El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó este viernes la publicación de los archivos relacionados con la investigación federal sobre Jeffrey Epstein, pero lo hizo sin cumplir el plazo fijado por la ley aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Donald Trump. La norma exigía la divulgación completa de los documentos no clasificados en un plazo de 30 días. Ese plazo vencía este viernes a medianoche. El Gobierno ha reconocido que solo una parte verá la luz por ahora en la fecha indicada y el resto irán publicándose a lo largo de las próximas dos semanas.
La decisión ha reactivado un conflicto político que lleva meses erosionando a la Casa Blanca y que afecta directamente al presidente, no por una acusación judicial, Trump no ha sido imputado en el caso, sino por las persistentes preguntas sobre su relación pasada con el financiero, acusado de tráfico sexual de menores y fallecido en prisión en 2019.
Según el fiscal general adjunto, Todd Blanche, el Departamento de Justicia ha publicado “varios cientos de miles de documentos” en una primera fase y prevé liberar otros tantos “en las próximas semanas”. El anuncio confirmó que el Ejecutivo no cumpliría de forma estricta con el mandato legal, algo que provocó una reacción inmediata en el Capitolio.
“El Congreso fue claro: todos los archivos debían publicarse en 30 días”, afirmó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, que acusó a la Administración de “romper la ley”. En la Cámara de Representantes, los demócratas Robert Garcia y Jamie Raskin anunciaron que estudian acciones legales, mientras que el republicano Thomas Massie, uno de los impulsores de la norma, se limitó a difundir el texto legal subrayando el plazo incumplido.
La ley, aprobada con apoyo abrumador de ambos partidos, contemplaba excepciones limitadas para proteger la identidad de las víctimas y cuestiones de seguridad nacional. Precisamente ese es el argumento esgrimido por el Departamento de Justicia para justificar la publicación parcial. La fiscal general, Pam Bondi, describió la difusión como una “primera fase” y aseguró que su departamento está actuando para evitar cualquier daño a las personas afectadas.
Según Blanche, durante la revisión de los documentos se identificaron más de 1.200 víctimas y familiares, cuyos nombres han sido eliminados o cuyos archivos se han retenido para impedir su identificación. Sin embargo, los críticos del Gobierno señalan que esas protecciones ya estaban previstas en la ley y no justifican el retraso generalizado.
La Casa Blanca ha defendido la actuación como una muestra de transparencia. En un comunicado, la portavoz Abigail Jackson afirmó que la Administración Trump “ha hecho más por las víctimas que cualquier otra” y acusó a dirigentes demócratas de haber mantenido contactos con Epstein después de su condena en 2008.
Más allá del pulso institucional, el interés público se concentra en la relación entre Trump y Epstein. Ambos compartieron durante años círculos sociales en Nueva York y Florida, y existen fotografías y testimonios que documentan su cercanía antes de que rompieran relaciones a mediados de los años 2000. Trump sostiene que se distanció tras considerar a Epstein un “individuo repugnante” y asegura haberlo expulsado de su club de Mar-a-Lago.
Investigaciones periodísticas recientes, sin embargo, describen una relación más estrecha de lo que el presidente reconoce. A ello se suman documentos obtenidos por el Comité de Supervisión de la Cámara, entre ellos una supuesta nota de cumpleaños enviada por Trump a Epstein en su 50 aniversario, con referencias a un “maravilloso secreto”. Trump ha negado su autoría y ha demandado al Wall Street Journal por informar sobre el documento.
Otros correos electrónicos del archivo de Epstein mencionan al actual presidente. En uno de 2019, Epstein escribió que Trump “sabía lo de las chicas”. En otro, afirmó que había pasado “horas” en su casa. Ninguno de estos elementos ha dado lugar a acusaciones formales, pero han alimentado un escrutinio político persistente.
Los archivos publicados incluyen informes internos, registros telefónicos, documentos financieros y resúmenes de declaraciones de testigos. Expertos legales subrayan que este tipo de material rara vez se hace público y que puede ofrecer una visión inédita del funcionamiento interno de las investigaciones federales. Sin embargo, muchos documentos están ampliamente censurados y el sistema de acceso no es plenamente operativo, pese a lo exigido por la ley.
Paralelamente, el Comité de Supervisión ha recibido más de 20.000 páginas de documentos del patrimonio de Epstein, que ha colaborado de forma más amplia que el propio Departamento de Justicia. Esa diferencia ha reforzado las críticas al Ejecutivo.
En los próximos días, el Departamento de Justicia promete nuevas publicaciones. Pero el incumplimiento del plazo ha dejado una huella política difícil de borrar. Para la oposición, confirma una estrategia de control del daño. Para parte de la base republicana, alimenta la sospecha de encubrimiento. Sin duda, la Casa Blanca mantiene abierto un frente incómodo en un caso que se resiste a desaparecer del debate público.