El Gobierno y el PSOE alternan estos días las críticas y las advertencias al PP por sus pactos con Vox en Extremadura y Aragón, con expresiones discretas de sorpresa -y regocijo- por cómo los conservadores han generado una polémica que les sitúa bajo todos los focos. “Es demencial”, afirma un dirigente territorial, que recuerda que hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado la inclusión del concepto “prioridad nacional” en estos acuerdos. “La más ultra dice que son demasiado ultras”.
Con PP y Voz enzarzados en la batalla del relato sobre qué supone lo firmado en estos acuerdos, en el Gobierno y en el Partido Socialista ya hay voces que advierten de que supervisarán cómo se trasladan las palabras de estos documentos en instrucciones y actuaciones concretas. Y ya advierten de que recurrirán a los tribunales si las administraciones extremeña y aragonesa incumplen la ley, al materializar en hechos lo pactado.
El miércoles, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anticipó esta idea en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, pero sin explicar la letra pequeña. “Ya está el Gobierno de España para llevar a los tribunales todo lo que hagan ustedes que sea discriminatorio, contrario a la Constitución y al Derecho. No les vamos a pasar ni media: a los tribunales a pararlo”, enfatizó.
Desde el PSOE explican a Artículo14 que una de las vías de actuación más lógicas a seguir, si finalmente creen que estos ejecutivos incumplen las leyes, es exactamente la misma que ya adoptaron cuando distintas comunidades autónomas gestionadas por el PP rechazaron crear el registro de objetores de conciencia ante el aborto.
En octubre de 2025, el Ejecutivo planteó un requerimiento formal a las tres comunidades autónomas que se negaban a cumplir con la creación de este registro, obligada en base a una norma hoy en vigor -la ley orgánica sobre la salud sexual y reproductiva- . Y activó así una cuenta atrás de un mes para que los tres ejecutivos del PP respondieran.
De no hacerlo, el Gobierno habría dispuesto de un plazo de dos meses para presentar recurso contencioso-administrativo ante la Justicia, escalando así el conflicto. Finalmente, las administraciones autonómicas cedieron, como recuerdan los socialistas. Madrid había amagado con no hacerlo.
Desde que la semana pasada se divulgase el pacto PP-Vox en Extremadura, son muchas las voces del Gobierno que han desglosado en público los aspectos de este acuerdo que consideran más perniciosos. En privado tampoco pierden la ocasión de hacerlo: “Hará que Extremadura esté más aislada y empobrecida. Que no aproveche la energía renovable y discrimine entre personas”, interpreta un ministro.
Un segundo miembro del Ejecutivo resta importancia al contenido del pacto, porque afirma que “con o sin Vox”, “el PP viene a hacer lo mismo”. En la coalición PSOE-Sumar sí es unánime la voluntad de combatir estos pactos, y de exprimir todo el rédito político posible de este pulso.
Boicot de administraciones del PP en al menos tres comunidades autónomas
Si los pactos han copado titulares esta semana, contribuyendo a opacar otros frentes informativos -como el que emana de los juzgados-, la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular no se ha quedado atrás. Desde el lunes, decenas de miles de personas han solicitado acogerse a esta regularización, que también ha contado con la oposición del PP,
El partido conservador, que sí avaló tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) en el mismo sentido, hace apenas tres años años, no ha podido votar contra esta decisión del Ejecutivo, toda vez que Pedro Sánchez la ha impulsado a través de un real decreto no legislativo, sin pasar por la Cámara Baja. Pero la formación de Alberto Núñez Feijóo la ha combatido políticamente, como también ha hecho Vox.
El enfado es considerable entre los socialistas, que identifican ejemplos de supuesto boicot a la norma en Aragón, Comunidad Valenciana e Islas Baleares -básicamente, evitando agilizar los trámites administrativos-. Todas estas regiones tienen gobiernos del PP. Y en la cúpula de Ferraz asumen que hay “quien está intentando poner palos en las ruedas”. Como también creen que hay quienes “se están aprovechando de la situación vulnerable de estas personas para estafarles”.
La polémica “racista” con la regularización de presos
Por su parte, en Moncloa estallaron estos días contra los conservadores a raíz de otra de las derivadas de esta regularización: la alerta del PP ante el aviso a la población penitenciaria de que esta regularización está en marcha. “¿Qué interés tiene Pedro Sánchez en que se regularice en nuestro país a delincuentes? Es incomprensible que un Gobierno responsable tenga interés en que los presos reclusos que están en situación irregular se regularicen” cuestionó el martes la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.
En el Ejecutivo han incidido en que los presos que tienen antecedentes penales “no pueden” acogerse a la regularización, y en que son sólo los reos preventivos y sin condenas previas los que sí pueden reclamarlo. Aún así, recordaron que hay otros filtros para evaluar estas solicitudes, que se revisarán de forma individual. “Es una polémica interesada y racista”, un “debate trampa”, insistieron.
Y recordaron que en las anteriores regularizaciones también permitieron postularse a personas en prisión provisional. “La regularización ha comenzado. Y no va a haber marcha atrás. Que haya quien quiera torpedear el proceso es un incentivo más para dejarnos la piel en ayudar a estas personas”, zanjaron desde el PSOE.
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