El debate sobre las consecuencias electorales del incremento del censo electoral que lleva consigo la llamada Ley de Nietos se ha instalado en la política. Y en el bloque de la derecha apuntan a que el Gobierno trata de beneficiarse políticamente de las 2,5 millones de personas que en unas próximas elecciones generales podrán votar por ser descendientes de la guerra civil y del franquismo en arreglo a la Ley de Memoria Democrática.
Una ofensiva que hasta ahora capitaneaban Vox y el sector más duro del PP, liderado por Isabel Díaz Ayuso, llegando a denunciar un posible “pucherazo electoral”. “Quiere robar las próximas elecciones generales”, le dijo Santiago Abascal a Pedro Sánchez en el pleno de la pasada semana. Denuncian que el Gobierno tratará de manipular el resultado de las urnas incrementando el censo electoral.
Sin embargo, ahora es el propio Alberto Núñez Feijóo el que siembra la duda sobre este proceso de nacionalización, pero con una posición mucho más prudente que la de Santiago Abascal o la presidenta madrileña, de su propio partido. “Ingeniería electoral”, es lo que denuncia el líder gallego y sus portavoces de la dirección nacional. Un asunto de alta trascendencia para el PP y que se trató incluso en el comité de dirección de este lunes.
Hasta el sector más moderado del PP admite que que la ley de nietos “altera el censo de manera muy evidente” aunque pide medir bien los pasos y reclaman un consenso de Estado. “Hay una intencionalidad electoral evidente”, coincide otro presidente regional. El temor a una alteración del censo con fines electorales se palpa en distintos territorios.”Es una medida con consecuencias sobre el censo electoral sobre la que el Gobierno debería dar explicaciones”, aporta otro alto cargo. Cabe recordar que Feijóo ya planteó una ley de nietos a margen de la de memoria democrática, como este miércoles le recordaba en redes sociales Óscar Puente.
¿La vía judicial?
Así las cosas, Génova estudia si utilizar la vía judicial contra la Ley de Nietos aunque, de momento, tan solo piden al Gobierno un proceso transparente y garantista. “Estaremos muy vigilantes”, aseguran fuentes de la dirección nacional, de cara a que el Ejecutivo pruebe los antecedentes familiares que permiten acceder a la nacionalidad española. “Vamos a recopilar información y ya veremos”, explican en el entorno de Feijóo sobre la posibilidad de acudir a la Justicia o presentar recursos ante la Junta Electoral Central.
Un paso que ya ha dado Vox. Este martes, ya pidió al Ministerio del Interior que declare nula de pleno derecho la Instrucción y que se suspenda cautelarmente su aplicación para evitar que se sigan cursando los procedimientos administrativos para conceder la nacionalidad. Además, han presentado dos escritos, uno para auditar y suspender las inscripciones masivas en el censo exterior (CERA) y un segundo para que no se permita el voto por correo desde el extranjero.
Según cálculos de PP y Vox, Sánchez busca sumar 2,5 millones de electores, infiriendo así que todos votarían al PSOE en las urnas, en el caso de que decidieran ejercer el derecho a voto. Sin embargo, tal y como ocurrió en las pasadas elecciones generales, de los 2,3 millones de españoles residentes en el extranjero, tan solo votó un 10%, esto es 200.000 ciudadanos. Y, precisamente, ese voto CERA alteró un escaño el resultado: el PSOE lo perdió en detrimento del PP en la Comunidad de Madrid.
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