El Gobierno de coalición está acostumbrado a vivir los plenos en el Congreso de los Diputados siempre al borde de un ataque de nervios, pero lo que no es tan común es que los golpes le lluevan, a la vez, desde la izquierda y la derecha. Con ajustes de cuentas entre grupos sucediéndose en nuevas configuraciones. Este martes querían evitar un nuevo fracaso que alimentase la percepción de un fin de ciclo político, aunque sus propios aliados le han chafado sus planes.
“Si de siete leyes hemos aprobado seis, ni tan mal”, intentaba naturalizar el presidente pocos minutos antes de la derrota parlamentaria, desde Uruguay. Con Pedro Sánchez de viaje oficial en América Latina, el Ejecutivo ha sufrido un duro varapalo en el último pleno del curso político antes de las vacaciones de verano, y ha tenido que asumir cómo uno de sus tres decretos leyes saltaba por los aires. Gobierno y PSOE intentaban vender un éxito por haber pasado de un recuento de 36 leyes aprobadas en la legislatura a un total de 42, en una jornada, y prometían volver a impulsar las medidas del decreto ley que ya estaba en vigor y acaba de decaer.
En el balance final hay tres leyes que volvían del Senado ya aprobadas de forma definitiva, así como dos decretos convalidados. A eso se suma la modificación del Reglamento de la Cámara Baja que ha obtenido luz verde. Ya habían descafeinado el pleno por temor a una derrota, sacando de la ecuación dos leyes de enorme calado que inicialmente sí querían presentar ante el Congreso en el pleno escoba.
Podemos asestó el lunes el golpe de gracia al anunciar que votaría en contra del decreto ley energético tras el apagón del 28-A. Los morados (4 escaños) desencadenaron una cascada de deserciones en el bloque de investidura a las que se sumaron Junts per Catalunya (7 diputados); el parlamentario del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego, y el diputado de la Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, dentro del grupo Sumar.
En total, 165 síes se estrellaron contra los 183 noes de la oposición y de parte de los aliados, que visibilizaron de nuevo que quienes invistieron a Sánchez conforman una “mayoría de Schrödinger”, en palabras de un dirigente aliado. Que existe y no existe a la vez. En algunos puntos del orden del día, este martes ese entente se desvaneció. El decreto de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, saltó por los aires.
El PP, que había mantenido la incógnita sobre el sentido de su voto, anunció a última hora de la tarde que no estaba dispuesto a abstenerse, permitiendo que el Ejecutivo salvase la votación. El partido de Alberto Núñez Feijóo resistió la presión del sector energético, que dio su aval a una norma que también gozaba de la bendición de organizaciones ecologistas como Greenpeace. Al PP no le tembló el pulso y votó en contra.
No era el único golpe de efecto de la jornada. “Junts no iba a votar que no”, aseguran fuentes parlamentarias de la coalición, si bien vio allanado el camino con el portazo de Podemos. Desde la dirección del grupo parlamentario Sumar afirman que tanto Junts como BNG “han hecho leña del árbol caído” una vez los morados habían abierto la veda. Además, el partido de Carles Puigdemont también ha votado contra el decreto que oficializa las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y entidades locales, pendiente desde enero. Aquí el apoyo del PP, que meses atrás votó en contra, garantizaba una cómoda convalidación.
Sin embargo, los golpes a la coalición en este frente llegaron también de una de las dos diputadas de Compromís, Àgueda Micó, hoy en el grupo mixto y hasta hace escasas semanas dentro de Sumar, el socio minoritario del Gobierno. Para más inri, la alianza de partidos de Yolanda Díaz anunció durante la tarde las alegaciones presentadas ante el proyecto de ley anunciado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es decir, ante la norma aprobada y lucida por el socio mayoritario sólo unas horas antes.
Exigieron sanciones “menos elevadas” para quienes difundan información clasificada, así como “plazos de desclasificación mucho más cortos” (IU reclamó bajar de los 60 a los 30 años). Y, por si tenían pocos frentes abiertos, mientras el PSOE cargaba las tintas contra el PP y Junts, los de Díaz lo hacían contra los morados, a los que desde marzo reclaman sentarse a negociar una candidatura conjunta de cara a las próximas generales.
“Lo que demostrará Podemos esta tarde con su voto en contra es que la transición ecológica no les importa, ni el clima ni la clase. Y que cuando se trata de avanzar en una transición justa, Podemos es parte del problema”, espetó Verónica Martínez Barbero, portavoz parlamentaria de Sumar. Las reiteradas negativas de los morados no les han hecho cambiar de estrategia.
Junts advierte: con el atasco actual “es imposible” dar “un paso más”
Por su parte, desde la cúpula de Junts reclaman al PSOE “que se ponga las pilas” con la aplicación de la ley de amnistía. También exigen que eleve presión para que la Bruselas acepte el catalán, pero también el gallego y el euskera, como lenguas oficiales europeas. “No tenéis mayoría, si queréis que la legislatura dure, hay que cumplir”, advirtieron.
No bastan los esfuerzos desplegados hasta la fecha; piden una mayor “implicación” del presidente del Gobierno, y advierten de que, con todos estos frentes por resolver, “es imposible dar un paso más”. “No tenemos por qué darles oxígeno; si se quieren ahogar es su problema”, zanjan.
La corrupción se cuela en el debate
El partido de Puigdemont insistió el martes que el Ejecutivo quiere vender una situación de “normalidad” que “no es exactamente así”. Recordaron el caso de supuesta corrupción de Santos Cerdán, cuyo estallido generó hace apenas un mes y diez días la detonación de una bomba política sin precedentes.
José Luis Ábalos, antecesor de Cerdán como secretario de Organización del PSOE y también salpicado por el caso Koldo, asistió a un pleno extraordinario cargado de alusiones a los casos de supuesta corrupción que enturbian el futuro de los socialistas. Y en el que también se derrocharon menciones al escándalo del exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro. El 9 de julio, cuando sus aliados regalaron tiempo al presidente tras presentar su plan anticorrupción, Ábalos fue uno de los grandes protagonistas del pleno, pese a que no pisó el hemiciclo. Este martes se votaba y no quiso perdérselo.
Las acusaciones fluyen a varias bandas. En el ala socialista del Gobierno destacaron que ni Podemos ni el PP han querido negociar el decreto de la discordia, y afirmaron que esta norma no contenía ningún elemento “ideológico”. “Es un decreto de medidas muy razonables”, insistieron desde La Moncloa.
“Lo volveremos a llevar si lo tumban”, avisaban poco antes del desenlace. Ya durante la mañana se preveía que el texto decayera, aunque en el Ejecutivo intentaban no dejar ver las prisas y la necesidad de dar la vuelta a este escenario que sí han evidenciado otras veces.
Centraron esfuerzos en destacar que han logrado aprobar la mayoría de iniciativas que se votaban, y en descargar toda la responsabilidad sobre el PP. No habían pedido su apoyo, como reconocían desde el Ejecutivo, y nada había pensar que, en un contexto de ofensiva total entre los dos grandes partidos, este camino fuera transitable.
Pese a ello, se afanaron por vender que Podemos sí explicó sus razones, a diferencia de los conservadores. Aseguraron que el PP ha optado por votar en contra de alguno de los decretos únicamente por desgastar al Gobierno. Que ha elegido la única norma que podía permitirse rechazar. Es exactamente la misma actitud que atribuían desde el socio minoritario al partido morado: haber buscado una norma que les permitiese servir como excusa para asestar un nuevo golpe.