Pedro Sánchez cerró el curso político presumiendo de las 26 iniciativas legislativas que ha logrado sacar adelante entre enero y julio en el Congreso de los Diputados, donde ya se reconoce “en minoría parlamentaria”.
En su balance previo a las vacaciones de verano, el jefe del Ejecutivo insistió en esta idea: 26, dijo, son “más de un tercio de todas las aprobadas en lo que va de legislatura, que en total son 74. Esta es la realidad. La de un Gobierno que funciona. Que trabaja, día sí y día también. Y que hace avanzar a nuestro país hasta situarlo, sin la más mínima sombra de duda, en un lugar mucho mejor, infinitamente mejor del que encontramos en 2018″.
Sánchez, como todos los integrantes del Consejo de Ministros, prefieren mantener en un segundo plano otras cifras menos agradables para ellos, así como para su relato. Por ejemplo, la que hace referencia a los reales decretos leyes que naufragaron ante la Cámara Baja entre enero y julio (5 de 25). Como también evitan aclarar que hoy por hoy sigue habiendo más iniciativas legislativas en el congelador del Congreso que en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Frente al registro de la anterior legislatura -215 normas en tres años y medio-, el Gobierno ha logrado aprobar 74 iniciativas legislativas en los tres años transcurridos desde las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Aún quedan 77 en esa nevera en la que la Mesa, controlada por PSOE y Sumar, autoriza prórrogas para presentar enmiendas a los textos, a veces en decenas de ocasiones -en algún caso, hasta casi un centenar-.
Entre estas iniciativas hay 32 proyectos de ley -iniciativas legislativas que parten del Gobierno-, prácticamente las misma cantidad de normas que ya han conseguido trasladar al BOE, 34. De hecho, el Gobierno suma esas 34 normas a los 40 reales decretos leyes aprobados, y obvia que en la inmensa mayoría de casos los partidos votaron a favor de la convalidación de estos decretos a cambio de que se tramitaran como proyectos de ley, un total de 36. Los decretos están en el BOE y por tanto en vigor, pero sus modificaciones, vehiculizadas en los respectivos proyectos de ley, duermen el sueño de los justos en ese limbo previo a la presentación de enmiendas, sean estas a la totalidad o al articulado.
Se trata de una suerte de tierra de nadie donde la Mesa aparca determinadas iniciativas; bien por necesidad real de margen para explorar acuerdos sobre posibles modificaciones entre los grupos, bien por voluntad o interés político. Habitualmente es por lo segundo, tanto con esta Mesa como con sus inmediatas predecesoras.
Más de 90 prórrogas en algunas iniciativas
Así, el congelador de la Cámara Baja acumula en total dos iniciativas legislativas populares, 32 proyectos de ley y 43 proposiciones de ley, normas que parten de los grupos parlamentarios.
Sin contar con la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto, también en periodo de enmiendas. O con las decenas de normas remitidas por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y que también se han visto frenadas por la mayoría PSOE-Sumar en la Mesa.
El récord lo ostenta la proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión. La iniciativa, registrada por Sumar en febrero de 2024, ha estado bloqueada hasta que a mitad de junio anunciaron un acuerdo político para volver a impulsarla.
Casi dos años y medio después, la norma que persigue borrar del Código Penal los delitos de injurias al rey o de ofensa a los sentimientos religiosos ha superado el debate de totalidad. Pero aún permanece abierto el plazo para registrar enmiendas al articulado. En total son 93 las prórrogas registradas.
La ley de familias, otrora uno de los proyectos más ambiciosos del socio minoritario de la coalición, también ha registrado 90 prórrogas del periodo destinado a presentar enmiendas. Algunos de los permisos retribuidos que contenía, no obstante, han sido aprobados a través de distintas normas posteriores.
Otras iniciativas del congelador no han tenido tanta suerte, como la nueva ley de secretos oficiales abanderada por el PNV. Llevan defendiéndola varias legislaturas, desde 2016, y siguen estando muy lejos de lograr su objetivo.
48 leyes en 2026: las cuentas de Bolaños
En mayo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, compareció después de que el Consejo de Ministros aprobara el Plan Anual Normativo (PAN) de la Administración General del Estado para 2026. Es el documento que contiene las normas que el Ejecutivo aspira a aprobar a lo largo de todo el año.
Entonces, el ministro presumió de las 62 normas con rango de ley trasladadas al BOE hasta el momento (12 menos que al cierre del curso), y anunció que aspiran a impulsar un total de 10 leyes orgánicas y 38 leyes ordinarias en 2026. Si se les suman los 131 reales decretos no legislativos, para los que no requieren el aval del Congreso, llegarían hasta las 179 iniciativas, de las que 48 tienen rango de ley.
Son más de las que han probado en estos tres años. En toda la legislatura apenas han aprobado 34 leyes, entre las orgánicas y las ordinarias. Pese a lo abultado de la cifra, y a que apenas recibieron luz verde el 36% de las normas previstas para 2025 según sus propias cuentas, y mantenía en tramitación casi la mitad (46%) en abril, Bolaños se mostró seguro de que pueden alcanzar estas metas.
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