El Gobierno y los partidos políticos del Congreso de los Diputados aseguran tener prisa por regular la actividad de los grupos de interés. Lo hacen después de varios retrasos, para trabajar sobre un texto legal casi idéntico al que el Ejecutivo aprobó en primera vuelta en Consejo de Ministros en noviembre de 2022. El anteproyecto de ley que vio frustrada su tramitación por el adelanto electoral de 2023. Y que en septiembre de 2024 Pedro Sánchez prometió volver a impulsar, para dejar pasar cuatro meses (enero de 2025) hasta aprobarlo nuevamente en Consejo de Ministros. En el discurso en el que anunció su plan anticorrupción, el 9 de julio, repescó esta promesa por cumplir.
Distintas fuentes parlamentarias aseguran a Artículo14 que la previsión es redoblar esfuerzos para aprobar el proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés a partir de septiembre. Diputados de diversos partidos sostienen que la Comisión de Hacienda y Función Pública de la Cámara Baja priorizará esta norma a la vuelta de vacaciones, inmediatamente después de cerrar los últimos flecos del proyecto de ley de función pública de la administración general del Estado, que también le corresponde perfilar.
De hecho, aunque piden manejar estos cálculos con prudencia, creen que es técnicamente posible que la ley de lobbies se apruebe antes de 2026. “Puede estar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a finales de este año”, apuntan.
Estos parlamentarios desligan el acelerón del caso que afecta al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro (PP), imputado por sus supuestos beneficios normativos a empresas gasísticas. Aunque asumen que el contexto hace que esta ley se demuestre aún más necesaria, y empuja a desterrar cualquier excusa para aprobarla.
Ambas normas (función pública y ley lobbies) tuvieron como ponente al Ministerio de Transformación Digital de Óscar López, y fuentes socialistas reconocen que los últimos meses la primera de ellas ha centralizado buena parte de los esfuerzos, tanto en el Ministerio como en la Cámara Baja. “Transformación Digital quería sacar primero la de función pública”, apunta otro de los interlocutores consultados.
Desde que superó el debate de totalidad, el 25 de marzo, la norma sobre los grupos de interés se ha movido a cámara lenta. Los grupos han prorrogado hasta en 15 ocasiones los plazos para presentar enmiendas, una fórmula habitual para mantener las leyes al ralentí.
La norma servirá para imprimir una huella digital a los procedimientos legislativos impulsados en el seno de la administración general del Estado. Una minoría de comunidades autónomas ya tienen sus propias leyes en el mismo sentido, y la norma tiene vocación de que el resto puedan inspirarse en este texto, apunta un diputado.
La iniciativa servirá para crear un registro de lobbies obligatorio, público y gratuito. Impondrá restricciones a los altos cargos que quieran trabajar para estos grupos de interés en los años posteriores a su cese. Y obligará a que todos los proyectos normativos se acompañen de ese informe de huella legislativa, que detallará los contactos con grupos de interés que hayan podido influir en su redacción. Tendrá, además, un régimen sancionador. “El sector necesita y demanda esta norma”, aseguran fuentes socialistas.
Una promesa tardía de Sánchez a la que sólo se opone Vox
La ley de lobbies está incluida en el plan de acción por la democracia que el presidente anunció tras sus cinco días de reflexión (abril de 2024), que el Consejo de Ministros detalló algunos meses después, en septiembre. De las 31 recetas esbozadas, esta ley está entre las 10 medidas que el Ejecutivo considera parcialmente cumplidas, a las que se suman las cinco que ya ha llevado al BOE. También está incluida entre los compromisos del plan de recuperación, transformación y resiliencia.
La hemeroteca está llena de promesas del Ejecutivo a cuenta de esta normativa, que aún deberá esperar algunos meses antes de ver la luz. Salió del Consejo de Ministros el 28 de enero, un mes inhábil en el Parlamento. Dos meses después se celebró el debate de totalidad en el que se rechazó una única enmienda de Vox que pedía la devolución del texto al Gobierno. El PP se abstuvo.
La estrategia para acotar la actuación de los lobbies tiene dos patas: por un lado está el proyecto de ley, que afecta a la administración general del Estado. Por otro, la reforma del Reglamento del Congreso para extrapolar la misma filosofía a las relaciones entre sus señorías y los grupos de interés. Las dos modificaciones legales van de la mano. “Si se tramita esta ley, tiene sentido que también el Parlamento incorpore” una similar, apostillan fuentes socialistas.
La modificación que despliegan en la Cámara Baja pasó su primer filtro, el debate de toma en consideración, el 10 de junio. Nuevamente, el PP se abstuvo. Su portavoz en esta materia, la diputada Carmen Navarro, se mostró a favor de “abordar” este debate “en pro de la democracia”. Y, a la vez, rechazó respaldar la propuesta del PSOE, que a su parecer “no está legitimado” para abrir este melón. “No cumple las mínimas reglas éticas y morales”, espetó.
En los últimos años, los dos grandes partidos han presentado varias iniciativas para acotar las relaciones con los grupos de interés desde el Reglamento de la Cámara. Por distintos motivos, han acabado en saco roto. En mayo de 2021, en la anterior legislatura, el PSOE presentó una propuesta que nunca llegó a concretarse. En 2017, el PP había planteado una reforma similar que también quedó en agua de borrajas.
En paralelo, los diputados y senadores han desoído algunos de los imperativos que ya están en vigor. El Código de Conducta adoptado por las Cortes Generales en octubre de 2020 obliga a sus señorías a incluir en sus agendas parlamentarias las reuniones que mantengan con lobbies o grupos de interés, siempre que tengan “conexión directa” con su actividad en las Cámaras.
Según el informe de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes para 2022, el 93,2% de los diputados y el 94,4% de los senadores no informaban de estos encuentros. El documento del año 2023 no incluyó porcentajes, y el de 2024 seguía mostrando un panorama desolador: apenas un 13% de los diputados y un 24% de los senadores cumplieron con este mandato. A pesar de los escándalos.