El PSOE ha solicitado más tiempo al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez para poder aportar documentación relacionada con la contratación de abogados y consultores del partido entre 2021 y 2025, alegando que está esperando un pronunciamiento del Consejo General de la Abogacía Española acerca de si la información requerida afecta al secreto profesional.
En un escrito remitido al juez, el coordinador jurídico del partido, Alberto Cachinero, justifica que la petición realizada al Consejo General de la Abogacía Española “no persigue ni dilatar ni eludir el cumplimiento de lo acordado” por el tribunal.
La respuesta del PSOE llega después de que el instructor de la causa, Santiago Pedraz, diera el martes un plazo de 48 horas al partido para que le trasladara una serie de información relativa a la contratación, por parte de los socialistas, de abogados, despachos de abogados o consultores, al no haber recibido contestación en la primera ocasión.
Cachinero explica que el PSOE no ha podido trasladar al juzgado la documentación requerida porque “no está centralizada” y hay que recabarla “de muy distintos interlocutores, pues las distintas organizaciones territoriales del partido pueden efectuar este tipo de encargos que afectan a procedimientos y necesidades del propio territorio”. Aduce, además, que “estando en periodo electoral, y concentrada la actividad del partido en el desarrollo de la campaña en curso, la capacidad de respuesta inmediata se ve obviamente mermada y no depende exclusivamente de esta asesoría jurídica”.
Y arguye que la información solicitada “afecta a muchas personas distintas y ajenas al partido, cuyos concretos derechos e intereses pueden quedar lesionados si se conocieran públicamente los datos solicitados”.
Confidencialidad de abogado cliente
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ya avanzó hoy en declaraciones a la cadena SER que su partido ha comunicado al juez Pedraz que no han aportado aún los contratos con los abogados porque tienen que tener en cuenta el secreto profesional y la confidencialidad de abogado cliente y han consultado al Colegio de Abogados para no vulnerar este derecho.
Esta diligencia se enmarca en el caso Leire Díez, en el que Pedraz indaga en la existencia de una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que habría estado liderada por el exdirigente del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez.
Los investigadores indagan en si la actual gerente de PSOE, Ana María Fuentes, también imputada en la causa, habría falseado, bajo las directrices de la trama, dos notas de encargo profesional, una de ellas al despacho de abogados vinculado a Ismael Oliver, exabogado del exasesor ministerial Koldo García, y otra con Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán. Tanto Oliver como Teijelo están siendo investigados en este caso.
Una de las líneas de investigación que sigue Pedraz es si el PSOE utilizó las mercantiles de Oliver y el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías para canalizar los pagos a Leire Díez como contraprestación por los servicios prestados en el marco de la presunta trama.
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