“Interlocución absolutamente fluida y constante”, diálogo con “absoluta normalidad”, y “buenas relaciones con un país vecino”. El Gobierno vende las bondades de sus relaciones diplomáticas con Marruecos, y evita trasladar cualquier información sobre la incursión de buques de guerra de Rabat en aguas españolas coincidiendo con la crisis migratoria en Ceuta, entre el 30 y el 31 de julio.
Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha tildado de “puntual” esta incursión en varias ocasiones. Fueron días de “extraordinaria tensión”, y este “hecho puntual” se resolvió “con absoluta normalidad”, insistió Saiz.
Es la única respuesta que ha esgrimido ante las preguntas sobre por qué no se informó públicamente de estos hechos, que requirieron la movilización de dos fragatas españolas. No se hizo entonces, hace dos meses y medio, ni durante la comparecencia de Pedro Sánchez ante el pleno del Congreso de los Diputados el 3 de septiembre. El único punto del día de este pleno extraordinario era precisamente abordar la crisis en la ciudad autónoma.
El País informó el lunes de estos acontecimientos, que después confirmó el propio presidente del Gobierno en conversación informal con periodistas. En privado, fuentes del Ejecutivo detallan que en un espacio de las dimensiones del Estrecho de Gibraltar puede ser “habitual” que se produzcan incidentes de este tipo. No quieren vincular estos hechos con la entrada de 80.000 personas en situación irregular en territorio español, ni siquiera lejos de cámaras y micrófonos.
La irrupción de estos navíos en aguas españolas se conoció, además, en la víspera de la histórica visita de los Reyes a Ceuta. El anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, se trasladó por última vez a la ciudad autónoma en 2007. “Es un viaje histórico que se enmarca dentro de la más absoluta normalidad”, aseguró Saiz.
Europa Press informa de que la Casa Real estaba al tanto de estos hechos, si bien Zarzuela no ha precisado cuándo le fueron notificados al jefe del Estado. En Moncloa restan hierro al aviso, y deslizan que no hubo una comunicación concreta y de urgencia.
El Gobierno busca vías para responder a la decisión del Supremo sobre la ley de nietos
El lunes, además, se conoció la resolución del Tribunal Supremo, que mantiene la suspensión del voto a 163.000 descendientes de exiliados españoles nacionalizados en aplicación de la ley de memoria democrática -en concreto, de la disposición conocida como ley de nietos-.
Saiz ha asegurado que la situación es “de extraordinaria gravedad”, toda vez que el Alto Tribunal “restringe uno de los derechos fundamentales” recogidos en la Constitución. “En una democracia, el derecho a voto se garantiza, no se restringe”. Por estar en periodo electoral, y bajo la lupa de la Junta Electoral Central (JEC), evitó ir más allá en sus críticas.
Fuentes del Ejecutivo aseguran que aún están estudiando la resolución del Supremo, notificada en pleno festivo nacional, por si encuentran margen para rebatirla. Si bien ya señalan a los afectados como los únicos con capacidad de dar la batalla legal -vía Tribunal Constitucional- ante esta decisión, que les indigna.
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