La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de no admitir el recurso del Defensor del Pueblo contra las medidas cautelares del Tribunal Supremo (TS) mantiene la suspensión del voto a los nacionalizados por la Instrucción de Sofía Puente y todas las incógnitas sobre cómo llevarla a cabo. Por la premura de los plazos que impone el adelanto electoral al 29 de noviembre y la escasa colaboración y “sospechosa” falta de información que desde los consulados se atribuye a Exteriores. El Supremo recibe este jueves las alegaciones de los afectados y buscará la manera de que se ejecuten sus cautelares, pero diplomáticos, juristas y trabajadores de Correos contactados por Artículo14 advierten de un escenario inédito en España de “impugnaciones” tras los comicios, que “pueden estar coleando meses” y que pueden paralizar la investidura, como ya informó este medio, con el precedente de las elecciones presidenciales de 2000 en EEUU, en las que el Tribunal Supremo dio vencedor a Bush frente a Gore un mes más tarde y por sólo 547 votos.
Envío de las papeletas
A la espera de nuevos movimientos por el TS y la Junta Electoral Central (JEC), por la premura parece insalvable que todos los electores CERA, incluidos los nietos, vayan a recibir las papeletas que les pueden permitir votar. El censo estará cerrado desde este viernes 23 de octubre con el preceptivo del pasado 1 de agosto por no haber proporcionado Exteriores el listado expurgado, y va a ser al que la Oficina del Censo va a remitir desde el 24 y hasta el 30 de octubre el sobre con las papeletas y el certificado de que pueden votar.
Así lo han advertido ya la Oficina del Censo, que depende del INE, y la JEC. Esta última ha añadido la salvaguarda de que el envío se acompañará de un aviso que dice que habrá personas afectadas por la suspensión del voto dictada por el Supremo, aunque aún no se determine quiénes. La Abogacía del Estado fijó que son 163.020 personas aquellas cuyo derecho a voto está suspendido, tras sostener que era imposible de determinar, sobre un incremento del censo entre julio de 2023 y julio de 2026 de 408.262 personas.
Esto se puede aclarar si los consulados son capaces de depurar el censo, lo que en muchos casos parece que no va a poder ser posible, y en cuanto el elector pueda aportar un documento que acredite que se nacionalizó por alguno de los motivos que permitía originalmente la Ley de Memoria Democrática, ser hijos o nietos de exiliados “por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual”, pero no por la Instrucción posterior del Ministerio de Justicia que abrió la mano.
El papel crucial del consulado
Pero en todo caso, todos podrían votar o al menos remitir sus papeletas por correo al consulado o presentarse allí para votar en la urna. Y en principio sólo se podrá identificar al votante en el consulado, explica Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), a Artículo14. Ya que el procedimiento habitual es que el voto viaje a España inidentificado.
En el voto exterior por correo, los consulados reciben un gran sobre por correo certificado con el nombre del elector, que contiene un sobre grande con dos pequeños de Congreso y Senado y papeletas de los partidos, junto a un certificado del INE que dice que puede votar, con una fotocopia de su DNI y pasaporte. El sobre grande lo abre cada consulado, que comprueba con el DNI que esté en la lista del voto CERA. Si todo está en orden, los dos sobres pequeños con las papeletas, que no se abren, siguen su curso hacia Madrid por valija diplomática y sin identificación.
En el caso del voto exterior en urna, se da el mismo proceso tras acudir el elector a votar. Si la mesa acredita que no puede votar, en el voto por correo no habrá incidencias, pero cabe suponer que en el presencial pueden vivirse momentos desagradables, avisa Virella.
¿Podrán identificarse los votos en España?
Los únicos que van a identificar al votante van a ser los funcionarios de la mesa del Consulado, donde se levantan actas de si hay votos nulos y de incidencias. Sólo se podrá identificar al elector a posteriori si el Consulado toma notas o realiza envíos separados. Si no se separa o identifica allí, una impugnación podría llevar a anularlos todos.
