El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado la petición del presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, para viajar a Portugal al considerar que el investigado no ha alegado “ninguna circunstancia extraordinaria o excepcional que pudiese determinar la modificación o alteración” de la prohibición de salida del país que tiene impuesta.
Así consta en una providencia en la que el magistrado explica que las “razones profesionales” que alegó el empresario para realizar su petición son “genéricas” y no demuestran ningún motivo de “urgencia y/o necesidad” que justifique autorizarle a salir del país.
En concreto, el abogado de Aldama, el letrado José Antonio Choclán, pidió permiso para salir del territorio nacional “durante el día 8 de junio de 2025, por razones profesionales, siendo un desplazamiento de ida y vuelta en el día, sin pernocta”.
En el escrito la defensa alegó que no había razones para no autorizar su viaje. Incidió en que, desde que se acordó su libertad, había comparecido “puntualmente” en el Supremo y había estado “siempre” a disposición de las autoridades judiciales. También insistió en que no había “riesgo de fuga alguno” dado su “arraigo” al territorio español, así como hija, esposa y negocios en Madrid.
No es la primera vez que Aldama pide permiso al Supremo para salir de España. El pasado abril, el empresario solicitó autorización para viajar también a Portugal, pero en Semana Santa para acudir a un retiro en la Academia Hielo y Amor, donde se ofrecen inmersiones en hielo, meditación, respiración o ayuno. El magistrado no llegó a contestar a aquella petición, toda vez que Aldama desistió a los pocos días de su solicitud.
Tiene prohibido salir del país
Cabe recordar que Aldama tiene vigente las medidas cautelares que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en noviembre cuando acordó su salida de prisión en el marco de otro procedimiento en el que también se le investiga por un presunto fraude de IVA en hidrocarburos.
Es precisamente en esa otra causa en la que el juez Pedraz rastrea las cuentas bancarias de 27 empresas vinculadas a la presunta trama de fraude de hidrocarburos al sospechar que podrían haberse desviado al país vecino hasta 68,6 millones de euros.
En diciembre, el Supremo mantuvo dichas medidas: prohibición de salida del país y obligación de comparecer semanalmente ante los juzgados. Este miércoles, el magistrado instructor se ha ratificado en su decisión y ha denegado la petición del empresario para abandonar el terrotorio nacional.