El Gobierno suele rebatir las críticas sobre su debilidad parlamentaria presumiendo de las 42 leyes aprobadas en lo que va de legislatura. Pasado el ecuador de los dos años de mandato, el número de normas publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) es muy inferior al que llevó a estas páginas el anterior Ejecutivo de coalición en idéntico periodo de tiempo. Y el congelador de iniciativas del Congreso de los Diputados está a rebosar.
De hecho, hay normas del Ejecutivo que llevan hasta año y medio en vía muerta, como ocurre con el proyecto de reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión. La ley de familias, una promesa de la anterior legislatura, acumula 54 prórrogas del plazo para registrar enmiendas.
Es una suerte de limbo en el que la Mesa, donde PSOE y Sumar hoy tienen mayoría, suspende determinadas iniciativas. Bien por necesidad real de margen para explorar acuerdos sobre posibles modificaciones entre los grupos, bien por voluntad e interés político. Habitualmente es por lo segundo, tanto con esta Mesa como con las anteriores.
Y, frente a las 42 normas que presume haber impulsado el Gobierno, son ya 92, más del doble, las diferentes iniciativas legislativas que hoy reposan en ese congelador, después de que se prorrogaran los plazos para presentar enmiendas. No son ni mucho menos todas las iniciativas legislativas prometidas por Pedro Sánchez, ya que muchas de las normas comprometidas aún deben pasar en segunda vuelta por Consejo de Ministros (o, incluso, en primera). Entre esas 92 normas, de hecho, hay 31 proyectos de ley, y la mayoría de la Cámara aprobó la tramitación urgente de la inmensa mayoría de estos textos (23).
Entre esos proyectos están las iniciativas tramitadas como tal por el Consejo de Ministros (17), con sus correspondientes informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado y otros organismos. Es decir, las leyes impulsadas por el Ejecutivo.
Se trata de un grupo heterogéneo: aquí está la ley de lobbies, que está previsto impulsar a partir de septiembre; la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz, o el proyecto de ley que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal, también conocida como ley Bolaños (por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños). El proyecto de ley de secretos oficiales, aprobado en el penúltimo Consejo de Ministros del curso, pronto formará parte de este grupo.
Hay, además, otros 14 proyectos de ley que vienen de reales decretos leyes del Gobierno, que pactó con los grupos políticos su tramitación como proyectos de ley, para así poder incorporar enmiendas.
La aritmética parlamentaria a menudo fuerza al Ejecutivo a aceptar esta vía ante las exigencias de sus aliados, si bien ya en la pasada legislatura se vio que la inmensa mayoría de estos proyectos no suelen avanzar en su tramitación: los decretos son convalidados y se mantienen en vigor, pero estas modificaciones no suelen fraguar. En este cajón hay normas con medidas frente a la DANA de la Comunidad Valenciana, incentivos del plan MOVES o subvenciones al transporte público, entre otras.
24 proposiciones de ley de los grupos y 30 iniciativas del Senado
Además, en este compás de espera hay otras 24 proposiciones de ley (PLs) presentadas por los distintos grupos, del PSOE al PP, y hasta de Junts per Catalunya. La única norma impulsada por Junts en solitario que ya ha pasado el primer filtro en la tramitación -la toma en consideración-, es una PL para agilizar los desahucios ante casos de okupación.
Logró 300 votos a favor y sólo 44 en contra (la izquierda, sin contar con el PSOE). Y, como el par de normas del PP que han superado este primer corte, está destinada a languidecer en este estado. En una eterna prórroga de enmiendas, toda vez que ni los socialistas ni Sumar tiene ningún interés por impulsarla.
En esta nevera parlamentaria se almacenan también cinco proposiciones de ley de las distintas comunidades autónomas, y 30 iniciativas del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. Habida cuenta de la distancia programática y política entre el partido conservador y la coalición que lidera Sánchez, el futuro de estas normas se antoja inexistente.
En la cámara frigorífica de las enmiendas aguardan, además, dos iniciativas legislativas populares (ILPs), tres propuestas de reforma del Reglamento del Congreso y otros tres convenios internacionales. A partir del 3 de septiembre, cuando vencen la mayoría de estas prórrogas, la Mesa tendrá que decidir si alarga aún más el plazo para presentar enmiendas, extendiendo así la estancia de estas leyes en vía muerta.
La otra estancia del limbo parlamentario
Además de la situación de espera en prórroga de enmiendas, hay otra estancia intermedia dentro del Congreso, pero sin que haya comenzado la tramitación. Y ahí es donde van a parar otras tantas decenas de normas. En función de su representación en el Hemiciclo, los grupos tienen asignado un cupo de iniciativas legislativas y no legislativas a impulsar en cada periodo de sesiones: de septiembre a diciembre y de febrero a junio.
Consumen saldo legislativo cuando llevan las iniciativas a pleno, pero si registran una norma y ésta nunca se vota, logran un titular aunque la iniciativa quede en vía muerta. Varios grupos llevan años arrastrando normas como la ley de bebés robados, pero en esta legislatura ni siquiera han votado su toma en consideración. Y van más de dos años desde las elecciones.
Otras proposiciones de ley, como la reforma de la acusación popular que presentó a bombo y platillo el PSOE en enero, tampoco han llegado siquiera a una primera votación en el hemiciclo. Están en otra fase: oficialmente se encuentran dentro de la Cámara, y a la vez no se han acercado un solo paso a su aprobación.