán que fue calificada de grave y que –en palabras del régimen político iraní– no quedaría sin respuesta. Ante la amenaza no encubierta de desplegar las represalias correspondientes, Washington insistió en que ello constituía una actuación legítima. A estos efectos, aludió al principio de legítima defensa contemplado en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), enfatizando a su vez que habían sido alcanzados emplazamientos específicamente diseñados para lanzar misiles, así como embarcaciones iraníes destinadas a colocar minas.
El argumento jurídico traído a colación no parece ser ni mucho menos el más apropiado a la luz de los hechos descritos. A este respecto, es preciso señalar que la implementación del principio relativo a la legítima defensa se sustenta sobre firmes e ineludibles condiciones. Entre ellas, hay una fundamental: haber sido destinatario o estar bajo la inminente amenaza de recibir un ataque armado. Con respecto a este último extremo, conviene aclarar que un ataque es inminente cuando está a punto de ocurrir y, por lo tanto, no hay más alternativa que repelerlo. Se trata, en definitiva, de una situación límite que no encuentra acomodo en el escenario actualmente existente. Consecuentemente, Estados Unidos se apoya en fundamentos esenciales de la legalidad internacional, si bien al mismo tiempo desdeña o prescinde –resulta difícil discernir la razón última, aunque el resultado sea el mismo– de los requisitos más elementales exigidos para su invocación.
Sea como fuere, la Casa Blanca alentada por la batuta imparable de Donald J. Trump que parece actuar bajo el influjo de un frenesí insaciable, continúa ignorando los límites normativos impuestos. Así se ha podido comprobar cuando, a mediados de esta semana, Estados Unidos ordenó nuevas operaciones militares sobre suelo iraní. En este caso, el escenario afectado fue Bandar Abbas, una ciudad portuaria que, según el Mando Central de Estados Unidos, estaba a punto de lanzar un dron. La propia entidad informó, a su vez, del derribo de cuatro artefactos más que representaban una amenaza para el estrecho marítimo de Ormuz. Irán, lejos de dejarse intimidar, respondió bombardeando una base aérea estadounidense.
Esta escalada de los acontecimientos está causando un profundo revuelo hasta el punto de que se está cuestionando la continuidad del debilitado y temporal alto el fuego. En paralelo, se están poniendo en entredicho las negociaciones que se vienen impulsando desde algún tiempo. En este sentido, debe indicarse que Pakistán, principal instigador de aquéllas, ha tenido la oportunidad de afirmar recientemente –ante el Consejo de Seguridad de la ONU– que es necesario poner fin a este conflicto, alertando de que su prolongación está afectando a la paz de la región, así como al progresivo deterioro del ya frágil orden internacional existente.
Estas y otras ideas similares han sido vertidas en la reunión mantenida hace escasos días en el seno del comentado órgano de la ONU. Este encuentro celebrado a petición de China se tituló del siguiente modo: “Defensa de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y fortalecimiento del sistema internacional centrado en la ONU”. A la luz de la agitada actualidad internacional y teniendo en el punto de mira el conflicto bélico que enfrenta a Estados Unidos e Irán desde hace unos meses, el leitmotiv de esta sesión no puede resultar más oportuno. La propia delegación china recalcó que en dicho foro se quiso reforzar la vigencia del tratado fundacional de la comentada organización internacional; así como la importancia de la diplomacia multilateral.
Es evidente que este tipo de convocatorias son positivas, máxime en un contexto de creciente inestabilidad geopolítica. Sin embargo, debemos ser conscientes del modo en el que opera el Consejo de Seguridad, cuyos miembros permanentes (es decir: los que se erigieron como vencedores de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia) pueden ejercer, en cualquier momento, su derecho de veto. De tal manera que quienes integran este órgano –que se ocupa de la nada desdeñable tarea de salvaguardar la paz y la seguridad internacional– están facultados para bloquear todo tipo de resoluciones, incluso cuando son ellos mismos quienes incurren en graves violaciones de la normativa internacional. En ello reside, precisamente, una de las grandes paradojas del actual sistema internacional: sus principales garantes tienen la posibilidad de neutralizar los mecanismos diseñados para exigir responsabilidades.
Así pues, sin ánimo de caer en un escepticismo exacerbado, esta clase de iniciativas resultan pertinentes, pero evidencian un alcance claramente insuficiente. Esta suerte, podría decirse, de brindis al sol pone de manifiesto la incapacidad del actual sistema internacional de hacer frente a situaciones especialmente críticas en las que, además, se perpetúan dinámicas de poder impulsadas por parte de quienes ocupan un asiento privilegiado en el órgano más relevante de la ONU. Todo ello redunda en relaciones profundamente asimétricas que no hacen sino apuntalar la impunidad y la supremacía de las grandes potencias. Una cuestión que cada vez resulta más difícil de asimilar.
Estados Unidos es uno de los países que ha exhibido con mayor intensidad su poderío desde que emergió, a finales de 1945, el nuevo orden internacional. Ha actuado, en demasiadas ocasiones, al margen de los límites impuestos por una normativa internacional que contribuyó decisivamente a consolidar. El segundo mandato de Donald J. Trump no ha hecho sino intensificar esta tendencia, erigiéndose Irán como una pieza más dentro de su excéntrico y caprichoso entramado geopolítico; un entramado que se asemeja más a un puzle que Washington parece empeñado en rediseñar conforme a sus propios intereses y, por supuesto, con escasa atención a los límites jurídicos existentes. Pero quizá, a estas alturas, convendría recordar cómo Ícaro terminó precipitándose al vacío cuando, cegado por la sensación de invulnerabilidad, creyó que podía aproximarse indefinidamente al sol sin sufrir las consecuencias. Quizá grandes potencias como Estados Unidos deberían asimilar que incluso el poder más desbordante acaba encontrando, tarde o temprano, sus propios límites. La verdadera incógnita reside en saber cuándo esa supremacía terminará transformándose, como le ocurrió a Ícaro, en una caída imposible de contener.