El empresario Víctor de Aldama ha declarado este jueves como investigado en la Audiencia Nacional que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero utilizaba teléfonos seguros y que no le consta que se cobraran comisiones en Baleares por los contratos de mascarillas adjudicados a la presunta trama en la pandemia, al contrario que en Canarias, según ha precisado.
Sin embargo, fuentes jurídicas conocedoras del caso revelan a Artículo14 que el comisionista acusado en el caso Mascarillas ha declarado no saber si esos dispositivos seguros se los proporcionaba Rubén Villalba, el guardia civil que facilitó teléfonos desechables a la trama Koldo.
Cabe recordar que Zapatero fue citado a declarar como imputado el 2 de junio como “presunto líder de una trama de tráfico de influencias y blanqueo” en Plus Ultra en la causa que investiga la Audiencia Nacional a partir del rescate público de la aerolínea.
Así lo ha asegurado Aldama ante el juez Ismael Moreno, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, después de ser citado a declarar raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la presunta trama.
También ha afirmado que los supuestos pagos de 10.000 euros que le habría realizado a Koldo García, el que fue asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, no se circunscribían únicamente a los contratos de mascarillas, sino que también respondían a los presuntos amaños de obra pública.
Asimismo, el presunto conseguidor ha relatado que Koldo presumió delante de él de la relación que mantenía con la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.
La Fiscalía Anticorrupción había pedido la declaración de Koldo y Aldama después del informe de la UCO sobre Baleares, para seguir ahondando en las relaciones existentes entre los miembros de la presunta organización criminal que integrarían, entre otros investigados, Aldama, Koldo y del exministro Ábalos.
Dicho informe insistía en que los contratos de material sanitario, enmarcados en la pandemia del coronavirus, “constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo”, una relación que le permitía al empresario, según los investigadores, “tener acceso” al exministro.
Asimismo, señalaba que esta “relación económica” se mantuvo hasta ocho meses más tarde de que Ábalos y Koldo fueran cesados del Ministerio de Transportes en julio de 2021, por lo que “este patrón” de pagos de Aldama no se ceñiría “a actuaciones concretas” sino “al aseguramiento de su capacidad de influencia” para obtener “un lucro económico”.
Koldo no declaró
En un principio, el empresario estaba citado para el 14 de mayo junto con Koldo, ambos en calidad de investigados, pero Moreno trasladó la declaración de Aldama a esta semana, según una providencia, una vez “verificada la agenda de señalamientos” de la Audiencia Nacional.
Koldo se acogió a su derecho a no declarar, según anunció en declaraciones a los periodistas su abogada, Leticia de la Hoz, que presentó un recurso al magistrado que investiga el ‘caso Koldo’ para archivar la causa para él y suspender el interrogatorio, al entender que los hechos por los que se le iba a interrogar ya han sido juzgados en el Tribunal Supremo.
De la Hoz señaló que Koldo estaba llamado para declarar sobre mascarillas de Baleares y Canarias cuando “ya ha sido objeto de juicio en el Tribunal Supremo porque el fiscal y la acusación popular ya lo incorporaron en las conclusiones definitivas”. “Además, fue objeto de prueba, porque solicitamos la declaración de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres y, efectivamente, se llevó a cabo” en el juicio, explicó, en alusión a los expresidentes de esas islas.
El magistrado Moreno indaga en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen a la causa las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, y que parcialmente ha sido juzgada por el Supremo con Ábalos, Koldo y Aldama como acusados debido a la condición de diputado aforado que tenía el exministro cuando fue procesado.
Se trata de una causa en la que también investiga presuntos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados, una pieza que continúa bajo secreto de sumario.
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