Algunas fuentes consultadas trasladan que sí podrían identificarse en España a través de la certificación censal, que se podría cruzar con los electores que tienen su voto suspendido.
En el caso de que no haya un listado claro, el Supremo debería decidir entre anular todo el voto exterior o levantar las medidas cautelares y permitir un escrutinio total. Ambas opciones generarían la impugnación por parte del PSOE u otros partidos contrarios a la suspensión del derecho al sufragio, o por parte de Vox e Iustitia Europa, que fueron quienes recurrieron ante TS, o del PP, que ha enviado un burofax a Exteriores advirtiendo de que llevará al ministro José Manuel Albares y a la directora general de Asuntos Consulares a los tribunales si no cumplen con los requisitos exigidos.
Recursos individuales y ¿sorpresa del TC?
Los afectados tienen hasta este jueves para alegar que cumplen los requisitos de la ley. También pueden recurrir de forma individual en amparo al Tribunal Constitucional, como ya se viene preparando, pero éste no intervendrá hasta que el Supremo conteste a las alegaciones. Aunque desde el TC se ha trasladado que no se pronunciaría antes de las elecciones, no es descartable un nuevo movimiento del TC cuando el TS finalice con el trámite de alegaciones.
El presidente de ADE cree que “puede haber impugnaciones coleando meses”. El plazo de alegaciones finaliza este jueves y habrá que decidir en cada caso y no se sabe cuánto puede llevar ya que subraya que estamos en un “escenario inédito”.
Exteriores ha detallado que 38 consulados estarían avanzando, pero no que hayan finalizado la depuración del censo, y viene trasladando mensajes contradictorios sobre la imposibilidad de realizar la tarea o sobre que se va a cumplir.
“Muy sospechoso que Exteriores no aclare”
A Virella le parece “contrario a la lógica” que sea el representante de una asociación profesional quien tenga que explicar cómo es el voto exterior y quien aclare las cosas o desmienta bulos frente al “silencio y la falta de explicaciones” de los Ministerios de Exteriores y Justicia, del Gobierno, en suma. De hecho, Exteriores no ha dado instrucciones a los propios cónsules de los plazos, no se sabe si tenían hasta el 19 o el 22 o más allá para expurgar el censo y les llegan quejas de que el Ministerio no informa. Ve raro que no explique lo que es del interés de los ciudadanos.
Le parece “muy sospechoso que no se aclare la situación”, que se dijera en septiembre que se les iba a facilitar una herramienta informática en un plazo de dos a cinco semanas y que no haya llegado. Los consulados que intentan cumplir, algunos, en Argentina, como el de Rosario, decidieron ponerse a hacerlo por su cuenta, se anticiparon, pero cabía entender que tenían que esperar a que estuviera lista la citada herramienta que nunca ha llegado, tan sólo una “hoja de excel de andar por casa” y limitada al Ministerio.
Con medios, con refuerzos e información es mucho menos “imposible cumplir”, como ha dicho Exteriores, que sin ellos, señala.
En el caso de los funcionarios, además, Virella advierte de que se juegan su honorabilidad e incluso su integridad física, por lo que subraya que agradecerían mucho recibir instrucciones de Exteriores y esperan directrices de la Junta Electoral Central.
Argentina encabeza el censo
Fuentes conocedoras del voto exterior trasladan que el mayor número de electores CERA se encuentra en Argentina, con un censo cerrado a 1 de agosto de 2021 de 526.307 electores, y que algunos consulados como el de Buenos Aires tienen tantos que van a tener que emplearse a fondo.
Le sigue México, con 192.557, y en tercer lugar se sitúa Cuba, con 168.020. En este país advierten de que ha habido problemas en elecciones anteriores y que la capacidad de actuación de los consulados puede ser limitada. En comicios previos, Cuba estaba por delante de México en electores. Y a continuación, siguiendo la lista de los diez primeros, se sitúa Venezuela, con 130.363, seguido de Uruguay, con 73.702; Chile, con 70.136; Colombia, con 50.504; Ecuador, con 45.167; Perú, con 29.343, y República Dominicana con 27.465.
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